En el marco de la conmemoración del Estallido Social, Amnistía Internacional presentó un informe que expone nuevamente el uso excesivo de la fuerza y la vulneración a los Derechos Humanos por parte de Carabineros. El documento además busca establecer las responsabilidades penales individuales de los altos mandos de la institución por tolerar y promover estas prácticas abusivas.

Camila Fuentealba Ortiz

Durante una nueva conmemoración del Estallido Social, Amnistía Internacional entregó a Fiscalía Nacional un detallado informe que recopila antecedentes que evidencian y denuncian la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros en los graves crímenes cometidos durante las protestas iniciadas en octubre del 2019.

Además del informe, Amnistía Internacional, levantó un comunicado en el que se revela que han podido demostrar que, "los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza." Respecto a esto, lamentan que hasta la fecha ningún mando estratégico haya sido procesado.

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La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, expresó que el documento apunta a la importancia de que, "no solamente se lleve a la justicia a los autores materiales de cada una de las violaciones a los DDHH específicas, sino que también se indague la responsabilidad penal de los mandos."

En esta línea agregó que "los altos mandos de Carabineros sabían lo que estaba pasando y no tomaron medidas efectivas para detenerlos, sino que por el contrario incluso dieron señales que apuntaban a validar lo que estaba ocurriendo".

Consultada por los patrones en el uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros desde antes del Estallido Social y la urgencia en la reforma de dicha institución, Ana Piquer contestó que "desde Amnistía Chile veníamos hace mucho tiempo denunciando un uso excesivo de la fuerza". Por ejemplo, en 2016 emitieron el informe titulado «No sabía que existían dos justicias», en el que se apuntaba a la impunidad de la fuerza policial debido a que las causales eran vistas por la justicia militar.

En este sentido, Piquer detalló que en el mencionado informe se documentaron por ejemplo, graves golpizas y otras prácticas que se vieron durante la revuelta popular, como fueron los casos de trauma ocular.

Desde Amnistía Internacional enfatizaron en que, "ninguna de esas situaciones era nueva" acotando que dentro del contexto de las reivindicaciones del pueblo Mapuche, las protestas de Aysén y otras instancias ya se venían observando patrones de abusos por parte de la fuerza policial.

Ana Piquer concluyó que lo ocurrido en octubre del 2019 "no es que exactamente fuera algo nuevo, sino que el hecho de que hubo muchas más manifestaciones mucho más masivas en todo Chile, la cantidad de violaciones a los derechos humanos aumentó exponencialmente", argumentando con ello la importancia de una refundación y creación de una nueva policía.

Puedes revisar el informe completo haciendo clic acá.