[resumen.cl] Recientemente, los cuatro presos políticos mapuche en huelga de hambre respondieron al anuncio del Gobierno de pedir al Poder Judicial el cambio de la medida cautelar a la cual han sido sometidos, para terminar con su prisión preventiva, y de retirar la querella de infracción a la Ley Antiterrorista.

Alfredo Tralcal, Pablo Trangol y Benito Trangol, han resuelto deponer su huelga de hambre y, ahora, reciben atención médica destinada a restablecer su estado de salud. Por su parte, Ariel Trangol ha decidido continuar en huelga de hambre líquida, argumentando que no confía en las afirmaciones gubernamentales y que sólo la cesará cuando éstas se implementen.

En Concepción, miembros de organizaciones mapuche y chilenas se reunieron en el frontis de la Catedral que, luego de ser desocupada voluntariamente por quienes se la habían tomado, se manifestaron en apoyo a los huelguistas y llamaron a permanecer en estado de alerta, pues los anuncios del Gobierno aun no se implementan. En conversación con Resumen, Cristian Tralcal, vocero de los huelguistas, aseveró que no está definido cuando el Poder Judicial responderá a los requerimientos del Gobierno.

Este riesgoso y angustiante proceso ha constituido la única manera de visibilizar las arbitrariedades impuestas sobre estos cuatro comuneros, las cuales comenzaron el 9 de junio de 2016, cuando Carabineros hizo un control policial a la camioneta en que iban, en la región de la Araucanía. Luego de revisar los documentos proporcionados por Alfredo Tralcal, a los cuatro ocupantes se les comunicó que estaban detenidos por ser sospechosos de la quema de una iglesia. Desde ese momento están presos en la cárcel de Temuco, sin que hayan pruebas que respalden la acusación.

Según la Fiscalía, los autores de la ignición del inmueble religioso echaron combustible en sus bordes y luego hicieron disparos. Sin embargo, ni en los cuerpos, ni en las ropas de los imputados se han encontrado trazas de combustible o de pólvora. Tampoco se han encontrado restos de estos compuestos en la camioneta, la cual fue incautada. De este modo, sin pruebas y sin ningún indicio que sustente la acusación de la Fiscalía, estos comuneros han pasado más de un año en la cárcel, bajo la figura de prisión preventiva.

Al punto de concentración, en el centro penquista, también concurrieron trabajadores de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), a cargo de una obra en la cárcel El Manzano. Ellos, quienes han sostenido un proceso de movilizaciones de varias semanas, denunciaron a la empresa de haber despedido a más de 200 obreros en medio de una negociación colectiva. Ante esta medida, los trabajadores se tomaron las faenas y, un grupo de ellos, se instaló en la parte más alta de una grúa. Como fueron desalojados por Carabineros quienes impiden el ingreso al recinto, los obreros subidos a la grúa han quedado sin la asistencia de sus compañeros, sin aprovisionamiento de alimentos ni líquido.