La incorporación del "freno de deuda" en la Constitución fue una reacción al pánico durante la crisis de 2008. En ese momento, el gobierno de Angela Merkel calmó a los mercados con una promesa: Alemania nunca se endeudaría como otros países europeos. Así, la austeridad dejó de ser una política y se convirtió en mandato constitucional.
Por Edmundo Arlt - Corresponsal en Berlín
Se acaba de aprobar una reforma al "freno de deuda" --la regla fiscal constitucional-- que permitirá generar compromisos por €550 mil millones. Para defensa, se destinará el 1 % del PIB (aproximadamente €44 mil millones) durante diez años, descartando la posibilidad de crear un fondo especial adicional, como se había discutido inicialmente. Cabe recordar que el gobierno anterior ya había aprobado un fondo extraordinario de €100 mil millones para defensa. Con las enormes inversiones en rearme prometidas por la Unión Europea --que terminarán en gran parte en la industria armamentística alemana--, es probable que no sea necesario aumentar aún más el gasto. También se permitirá a los Estados federales endeudarse hasta un 0,35 % del PIB anual, lo que ronda los €15 mil millones. Para Estados como Baviera o Hamburgo, esto no representa más que migajas; en cambio, para los Estados del Este o para el empobrecido Bremen, implica una inyección crucial de recursos. Paralelamente, €500 mil millones se destinarán a infraestructura, es decir, a la renovación de la red ferroviaria, vial, educativa y a medidas contra el cambio climático. A esta última se dedicarán €100 mil millones, condición exigida por Los Verdes para apoyar la reforma y lograr la mayoría de dos tercios necesaria.
Varias preguntas quedan en el aire:
La nueva inyección de recursos para el rearme repite la lógica del fondo extraordinario anterior de €100 mil millones: no existe información clara sobre cómo se distribuirá el gasto. ¿Se destinará de forma equitativa entre las distintas ramas de las fuerzas armadas, al desarrollo de armamento, o al aumento de efectivos? Esta pregunta cobra especial relevancia considerando que, tras el giro político provocado por Trump, Alemania y Europa están apostando por producir su propio armamento para reducir su dependencia de Estados Unidos.
La incertidumbre se repite en el área de infraestructura. Más allá de los €100 mil millones asignados a combatir el cambio climático, no se sabe aún cómo ni a quién se canalizarán los recursos. Esto ha generado una avalancha de peticiones en la prensa: desde la empresa estatal Deutsche Bahn hasta la Cruz Roja, todas reclaman una parte del pastel.
La incorporación del "freno de deuda" en la Constitución fue una reacción al pánico durante la crisis de 2008. En ese momento, el gobierno de Angela Merkel calmó a los mercados con una promesa: Alemania nunca se endeudaría como otros países europeos. Así, la austeridad dejó de ser una política y se convirtió en mandato constitucional.
También puedes leer: De los objetivos, de la capacidad y las causas de la Guerra en Ucrania
Sorprende que, tras años de debates, nadie haya dicho abiertamente que este freno no es otra cosa que la institucionalización del dogma neoliberal, impidiendo cualquier salida keynesiana ante crisis capitalistas. Sin embargo, la porfiada realidad ha obligado incluso a la Unión -democratacristiana- (CDU/CSU), firme defensora del freno, a relajar la regla. Y no lo hizo de cualquier modo, sino con una artimaña: aprobar la reforma con la mayoría del parlamento saliente, apenas una semana antes de la entrada en funciones del nuevo.
La ironía es evidente: la misma Unión que hace un año llevó al Tribunal Constitucional la caída del presupuesto del gobierno actual por reasignar fondos sobrantes de la pandemia, ahora reforma la Constitución a último minuto para evitar negociar con el izquierdista Die Linke, partido cuyo apoyo era necesario para alcanzar la mayoría requerida. Esta maniobra ha tenido consecuencias: el 70 % de la población considera a Friedrich Merz poco confiable y las últimas tres encuestas muestran un empate técnico entre la CDU y la AfD de extrema derecha.
Fuente: wahlrecht.de/umfragen/
Llama la atención la pobreza del debate. No hay cifras claras sobre la inversión requerida para renovar la infraestructura ferroviaria, vial o educativa. Tampoco se discute si estamos ante un giro keynesiano que busca salir de la crisis mediante estímulos a la demanda agregada.
El único argumento que se repite es que el endeudamiento estatal va en contra de la "justicia intergeneracional", concepto surgido en el debate ambiental para señalar que las generaciones futuras no deben pagar los errores del presente. La derecha alemana ha adoptado este marco, evitando una defensa directa de la austeridad y lo utiliza para rechazar el endeudamiento. Ya no se esgrimen fundamentos económicos liberales, sino una versión diluida del discurso ecológico.
El debate es tan limitado que ni siquiera se han planteado con claridad la tasa de retorno esperada por las inversiones, ni cuánto costará si se postergan cinco o diez años. Por otro lado, la derecha, temerosa de defender la austeridad abiertamente, tampoco ha propuesto alternativas privatizadoras que liberen al Estado de la carga de inversión.
Una tesis que podría clarificar el panorama es que la economía de la Unión Europea ha estado funcionando por debajo de su potencial. Es decir, la falta de coordinación en las políticas económicas ha impedido un rendimiento pleno. Una Rusia agresiva, como amenaza externa, podría finalmente forzar esa coordinación, y con ello, vía el rearme, no sólo impulsar un mejor desempeño económico, sino también facilitar una salida a la crisis --especialmente en Alemania. Estamos ante una nueva situación de rearme, infraestructura y el ocaso de la austeridad.
Imagen: Tanque alemán Leopard 2A7 | Wikimedia