¡Por una planificación urbana desde los territorios y para el Buen Vivir; ¡¡NO al PRMC y su 11ª modificación!!

Ha sido ingresada al Consejo Regional del Biobío la 11ª modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), para ser votada antes del 6 de agosto. En vista de ello, las organizaciones socioambientales y territoriales abajo suscritas, a partir del conocimiento que hemos construido y compartido sobre este plan y los efectos de la mala planificación en nuestras vidas y territorios, comunicamos a la comunidad, a sus organizaciones, y al conjunto de la sociedad civil, nuestra profunda crítica a este instrumento de planificación territorial y su undécima modificación. No necesitamos más parches sino un cambio de paradigma en cómo concebimos y habitamos las ciudades, con una planificación participativa, integral y con profundas bases sociales y ecológicas, que nos ayude a dejar atrás el urbanismo neoliberal y la destrucción extractivista.}

Más allá de las evidentes limitaciones que tiene la normativa urbana, hemos constatado reiteradamente que los planes reguladores operan como verdaderas constituciones autoritarias del territorio, que junto a otras leyes permiten que el Estado y los privados dispongan a su antojo del territorio, a costa de sus habitantes y los ecosistemas que aún resisten al extractivismo, la destrucción inmobiliaria, el mal vivir urbano y las zonas de sacrificio.

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Estacamos cinco razones que justifican por sí solas el rechazo a este plan:

1. El actual PRMC ha promovido una expansión urbana desmesurada y desequilibrada de los territorios pencopolitanos, copiando el modelo de Santiago que consume mucho suelo, privatiza las infraestructuras, encarece los servicios, y aumenta los tiempos de traslado. Esta 11ª modificación insiste en lo mismo, proyectando que nuestra ciudad triplique su actual área urbana consolidada a cerca de 60 mil hectáreas (consideren que Santiago tiene unas 85 mil hectáreas urbanizadas), sobre todo mediante la expansión sobre los cerros de la Cordillera de la Costa y Nahuelbuta, sobre la Península de Tumbes, sobre los humedales de Coronel y Talcahuano, y sobre las riberas del noble río Andalién. Además de avasallar nuestra historia y geografía única, este tipo de crecimiento favorece la segregación urbana, mediante la expulsión de los más pobres hacia nuevos guetos periféricos de vivienda social, y la proliferación de condominios y nuevas poblaciones en torno a poblados tradicionales, que liquidan la identidad y cultura local. Esta planificación también permite en muchos territorios rurales la subdivisión predial de media hectárea o incluso menos (2.500 m2), que en el caso de Santiago en la práctica se traduce en una expansión urbana sin límites, sin servicios públicos, y sin adecuada gobernanza, que a la vez presiona por más vialidad y más crecimiento urbano. Esa expansión se da al mismo tiempo en que en Concepción proliferan torres en altura que destruyen los barrios y generan nuevos problemas, sin resolver el déficit habitacional ni los altos precios de las viviendas.

2. El actual PRMC consolida las zonas de sacrificio industrial en Coronel, Talcahuano y Hualpén, que contaminan el aire, el suelo y el mar, y ponen en riesgo la salud de la población. Esta 11ª modificación ratifica eso, y aunque reduce en algo la intensidad de uso industrial, no enfrenta el problema de fondo. Incluso propone nuevas zonas industriales en Penco, precisamente donde se pretende instalar la nefasta minera Biolantánidos. Asimismo, toda la vialidad estructurante, como el Puente Industrial y la Ruta Pie de Monte, está diseñada para el transporte de carga de la industria extractivista (madera, celulosa, productos químicos, pesca) y no para las necesidades de una ciudad que ya tiene colapsado su sistema vial por el propio mal crecimiento urbano y del parque automotriz. El PRMC sigue dejando fuera de la planificación a la comuna de Florida, que alberga el mayor relleno sanitario del sur de Chile, así como otras zonas urbanas del sistema de ciudades de la región.

3. El PRMC actual condena a la fragmentación y destrucción de algunos de los principales ecosistemas que aún existen en la provincia. Aunque esta 11ª modificación establece algunos nuevos parques intercomunales, también promueve la destrucción del gran humedal Calabozo en Coronel para suelo habitacional y la destrucción de gran parte del gran sistema de humedales marisma Rocuant-Andalién, desconociendo como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, viabilizando además el proyecto de Plataforma Logística; promueve la destrucción de parte significativa del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén por proyectos inmobiliarios; no reconoce ni promueve la horticultura urbana hoy amenazada, no reconoce el valor del bosque de Queules en torno al estero Penco; desafecta grandes Zonas de Valor Natural como en Lota o en torno al Lago Nonguén y el humedal Price; y permite la urbanización de gran parte del Cerro Caracol hasta el límite con el Parque Nacional Nonguén. Por otra parte, este instrumento no ayuda a conectar los ecosistemas y áreas protegidas, ni se articula con políticas de regeneración ecológica, y mantiene así gran parte de las zonas rurales como monocultivo forestal, sin considerar ni la profundidad de la actual crisis climática ni la importancia que va ganando la restauración de ecosistemas.

