«Desde que se pusieron en marcha los scooters, estamos recibiendo entre 3 y 4 pacientes diarios, es decir, 90 al mes», es lo que planteó a Diario Concepción José Manuel Bazán, traumatólogo del equipo de tobillo y pie del Hospital Traumatológico de Concepción (HTC). Las personas pueden ser transeúntes atropelladas o bien conductoras de estos ciclos. Las lesiones frecuentes, de acuerdo al médico, son esguinces, fracturas, contusiones y luxaciones.

Aniceto Hevia

El negocio de los arriendos de scooters en la comuna penquista lo controla la empresa rusa Whoosh que el pasado 13 de febrero colocó 300 de estos aparatos para hacerlos circular. Desde tal momento, no sólo se han registrado caídas y atropellos atendidos en el sistema público de salud, también la obstrucción de calles, veredas y bajadas de solera por donde deben pasar sillas de ruedas o coches con guagua, provocando múltiples riesgos viales.

El escenario constituye un insulto a una comunidad que sufre diversos trastornos producto del negocio de esta empresa ante la pasividad complaciente de las autoridades municipales y estatales. El martes 18 de marzo, el Seremi de Transportes, Patricio Fierro Garcés, el alcalde penquista, Héctor Muñoz, y el director de Whoosh para América Latina, Joao Pereira Dos Reis, y el representante para el país, Bernardo Barros Cortés, sostuvieron una reunión que de acuerdo a la Municipalidad se le solicitó a la firma rusa: «acciones educativas, de fiscalización y señalética vial enfocadas en promover un adecuado comportamiento de las y los usuarios, con el uso de elementos de seguridad y protección, mantener una velocidad adecuada y no invadir espacios para peatones».

Hasta ahora, el municipio afirma que los únicos atributos valorables de este negocio son: «un número creciente de clientes y su condición de ser amigable con el medioambiente». A Resumen, la periodista del Municipio le contestó que: «No existe ningún contrato entre la Municipalidad de Concepción y la empresa Whoosh. La operadora de Scooters es una empresa privada que para poner este servicio en la comuna solicitó al municipio un permiso. En la administración anterior del alcalde Álvaro Ortiz Vera se le otorgó lo que denomina "permiso precario", que permite trabajar en la vía pública, no tiene un plazo definido, pero sí se puede caducar en cualquier momento por parte del municipio. No hay pagos desde la empresa al municipio.»

En otro momento, la profesional señaló lo siguiente:

«Se indicó que el primer compromiso ya cumplido es el de poner límites de velocidades máximas, dejando 15 km/hora en el cuadrante del centro, 20 Km/hora en el segundo anillo formado por las avenidas Padre Hurtado, Víctor Lamas, Paicaví y Los Carrera y el bloqueo de los scooter en el paseo peatonal Barros Arana hasta Plaza de Tribunales, de manera que si alguien quiere ingresar a esa zona el vehículo se detiene y no avanza.

A la fecha ya se recibió una propuesta de los puntos de distribución de estos móviles con su debida señalización y se está consolidando las ubicaciones definitivas en el centro y se dispone de un stock de cascos y cintas reflectantes para entregar en actividades educativas que se está programando en conjunto para reforzar los mensajes educativos que ya están en redes sociales del municipio y de la misma empresa.

De hecho, este jueves en Instagram y Facebook del municipio se inició una campaña denominada "Muévete con Respeto" que hace énfasis en que un scooter no es un juguete, sino un vehículo y que se debe circular por ciclovías y calzada, llevando casco, elementos reflectantes, además de verificar el funcionamiento de luces delanteras y traseras. Cabe señalar que estas medidas se aplican a todos estos móviles, tanto de la empresa Woosh como los que sean propiedad de particulares.

El llamado del municipio es a acatar las normas de convivencia vial, respetando la normativa del tránsito y resguardando a todos los demás usuarios del espacio público.»

¿Ganar tiempo, imponer un negocio evidentemente nocivo y presentar sus consecuencias como un problema de velocidad, cascos y señaléticas? La pregunta respecto al propósito de este "acuerdo", conduce a otros cuestionamientos: ¿quién se beneficia? ¿por qué insisten en sostener un negocio irrebatiblemente perjudicial?

Distintos artículos de prensa señalan que la situación experimentada por la comunidad penquista ya ocurrió (u ocurre) en otras ciudades. En Barcelona, otras ciudades de Cataluña o en Italia, se habla de la «impunidad» con la que se conduce estos artefactos y a las empresas que los proveen, incrementándose los controles y multas por distintas acciones. En París, el 89,03% votó poner fin al negocio de los scooters en la ciudad en marzo de 2023. Desde esta fecha ya no existen contratos con firmas arrendadoras. El medio France 24 explicaba en una nota lo siguiente:

«Los ciudadanos argumentaron ser más propensos a mortales accidentes en las vías, que las patinetas eran abandonadas en cualquier parte del espacio público; algunos alegaron que los que usaban los scooters rozaban constantemente a los peatones por las aceras, mientras iban a la velocidad máxima posible y algunos ciudadanos organizados se ampararon en los 408 accidentes que se registraron en 2022, en los que murieron tres personas y 459 resultaron heridas».

Con estos antecedentes recogidos en una rápida pasada por algunos medios de prensa, ¿cómo se explica que el municipio de Concepción, haya abierto la puerta a este negocio y persista en ello? ¿Si a la población penquista no le sirve, a quién o a quiénes le es beneficioso?