Una denuncia anónima que acusa un presunto esquema de malversación de recursos públicos por $135 millones vuelve a poner bajo la lupa a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (FACSO). A los antecedentes históricos de observaciones formuladas por la Contraloría General de la República sobre el uso de fundaciones, se suma una investigación de Resumen que revela nuevos documentos y un caso concreto que apunta a posibles prácticas de opacidad administrativa, conflictos de interés y blindaje institucional al interior de la unidad académica.

Por Edmundo Arlt y Alejandro Baeza

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (FACSO) es una de las unidades académicas centrales de dicha Universidad. Imparte las carreras de Antropología-Arqueología, Pedagogía en Educación Especial, Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en Educación Parvularia, Psicología, Sociología y Trabajo Social. En términos de escala, la facultad alberga a aproximadamente 1.600 estudiantes de pregrado y de postgrado, sostenida por un cuerpo académico de alto nivel. Históricamente, es reconocida como uno de los centros de pensamiento social más influyentes de América Latina, cuna de intelectuales, funcionarios públicos y académicos de proyección internacional. No obstante, esta reputación académica ha operado, en ocasiones, como un velo que ha opacado las deficiencias en su administración y en el trato a su personal de apoyo.

El extraño caso fundaciones

El primer gran punto de quiebre documentado en la gestión administrativa de la facultad se remonta a 2014, cuando la Contraloría General de la República (CGR) intensificó su fiscalización sobre el vínculo entre las facultades de la Universidad de Chile y las fundaciones por ellas creadas.

Los informes de la CGR identificaron un patrón de irregularidades sistémicas en el uso de estas entidades de derecho privado. Los hallazgos principales incluyeron:

Contratación irregular de servicios: Se detectó que las facultades utilizaban a sus fundaciones para contratar personal o pagar remuneraciones adicionales a académicos que ya se encontraban a jornada completa en la universidad. Esto constituía una vulneración al principio de probidad administrativa y al Estatuto Administrativo, al generar conflictos de intereses y, en algunos casos, una doble remuneración por funciones que debían ser parte de sus deberes institucionales ordinarios.

Déficit de control interno: La CGR determinó que estas fundaciones carecían de procedimientos administrativos estandarizados y de instancias de auditoría interna efectivas, lo que las convertía en vehículos opacos para el flujo de recursos, eludiendo los mecanismos de transparencia y la Ley de Compras del Estado que rigen a la universidad pública.

Subcontratación a consultoras vinculadas: Se evidenció la existencia de contratos de prestación de servicios entre la facultad y su fundación, los cuales a su vez subcontrataban a consultoras externas conformadas por los mismos directivos o académicos de la casa de estudios, cerrando un círculo de conflicto de intereses.

Este episodio obligó a la universidad a revisar sus protocolos de vinculación con fundaciones, aunque dejó en evidencia una cultura de gestión que priorizaba la flexibilidad financiera por sobre la legalidad pública.

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La actual denuncia anónima: esquema de pagos irregulares y malversación

Un exabogado de la dirección jurídica de FACSO denunció de manera anónima la operación de un presunto esquema de malversación de fondos públicos y desvío de recursos entre fines de 2022 y 2026, cuyo monto ascendería a $135 millones de pesos. Según el denunciante, las autoridades de la facultad —específicamente la decana Teresita Matus y la directora académica María Antonieta Urquieta, ambas del Depto. de Trabajo Social— habrían percibido pagos adicionales bajo el concepto de “productividades académicas” por montos que fluctuaban entre $500 mil y $900 mil pesos mensuales por persona, representando incrementos salariales del 40% al inicio del período hasta alcanzar un 97% adicional en los años más recientes. Estos pagos, calificados como “injustificados” por el denunciante, se habrían registrado en el sistema bajo la modalidad de “clases fantasmas” que nunca se realizaron. Todo esto habría contado, según la denuncia, con la participación coordinada del director económico Sergio Parra Villalobos, quien habría autorizado las nóminas sin cuestionar su procedencia.

Mecanismos de encubrimiento y otras irregularidades

Según la denuncia anónima existiría un supuesto “blindaje institucional” mediante el cual los propios mecanismos de control fueron capturados por las personas que perpetraban el fraude. Dichas personas habrían manipulado los documentos para que las supuestas irregularidades no fuesen detectadas por las instancias contraloras. De igual manera, la grave denuncia señala que la jefa de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, María Jesús Nazal Nazal, habría interceptado sistemáticamente solicitudes de información ingresadas mediante la Plataforma de Transparencia, respondiendo de manera “incompleta, evasiva o fuera de plazo”.

La denuncia anónima señala también una altísima rotación en la división jurídica de FACSO pues las y los profesionales se habrían negado a verse involucrados en estos hechos. Adicionalmente,  el escrito acusa obras de remodelación financiadas irregularmente sin procesos de licitación y la creación de cargos asociados a proyectos de investigación sin financiamiento real.

