Sueldos y cotizaciones sin pagar son parte de las irregularidades que trabajadoras y trabajadores de la Escuela Enrique Molina de Hualpén han denunciado en medio de una serie de movilizaciones que se están realizando por parte de la comunidad educativa. Entre las exigencias, han planteado la intervención de la Superintendencia de Educación y la designación de un nuevo administrador a partir del «abandono de obligaciones de la sostenedora con la educación de niños y niñas».

Por J. Arroyo Olea

Esta semana las y los profesores de la Escuela Enrique Molina Garmendia, ubicada en la comuna de Hualpén, iniciaron una movilización ante lo que han acusado como el «abandono de obligaciones de la sostenedora [María Olivia Petit] con la educación de niños y niñas».

A través de un comunicado público, las y los docentes señalaron una serie de irregularidades que empujó a la comunidad educativa a movilizarse este miércoles y jueves. A modo de ejemplo, explican que «en diciembre de 2021, la nuera de la sostenedora ganó una demanda millonaria y los profesores perdieron su sueldo y cotizaciones, promoviendo el movimiento de platas entre familiares y el lucro».

Asimismo, las y los trabajadores plantearon que durante enero, febrero y marzo de 2022 «se presentaron demandas similares donde los trabajadores quedaron sin sueldos ni pago de cotizaciones». Por otro lado, en febrero de 2023, señalan en su comunicado, «la sostenedora se quedaba con 1.6 millones de pesos y en marzo de 2023 cerca de 2 millones de pesos, mientras que los trabajadores no recibían sus pagos. Por último, se señala que «las platas SEP destinadas a materiales no fueron utilizadas para ese propósito y se instaba a realizar actividades autogestionadas para cubrir esos costos».

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Por el abandono de obligaciones, denunciado por el profesorado, no solo apuntan a la sostenedora de la escuela, sino que también al entramado institucional como la Superintendencia de Educación y Seremi de Educación «por no cumplir con su deber de fiscalización y regulación de las instituciones educativas del país, permitiendo la perpetuación de prácticas abusivas».

Como antecedente, en marzo de 2012 los medios informaron de un triunfo judicial por parte de una docente del establecimiento, debido a cotizaciones y remuneraciones impagas, comprobándose la falsificación de la firma de la profesora.

Entre las exigencias planteadas, está la designación por parte del encargado regional de la Superintendencia de Educación de un nuevo administrador del establecimiento, el cual ocupe el puesto de forma provisional, y se instale un espacio de diálogo con la comunidad educativa «para resolver un problema estructural de nuestra educación, a fin de asegurar el derecho a la educación de calidad y a las condiciones de trabajo dignas para todos y todas».

De no recibir respuestas concretas a sus exigencias, las y los docentes no descartan una profundización de la movilización.