En relación al llamado "Caso UdeC" que mantiene a 12 jóvenes con medidas cautelares, siendo seis de ellos menores de edad, por consecuencia de la querella presentada por la Universidad de Concepción y la Delegación Presidencial del Biobío -ex Intendencia-, y ante el juicio a iniciarse el 23 de noviembre del presente año, las y los exestudiantes firmantes suscribimos que:

1. Los hechos referidos y que hoy son parte de la investigación llevada por el Ministerio Público, buscando responsabilizar a 12 jóvenes por destrozos en el sector patrimonial de la Universidad, se dan en contexto de Estallido Social producto de un profundo cuestionamiento a la institucionalidad vigente, entre otras cosas, por una sistemática vulneración a derechos de la población. El Gobierno ha orientado sus esfuerzos en la criminalización de la protesta e identificación de manifestantes a través de seguimientos y pruebas cuestionables desde antes, pero con mayor dureza desde octubre de 2019. Hoy la Universidad de Concepción como querellante, lamentablemente se hace parte de la política del Gobierno

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2. El carácter de la denuncia deja entrever la noción de justicia de los querellantes, quienes ven en la privación de libertades de los 12 jóvenes, un medio para la restitución de una imagen institucional por los perjuicios cometidos. Las altas penas que arriesgan no serían más que la constatación del desigual acceso a la justicia en nuestro país y la corta mirada de las autoridades. Instamos a replantear el enfoque y considerar el castigo ya recibido por los jóvenes, sumando más de un año con privaciones de libertad: prisión preventiva, arresto domiciliario y permanencia en recintos del SENAME en el caso de los menores de edad, con el estigma y consecuencias que ya traerán a su futuro, así como lo ha arrastrado la prisión política en la historia reciente de Chile.

3. La conducta institucional de la Universidad de Concepción en este caso, no se condice con sus principios fundantes, su misión y valores, en donde la formación de personas con responsabilidad social y sentido crítico pasan a segundo plano ante el resguardo de la propiedad. Pensamos, por el contrario, que la UdeC está llamada a abordar el caso desde una perspectiva amplia e innovadora, abogando por una solución integral, en conjunto con las familias y la comunidad, poniendo énfasis en su quehacer universitario: la formación integral y pluralista de personas.

4. Nos sumamos a la exigencia de familiares y la red de apoyo a los 12 jóvenes al Directorio de la Corporación y la rectoría encabezada por Carlos Saavedra Rubilar, emplazándoles a hacer retiro de la querella y establecer una reunión con las familias en cuestión tras el compromiso asumido por la propia institución, con el fin de acercar posiciones y buscar colectivamente soluciones políticas a la situación.

Hoy vemos con preocupación cómo la institución que nos acompañó en nuestra formación como trabajadoras y trabajadores deja pasar una oportunidad única de ser parte de la transformación del país, prefiriendo desmarcarse bajo un alero conservador. Ante eso, queda pronunciarnos y evidenciar la necesidad comunitaria de que la UdeC no se desentienda de sus imperativos éticos, ni de las personas que forman, formaron y formarán parte de ella.

Si quieres firmar la declaración como exestudiante, hazlo en el siguiente enlace: ¡Arriba, de pie!: Carta de exestudiantes sobre el "Caso UdeC"