De la expectativa al choque de realidad. El régimen de Bukele en El Salvador, que impuso al bitcoin como moneda nacional, permanece defendiendo su uso pese a las deficiencias que ha significado, entre las que se encuentra su casi nulo uso cotidiano por la población. A esto se suma la total falta de transparencia al no dar cuenta de datos oficiales referidos a generación de empleos o empresas criptos.

Por J. Arroyo Olea

El 7 de septiembre de 2021, comenzó a regir en El Salvador la criptomoneda bitcoin, imponiendo su utilización como parte de los impulsos encabezados por el régimen de Nayib Bukele en un contexto de expectación que ha decantado en una decisión superficial, sin uso cotidiano ni una mejora a la economía del país.

A dos años del embarque de esta moneda, el medio salvadoreño El Faro señaló que no existen datos sobre generación de empleos a partir de esta medida, como tampoco datos sobre inversión extranjera. En este sentido, las promesas del bitcoin no han tenido cabida en la realidad económica ni política del país, desbancando sus expectativas siendo un claro ejemplo la situación de las remesas, para las cuales el uso de criptobilleteras alcanzaba apenas el 0,9%

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Asimismo, el bitcoin no es usado comúnmente por la población salvadoreña, dándole un portazo a la idea de «cotidianidad» que se planteaba en un inicio. Acorde a datos de una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública respecto al cuarto año del régimen de Bukele, el 84,9% de la población -consultada- ha planteado que el bitcoin ayudó poco o nada a mejorar la situación económica de las familias.

Esto en un contexto de profunda pobreza que vive El Salvador, donde durante los últimos años la inseguridad alimentaria de carácter moderada y crítica ha crecido entre la población, pasando de un 42,2% entre 2014 y 2016, a un 46,5% entre 2019 y 2021. De esta, un 14% se encuentra en fase crítica.

Ya a mediados de 2022 se advertía que el 98% de las remesas se seguía enviando igual que previo al uso obligatorio de la criptomoneda, el casi no uso cotidiano de la misma y la permanencia de no contar con datos públicos referidos a empresas criptos y generación de empleos.