[resumen.cl] Tras conocerse el crimen ambiental cometido en la Península de Tumbes, en Talcahuano, en lo que popularmente se comenzó a denominar caso «Playas Destruidas», la seremi de Bienes Nacionales del Biobío, Victoria Pincheira, comentó que analizarán la factibilidad de realizar un acceso a las playas El Ensueño y Los Lirios ¿El problema?: ambas ya fueron destruidas.
La destrucción de playas públicas sigue nutriendo el debate con nuevos antecedentes en torno al verdadero crimen ambiental que azota a la Península de Tumbes luego que la empresa a cargo del proyecto Extracción de Áridos Fundo Lo Alfaro, destruyera las playas Los Lirios y El Ensueño.
RESUMEN solicitó un pronunciamiento sobre el caso a la Seremi de Bienes Nacionales, Victoria Pincheira, debido a que se trata de un la destrucción de un Bien Nacional de Uso Público. Pincheira dio a conocer que no han recibido denuncias formales sobre la situación de estas playas, planteando la importancia de esto, debido a que «son las denuncias las que nos permiten poner en marcha nuestro proceso técnico y participativo para analizar la factibilidad de facilitar un posible acceso«.
Sin embargo, la denuncia se entendió como válida a través de los antecedentes y entrevistas que se han publicado en los medios de comunicación, por lo que declaró que «fiscalizaremos el sector para comenzar con el proceso que nos permitirá definir la factibilidad de fijar acceso en ambas playas«. Sin embargo, tal como se ha mostrado en los registros difundidos desde hace días, las playas ya fueron completamente destruidas.
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En conversación con RESUMEN, la encargada de la Unidad de Comunicaciones de la Seremi, Francisca Bravo, explicó que «el lugar físico donde está El Ensueño y Los Lirios es privado. Lo que es un bien nacional de uso público son ochenta metros contados desde la más baja marea hasta las más alta marea (…) por lo general está bajo la administración de la autoridad marítima«. De igual forma, enfatizó en lo declarado por Pincheira respecto a que la Seremi funciona a través de denuncias formales, cuestión que les permitiría enviar un equipo fiscalizador para poder fijar el acceso a las playas.
En este sentido, declaró que «nuestra competencia se limita solamente al acceso, no al daño«, por lo que no estaría dentro de sus facultades el realizar fiscalizaciones referente a la destrucción de las playas.
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El Caso «Playas Destruidas» ha dado cuenta de un entramado de negligencias entre organismos estatales que han permitido el funcionamiento irregular -y posiblemente, ilegal – que ha dañado profundamente el ecosistema de la Península de Tumbes.
A modo de ejemplo se encuentra la eventual responsabilidad administrativa de la Armada de Chile, considerando que «el fundo está emplazado en una Zona de Interés Institucional, bajo la tuición de la Armada, los que han autorizado el uso para los fines propuestos», según se consigna en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.