Una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña faculta a jueces para que puedan realizar una audiencia hasta con 900 personas, permitiendo dar término a procedimientos penales individuales.

Por J. Arroyo Olea

Una serie de reformas se aprobaron en El Salvador sobre la Ley contra el Crimen Organizado, contando con la aprobación de la Asamblea Legislativa con el respaldo rotundo del partido oficialista Nuevas Ideas.

Entre los elementos que incluye la reforma, además de aumentar a 60 años la condena de prisión para quienes sean declarados como culpables de encabezar grupos criminales, se encuentra el término de procedimientos penales individuales para quienes estén detenidos acusados de participar en pandillas.

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Concretamente, la reforma faculta a jueces realizar una audiencia con hasta 900 personas acusadas, generalizando un proceso judicial por sobre el debido proceso de investigación.

La decisión cuenta con el visto bueno de la presidencia encabezada por Bukele. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, expresó que «desde que el presidente Nayib Bukele asume el mando en 2019 vivimos un proceso en el que hemos venido transformando el país en materia de seguridad y no vamos a descansar, no vamos a parar de perseguir a estos criminales».

La medida viene a profundizar una forma de enfrentar políticamente la criminalidad que ha demostrado fuertes inconsistencias y vulneraciones a población civil que no se encuentra vinculada a las pandillas. En este sentido, el propio vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, declaró en marzo de este año que «cuando manejas una operación de estas dimensiones –y hasta ahora hemos encarcelado a más de 65.000 personas–, podría haber un error y que haya gente detenida sin tener ningún vínculo con las pandillas».

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