La respuesta institucional: negación de fundamentos y activación de protocolos

El 3 de junio de 2026, la decana Teresita Matus, la directora académica Antonieta Urquieta y el director económico Sergio Parra, todos involucrados en la denuncia, emitieron un comunicado oficial de circulación interna dirigido al Consejo de Facultad en respuesta a la circulación de la anónima denuncia. En la misiva, las autoridades caracterizan el documento como un texto carente de evidencia y fundamento, difundido a través de correos electrónicos y redes sociales, que además afecta la esfera privada al exponer datos personales de los aludidos.

Frente a este escenario, el documento oficial detalla la activación de una estrategia de defensa en tres frentes simultáneos. En el ámbito administrativo, las autoridades informaron haber solicitado a la Contraloría de la Universidad la apertura de una auditoría sobre la totalidad de los procesos cuestionados en la denuncia. Paralelamente, encomendaron a la Dirección Jurídica de la casa de estudios una investigación exhaustiva para determinar la materialidad de los hechos, esclarecer el origen del escrito y establecer las eventuales responsabilidades administrativas. En el ámbito judicial, las tres autoridades firmantes comunicaron la interposición de acciones legales en sede penal.

Un caso testigo: desvinculación arbitraria, fraude documental y blindaje institucional

Periódico Resumen se encuentra investigando un caso que confirmaría la denuncia anónima en lo relativo a la opacidad administrativa y la existencia de blindaje institucional.

El año 2023 la coordinadora del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad (MaSS), Dra. Gabriela Azócar de la Cruz, desvinculó al académico a honorarios Dr. Felipe Ernesto Ranke de los dos cursos que impartía en el programa. Esta decisión se basaría en tres argumentos. Primero, la Facultad había aprobado una nueva normativa interna que impedía que una o un académico a honorarios dictase dos asignaturas semestrales consecutivas. Segundo, el académico había tenido un pobre desempeño en la encuesta docente realizada por el alumnado. Tercero, la desvinculación tendría relación con “[…] medidas de mejora curricular y docente a raíz del informe de los evaluadores externos en el contexto de nueva acreditación.

Sin embargo, al requerir la normativa invocada, esta fue denegada por la Dra. Azócar. Esto pese a ser una normativa de una universidad estatal, por tanto, de carácter pública. Más aún, se constató que la calificación de la encuesta docente era superior a la informada, incluyendo irregularmente los sufragios de estudiantes que, por no cumplir la asistencia mínima, debían haber reprobado el curso. El Dr. Ranke solicitó una explicación formal de las, a su juicio, graves irregularidades al Comité Académico del MaSS, órgano superior directo de la coordinación, mediante una carta con copia a la decana Matus el día primero de marzo de 2024. Además, se solicitaba formalmente una constancia que calificase su desempeño laboral remunerado y no remunerado de casi diez años. La solicitud no tuvo respuesta alguna.

Ante el silencio administrativo, el académico solicitó por transparencia la documentación relativa a su desvinculación y las supuestas irregularidades cometidas. La Unidad Jurídica de FACSO entregó la normativa citada por la Dra. Azócar, la cual no contemplaba la restricción que motivó la desvinculación, señalando también que no existiría la recomendación de evaluadores externos. No obstante, avalada por el Consejo para la Transparencia y los tribunales de justicia, FACSO señaló no contar con documentación alguna que permitiese reconstruir la carrera del docente en sus diez años de desempeño.

Durante el mencionado conflicto, la Unidad de Contabilidad —dirigida por Sergio Parra— se contactó con el académico para regularizar algunos pagos adeudados. Entre la documentación enviada, se le solicitaba la firma extemporánea de “informes de actividades convenio a honorarios”. Dichos documentos son el primer proceso burocrático para el pago de personal contratado a honorarios por la Facultad. Los informes no sólo tenían hasta cuatro años de antigüedad, sino que serían firmados por profesoras y profesores que ya no desempeñaban las funciones que los documentos señalaban. Dicho de otra manera, autorizarían procesos administrativos mediante cargos que ya no ocupaban.

El Dr. Ranke, junto a su equipo jurídico, presentaron los antecedentes de los hechos mencionados ante la Contraloría General de la República (CGR), la cual ofició a la Rectoría de la Universidad de Chile, representada en este momento por Rosa Devés Alessandri. La FACSO reconoció meramente que uno de los pagos aludidos efectivamente no se habría realizado. Sin embargo, guardó silencio con respecto a la irregularidad denunciada. Según el académico, FACSO aún no se ha contactado para efectivamente pagar lo adeudado, tampoco ha brindado una explicación de las irregularidades denunciadas y menos le han entregado la constancia laboral hace años solicitada. El conflicto sigue alojado en la Contraloría General de la República, la cual debe evacuar una decisión en los próximos meses.

Nota de la Redacción: Periódico Resumen ha tenido acceso exclusivo a la documentación relativa al conflicto entre la FACSO y el Dr. Ranke. Este medio les envió a diferentes autoridades de FACSO un cuestionario con preguntas relativas a las denuncias aquí expuestas. Sólo reaccionó a nuestro correo electrónico la Dra. Julieta Palma, directora de la Dirección de Extensión, Vinculación con el Medio y Comunicaciones, ofreciendo una llamada telefónica. Después de señalar nuestra preferencia por mantener la comunicación por escrito, no hubo respuesta.

Imagen: Por Comunicacionesfacso - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26505383