La Fundación Chilean Adoptees rechazó la clausura de la oficina técnica encargada de investigar las adopciones forzadas en Chile, la cual operó solo cuatro meses bajo el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

Por: Alberto San Martín

La Subsecretaría de Derechos Humanos decretó el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales (UBAFI).

El cese de funciones se firmó el 22 de junio, concretando el despido de su equipo técnico y dejando truncos proyectos clave como el Banco de Huellas Genéticas.

Desde Países Bajos, la agrupación Chilean Adoptees de adoptados ilegalmente en dictadura, denunció el impacto de la decisión al medio Interferencia. Inti Carmen Yáñez (nacida como Mirjam Hunze), representante de la fundación, afirmó que detener las indagaciones constituye una "gravísima vulneración a los derechos humanos" y exigió procesar penalmente a quienes se beneficiaron de la trata de niños.

Alerta por archivos en Europa y respuesta del Gobierno

La fundación también alertó que la institución neerlandesa Fiom pretende fragmentar y trasladar a un centro privado los archivos de adopción del caso "Las Palmas", rompiendo las garantías de unidad documental que el embajador chileno, Hernán Bascuñán, les había prometido. Actualmente, un recurso en tribunales chilenos busca que el expediente completo sea devuelto a Chile.

Ante las críticas, la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que las labores no se interrumpirán, sino que aseguraron que serían absorbidas por el gabinete ministerial con el apoyo de un nuevo especialista desde el 1 de julio, un argumento que no calma la inquietud de las familias afectadas.