En octubre de 2024, Chile firmó los acuerdos Artemis con la NASA, sumándose a la exploración espacial con un marco que incluye la posible extracción de recursos espaciales. El documento establece principios para operaciones en la Luna, Marte y asteroides, incluyendo eventuales actividades extractivas que deberían transparentarse a la población.

«Para ir a la luna». «Chile en la carrera espacial». Esas fueron las caracterizaciones que en octubre de 2024 diversos medios -como también propias instituciones del Gobierno- adoptaron para abordar Artemis, los acuerdos que la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, firmó con la NASA en Estados Unidos.

En nueve páginas, los acuerdos (disponibles acá) establecen «principios para la cooperación en la exploración y utilización civiles de la luna, marte, cometas y asteroides con fines pacíficos» establecidos en trece secciones. En concreto, el documento establece que «se pretende que los principios dispuestos en estos Acuerdos sean aplicables a las actividades espaciales civiles realizadas por las entidades espaciales civiles de cada Signatario. Estas actividades pueden realizarse en la Luna, Marte, cometas y asteroides, incluidas sus superficies y subsuperficies, así como también en la órbita de la Luna o de Marte, en los puntos Lagrangianos del sistema Tierra-Luna, y en tránsito entre estos cuerpos celestes y ubicaciones», generándose un marco de referencia de diversas actividades que pueden amparar los acuerdos firmados en Washington.

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Sin embargo, un punto que no ha sido profundizado guarda relación con la sección de recursos espaciales. Casi como homologación de lo que ocurre en Chile, el propio Ministerio de Ciencias explica en una nota de prensa que «una parte importante de la minería chilena funciona en condiciones extremas, que pueden ser similares a las que esta misión encuentre en el espacio. Ese conocimiento ya ha sido requerido por la NASA y será de alto valor para Artemis».

Artemis y los «recursos espaciales»

Los Acuerdos de Artemis son explícitos en plantear que es posible encontrar, en misiones fuera del planeta, recursos que «puede beneficiar a la humanidad al brindar un respaldo fundamental para operaciones».

En esta línea, el documento suscrito por Chile -del cual el Gobierno solicitó ser incluido en 2023- establece que los países «ponen de relieve que la extracción y la utilización de recursos espaciales (incluida toda recuperación de las superficies o subsuperficies de la Luna, Marte, cometas o asteroides) deberían realizarse de modo tal que cumplan con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y en apoyo de actividades espaciales seguras y sostenibles».

Por otro lado, en teoría, los acuerdos plantean que los países involucrados deberán informar a la Secretaría General de Naciones Unidas y al público internacional «sobre sus actividades de extracción de recursos espaciales», estableciéndose necesariamente mecanismos de transparencia respecto a las actividades extractivas que se realicen.

Sin embargo, el paraguas es amplio respecto a lo que se puede y no hacer en el proceso de extracción y utilización de «recursos espaciales», sobre los cuales eventualmente se pueden generar disputas políticas en base a una interpretación de los acuerdos.