Varias son las voces que se han manifestado con RESUMEN luego de la denuncia del crimen ambiental que destruyó dos conocidas playas en la Península de Tumbes. Esta vez, desde la Asamblea Ambiental de la comuna se manifestaron con molestia y preocupación.

Por Christopher Cortez

Hace algunos días se conoció la denuncia de vecinos y vecinas -conceptualizada como «Caso Tumbes» o «Caso Playas»- luego de la destrucción de las playas Los Lirios y El Ensueño, ubicadas en la Península de Tumbes, por la directa acción del empresariado -inicialmente por Maquinarias Solar y Cía Ltda. y seguido por Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda.- tras casi 15 años de explotación del lugar, interviniendo el ecosistema y dañando, incluso, a quienes realizaban allí una antigua actividad económica.

El proyecto, que fue aprobado en 2006, "implicó una gran deforestación del bosque existente en la Península, la cual sabemos aún mantiene varios baches de bosque nativo, y presenta árboles endémicos catalogados en peligro, como es el caso del Queule, que tiene prohibida su tala", aseguran desde la Asamblea, sosteniendo que no tienen claridad respecto al cumplimiento de estas normas.

"Como Asamblea Ambiental de Talcahuano, que es un espacio donde convergen muchas organizaciones socioambientales y territoriales, además de individualidades de la comuna, vemos con profunda molestia y preocupación la destrucción, explotación y contaminación del territorio a manos de intereses privados", añaden. Además, acusan que se trataría de una familia con mucho poder en Tumbes.

Por otro lado, mencionan que las labores, que terminaron por dinamitar por completo las playas Los Lirios y El Ensueño, también han traído consecuencias para la zona urbana, puesto que hay "alta frecuencia de camiones de alto tonelaje, altos niveles de contaminación acústica por ruidos molestos a causa de las tronaduras y contaminación por la emisión de polvo en suspensión y el arrastre de sedimentos al área costera", indican.

Puedes leer| Caso Tumbes: Documentos demostrarían responsabilidad administrativa de la Armada en destrucción de playas

Pobladores y pobladoras del sector se han dado cuenta de lo que ha significado la presencia de la Armada en dicha área costera. Ante esto, un vecino cuya identidad prefiere guardar, expresó a RESUMEN que "a esa playa los "viejos" la llamaban con el nombre de un Almirante. Era prácticamente privada de ellos. Era sabido por todos que no se podía entrar. Si te veían, te echaban. La gente no podía hacer ni recolección de algas en el sector, nada, salían hasta con armas", asegura.

Respecto al territorio, plantea que "la mina se extiende desde esa playa hacia el sur y llega casi a Cerro Alegre, que era una caleta de pescadores igual", agregando que para la dictadura las y los habitantes del territorio fueron despojados. "Esa gente tuvo que venir a Tumbes, aunque mucha ya murió. Mi abuela vivió en Cerro Alegre y fue una de las que se vino".

Finalmente, desde la Asamblea Ambiental apuntan a diversos temas legales que el titular de las obras no estaría cumpliendo. "Según la declaración de impacto ambiental, el proyecto tiene una vida útil de 10 años, pero, aún así, ha mantenido sus operaciones, por lo que estaría desarrollándose desde el 2016 fuera de toda legalidad", comentan. Sumado a esto, creen que "todo indica el no cumplimiento de varias medidas de mitigación que prometió el titular. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con las medidas para evitar el arrastre de sedimentos al mar, e inclusive la iniciación de la ejecución del proyecto antes de ser aprobado".

En general, desde la población ven con desdén la destrucción total del suelo y el no saber cuánta es la dimensión real del daño ecológico en el ecosistema. Así también, mantienen el pesar por el valor histórico de las playas, del cual han debido desprenderse a la fuerza.