[resumen.cl] La entrega del Informe Anual 2020/21 de Amnistía Internacional enfatiza, en el caso chileno, en las deudas que mantienen los poderes del Estado para con la población. Modificaciones estructurales, falta de continuidad en las discusiones de parte del legislativo y el que casi ninguna de las recomendaciones dadas por el organismo al gobierno en funciones hayan sido acogidas forman parte del escenario.

Esta semana Amnistía Internacional dio a conocer su Informe Anual 2020/21 donde se sistematiza la situación de diferentes países desde la perspectiva de derechos humanos, siendo un insumo que contribuye no solo a la comprensión de los escenarios internacionales y locales, sino que también a visibilizar procesos de vulneración de derechos.

El informe en cuestión cuenta con un apartado por países, entre los cuales se encuentra Chile, donde se generó una sistematización de, a lo menos, seis ejes: Uso excesivo de la fuerza, represión de la disidencia, derecho a la salud, pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas migrantes.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, mencionó que «quienes protestaron se encontraron con oídos sordos, una tremenda represión y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías, lo que evidenció una enorme falta de liderazgo y humanidad por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera», refiriéndose al escenario post Estallido Social.

En la misma línea, la directora ejecutiva dio a conocer que, pese a que Amnistía Internacional entregó información sobre la situación del colapso de las y los trabajadores de la salud durante el primer año de la pandemia, «casi ninguna de las recomendaciones que hicimos en ese momento han sido acogidas, y preocupa ver que con el peak que vivimos actualmente, el personal de la salud está enfrentando situaciones similares».

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Por otro lado, el informe es claro al indicar que, «el gobierno hizo uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal«. Asimismo, «seguían pendientes de aplicación las recomendaciones formuladas por varias comisiones para la reforma de la policía que el gobierno y el Congreso habían creado en noviembre de 2019».

El escenario que existe en Chile, indica el informe, contempla una serie de deudas de parte de los poderes del Estado en materia de modificaciones estructurales, investigaciones profundizas y continuación de discusiones en ámbitos como los derechos de las disidencias sexuales y los derechos reproductivos y sexuales.

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