Como camaleones, políticos que vociferan la facilitación de la explotación forestal en el país hoy han adoptado preocupación por la catástrofe que vivimos. Sin embargo, en sus escritorios aún no le dan cabida las decisiones y soluciones políticas que hay que abordar sobre el problema de fondo.

Por J. Arroyo Olea

«Hay empresas que están haciendo muy bien cosas», decía el Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, en noviembre del año pasado durante el Erede 2022, convocado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade) para referirse al trabajo que CMPC ha establecido sobre los Saltos del Laja, y al hecho de que Forestal Arauco pague patentes en la comuna homóloga.

Reglón seguido, el ex militante de la Democracia Cristiana era tajante al plantear que «voy a seguir defendiendo la vocación productiva de la región (…), también quiero decir que vamos a defender a nuestra región como polo forestal y como polo pesquero». En este sentido, señaló que «dar marcha atrás al rubro maderero, que atacar al rubro maderero o atacar la industria pesquera solo garantiza que se van a empobrecer las comunas donde se está prestando o desarrollando estos emprendimientos, y nosotros eso lo vamos a enfrentar».

Hoy, nuevamente enfrentados a una catástrofe por la permanencia y avance de los incendios forestales, estas palabras deberían resonar en quienes, como autoridades políticas, han defendido al modelo que facilita la propagación del desastre para la población y los ecosistemas.

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Ejemplos hay muchos, no solo en términos de discursos públicos dirigidos a las cúpulas del empresariado nacional y transnacional, sino también en políticas públicas que han favorecido el enriquecimiento de la misma actividad económica que hoy tiene sobrepasado a los servicios de emergencia y siendo afectadas centenares de familias en distintos lugares del país.

En octubre de este año, el medio Interferencia dio a conocer que el Gobierno autoproclamado como ecologista, encabezado por Gabriel Boric, dio continuidad a la entrega de subsidios para seguro forestal, el mismo que inició su operación en 2016 durante la administración de Michelle Bachelet y continúo Sebastián Piñera.

Estos seguros han significado un gasto del Estado de más de $1.100 millones desde 2016, entregado para las plantaciones de pinos y eucaliptos. Dicha política pública, ha destapado Interferencia, ha sido fondo de beneficio, a modo de ejemplo, para la hermanastra de Andrónico Luksic (Gabrial Luksic), además de los diputados de derecha Felipe Kast y Cristóbal Urruticoechea.

Por su parte, en diciembre de 2021, RESUMEN publicaba que desde el año 2012 el Estado chileno había entregado nada más y nada menos que $65.962.813.363 al empresariado forestal mediante la facilitación de rebajas tributarias y subsidios de Corfo.

Antecedentes sobran, pero las autoridades políticas -las mismas que le han dado continuidad y respaldo al modelo forestal- no los toman en consideración a menos que no ocurran catástrofes. Son los mismos que durante el primer semestre de 2022 exigían la protección de predios forestales en la mal llamada «Macrozona Sur», pero que pareciera que omitieron durante todo este tipo la prevención de esta catástrofe.

Los rostros y discursos se repiten; las decisiones políticas para el bienestar de la población aún no tienen cabida en sus escritorios.

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Fotografía principal: Bomberos y vecinos del sector de El Santo en Tome viendo el avance del fuego | Matías del Río @ponkflyd)