Luego de décadas de movilizaciones y gestiones durante los sucesivos gobiernos civiles, los y las profesoras afectadas por la denominada Deuda Histórica recibieron una propuesta inicial de reparación y la aceptaron en una votación entre el lunes y martes de esta semana. Ahora, el Gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley con las condiciones establecidas para que se inicie el trámite legislativo.

Aniceto Hevia

La llamada Deuda Histórica se originó luego de la obtención de asignaciones salariales por parte de las y los trabajadores públicos, establecidas en el Decreto Ley 3.551 publicado el 2 de enero de 1981. Esta entrega venía a reparar relativamente la pérdida de poder adquisitivo sufrido por estos gremios luego del Golpe de Estado de 1973. Su artículo 40 consigna que «el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública» recibiría una asignación especial no imponible, equivalente al 90% (para docentes titulados) o 50% (para quienes no contaban con certificación) sobre el sueldo base y las asignaciones que percibían hasta entonces. Sin embargo, las y los docentes de la época nunca recibieron este emolumento, luego que al municipalizarse la enseñanza básica y media dejaron de tener al Ministerio de Educación como empleador, siendo absorbidos por municipios que se rehusaron a cancelarlo.

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El 11 de octubre de 1973 se promulgó el Decreto que suspendía el pago de cuotas sindicales por planilla al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, dejando desfinanciada la organización que aglutinaba la totalidad del profesorado de la educación pública hasta ese momento. Luego, el 11 de diciembre de 1975 se le canceló su personalidad jurídica, extinguiéndolo definitivamente. En este escenario las y los docentes buscaron reagruparse en una organización autónoma, articulando ya en 1979 una coordinadora en la provincia de Concepción y entidades similares en otras zonas del país hasta lograr la conformación de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) el 27 de noviembre de 1981.

Fotografía de Colegio de Profesoras y Profesores.

Las condiciones para desarrollar proyectos sindicales eran absolutamente adversas. En tal época, crecía la cantidad de profesoras y profesores exonerados, es decir, echados de sus trabajos por pertenecer a organizaciones opositoras a la Dictadura o haber participado en acciones de denuncia. El reintegro de quienes sufrieron esta arbitrariedad era una de las principales demandas del profesorado y, en este contexto, el pago de las asignaciones por los municipios se colocaba como una nueva demanda de esta reciente organización.

Cuando la Dictadura se hizo insostenible gracias a la presión popular, el profesorado comenzó a bregar por la cancelación de esta deuda con nuevos bríos. Ante el desconocimiento de su existencia o la burocratización de su reconocimiento por los sucesivos gobiernos, docentes concurrieron incluso a organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en un informe y una sentencia, respectivamente, reconocieron la existencia de esta Deuda y establecieron la necesidad de que fuese reparada y cancelada.

De acuerdo al presidente del Colegio de Profesoras y Profesores (CP), Mario Aguilar, ya han fallecido unos veinte mil docentes sin recibir el pago de esta asignación adeudada. Quienes tienen menos edad, rondan los 66 o 67 años. En este contexto, la propuesta de reparación, consistente en un bono de 4,5 millones de pesos por docente, fue aceptada. Para su cancelación, en dos cuotas, se establecieron seis grupos etarios con fechas diferidas de pago:

– Docentes con 81 años o más: se pagaría en octubre 2025 y enero 2026.
– Docentes con 78 a 80 años: se pagaría en octubre 2026 y enero 2027.
– Docentes con 76 a 77 años: se pagaría en octubre 2027 y enero 2028.
– Docentes con 74 a 75 años: se pagaría en octubre 2028 y enero 2029.
– Docentes con 72 a 73 años: se pagaría en octubre 2029 y enero 2030.
– Docentes con 71 años o menos: se pagaría en octubre 2030 y enero 2031.

De 57.049 docentes habilitados para votar en la consulta nacional, participaron 27.211 (47,69%). El 82,04% estuvo de acuerdo con la propuesta, mientras que el 17,76% la rechazó.

Olimpia Riveros, una de las fundadoras de la AGECH y posterior dirigenta del CP, planteó que todo el trabajo que implicó el reconocimiento de esta Deuda representó diversos costos, incluso económicos en múltiples abogados, notarías y empresas, para elaborar la base de datos que actualmente se utiliza. Esta propuesta, según reconoce, «no es el pago de la Deuda Histórica, es una simple reparación… pero es una propuesta concreta y va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de un número de docentes que, no es el total ni es lo que hubiéramos querido antes, pero es lo que tenemos». Desde este momento, señala, comienza una nueva batalla en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado.

Recientemente, se estrenó en Concepción La Deuda, una película del director Juan Carlos Mege, que busca visibilizar los diversos perjuicios de la Deuda Histórica en docentes y la urgencia que tiene su reparación, marcada por el empobrecimiento sufrido por millares de docentes, agravado por la imposición del sistema de AFP.