4. Nunca se ha desarrollado un proceso verdaderamente participativo educativo e informado de planificación urbana. La actual modificación contó con la participación de cerca de 8 personas del mundo social organizado en sus etapas de elaboración. La consulta que se realizó en la etapa de aprobación contó con cientos de observaciones ciudadanas que no fueron acogidas en los planteamientos esenciales, y el plan que sale de ese proceso es casi el mismo que el original. No hubo ningún tipo de consulta indígena ni participación de los pueblos Mapuche y Lafkenche. No se reconoce ni consulta a las organizaciones y movimientos sociales que desde el feminismo, el ambientalismo, y las y los pobladores construyen la ciudad. No hay democratización real sin democratizar la ciudad y el territorio. Si hablamos de derecho a la ciudad ¡no hay planificación sin participación!

5. A partir de la resistencia al extractivismo que atraviesa la región, de la lucha por la defensa de los ecosistemas y el derecho a la ciudad, y más recientemente de la rebelión social y ciudadana, ha emergido una nueva visión de cómo podrían ser nuestras ciudades y territorios. Comienza a esbozarse una contrapropuesta urbana que demanda frenar y revertir el daño causado por el desarrollo neoliberal, y que enfatiza los siguientes ejes:
a) una ciudad más compacta con alturas a escala humana y estructurada en torno a su patrimonio cultural, histórico y natural, que limita la extensión urbana y respeta los pueblos e identidades locales, propiciando una densificación gradual y equilibrada de sus barrios y centros urbanos a escala humana, sanando la segregación que degrada la vida social, y orientada a los espacios públicos y comunes para el buen vivir de quienes aquí habitamos;
b) con una red de parques y áreas verdes en su interior, que a partir de sus áreas protegidas se vuelca a la recuperación ambiental y como espacios públicos privilegiados los bordes de ríos, lagos y playas; que reconoce y respeta el agua como gran elemento de identidad y cuidado de la vida; que respeta el derecho al sol, a la luz, y a la vida, y genera su propia energía de manera sustentable, y se inserta además en un gran cinturón verde de corredores de infraestructura ecológica, áreas de conservación y regeneración natural y agrícola campesina y comunitaria para la soberanía alimentaria;
c) que reduce significativamente su superficie de industria pesada, recuperando ambientalmente los territorios degradados y estigmatizados por zonas de sacrificio, y revalorizando su patrimonio industrial para otras actividades, propias de una economía creativa, circular y equitativa, como el turismo, la innovación tecnológica, y las artes, la educación y la cultura;
d) donde se privilegia una movilidad integrada y sustentable, que regula el uso del automóvil y promueve soluciones colectivas y no contaminantes, privilegiando nuevas formas de transporte público, que valoricen lo peatonal, la bicicleta, el tranvía, el biotrén, el tren de carga y pasajeros, los buses de acercamiento, y el cabotaje marítimo;
e) ante todo, un territorio metropolitano que incorpora a su gobernanza y planificación la lucha contra la desigualdad y promueve la integración social, fomenta la participación activa y vinculante de la ciudadanía, reconoce a los pueblos originarios, los movimientos sociales, y combate la violencia, el patriarcado y la injusticia ambiental, un hábitat urbano del cual estemos agradecidos y podamos heredar con cariño a las nuevas generaciones. Por estas y otras razones llamamos a las agrupaciones sociales, territoriales y ambientales, a las redes y medios comunitarios y alternativos a declararse en estado de alerta, articulación, y resistencia ante la inminente aprobación de la 11ª modificación del PRMC.

Tenemos hoy la oportunidad histórica de reorientar el rumbo de la conurbación Pencopolitana por lo que demandamos el rechazo al PRMC por parte del Consejo Regional del Bio Bio, y la iniciativa de lanzar con urgencia un nuevo proceso, centrado en la toma de decisiones de las comunidades, barrios y habitantes, que culmine en un plan totalmente nuevo, en concordancia con el clamor de los territorios y de la ciudadanía que se levantó en octubre de 2019 contra el abuso y por un nuevo Chile. De cualquier manera, el proceso de cambio de conciencia y búsqueda de nuevos modos de vivir en común no se detendrá: es una necesidad urgente para la humanidad y el planeta. Ayudemos a impulsar estos cambios en nuestros territorios.

COMISI"N PRMC ASAMBLEA AMBIENTAL DEL BIO BIO
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