La postal de un policía portando una subametralladora UZI, chaleco antibala y casco, no dejó indiferente a la comunidad educativa de la escuela especial Chile-España de Concepción, quienes criticaron el protocolo adoptado por Carabineros para acudir al establecimiento que fue víctima de un robo. «Los niños pensaban que habían matado a alguien» expresa la directora del recinto.

Por Juan Contreras Jara

Consternación causó en docentes de educación diferencial y estudiantes de educación especial, la presencia de un funcionario de Carabineros armado con una subametralladora UZI, apostado a la entrada del establecimiento, luego de ser llamada la policía uniformada por un robo al interior de la escuela Chile-España de Concepción.

Tras el hecho -que significó la exposición de estudiantes e incluso niños a armamento de grueso calibre- desde la escuela especial emplazaron al jefe zonal de Carabineros en el Biobío a revisar sus protocolos, sobretodo, cuando éste implica ingresar a un establecimiento educacional.

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En conversación con RESUMEN la directora de la escuela Chile-España, Cecilia Figueroa, destacó la carga emocional y psicológica que representó para el estudiantado del establecimiento la presencia de carabineros armados, aseverando que les pareció «desproporcionado».

El establecimiento ha sido víctima de 16 robos, explica la profesional, lo que ha obligado a la constante presencia de la policía en el establecimiento, situación que buscan que tampoco llegue a naturalizarse en los niños.

La naturalización de la violencia 

«Esto ha herido muchas susceptibilidades. Nosotros, como educadores y educadoras, podemos solicitar la presencia de la policía en situaciones como estos robos, sin embargo, fue inusual lo que ocurrió. Si está Carabineros, es por un robo y eso ya generaba situaciones emocionales, porque llegaban los estudiantes y decían, ¿qué pasó? ¿Volvieron a robar? Pero ahora, la frase era ¿a quién mataron? Ver a alguien con un arma es que paso algo grave, más grave que un robo», esgrime Figueroa.

Otro factor que Figueroa expone es el impacto que genera este tipo de violencia simbólica contra niños, niñas y adolescentes que provienen de contextos, precisamente, de violencia.

«Muchos de nuestros estudiantes han presenciado, por ejemplo, el actuar de Carabineros en contextos distintos, de allanamientos en sus poblaciones, de la violencia que se genera en la búsqueda de algún delincuente, todo eso genera una situación de miedo para el niño. Nosotros, en nuestro adultocentrismo, decimos, pero, ¿qué tiene? Están cuidando un colegio, pero no es lo mismo para un niño, que está recién en un proceso de comprender y objetivizar las cosas».

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Las reacciones en las y los estudiantes «fue tensa», comenta la directora de la escuela dedicada a dar respuesta educativa a estudiantes en situación de discapacidad intelectual y con necesidades educativas múltiples.

En esta línea, Cecilia Figueroa acotó que «algunos no verbalizan y en quienes verbalizan, la respuesta fue de temor, porque a alguien le pasó algo dentro del colegio. La comunidad resintió este protocolo como algo invasivo, que generó temor. No es lo mismo a cuando tienes un robo, que llega Carabineros, revisa el colegio, se pasea y ya, a que tú llegues al establecimiento y que veas a alguien con una UZI a la entrada de la escuela, para un niño, no es lo mismo».

En este sentido, Cecilia Figueroa hizo énfasis en que, considerando que hablamos del arribo de personal policial a un establecimiento educacional, «no se justifica tener un protocolo donde tengas que ir armado. Lo que Carabineros debiera tener, en su protocolo de robos, es saber que van a un colegio, por tanto, ahí no debieran peligrar la vida de nadie. No es pertinente ir con un arma, porque estamos enfrentándonos a niños, niñas y adolescentes».

La utilización de subametralladoras UZI retornó a Carabineros luego de más de 10 años de su suspensión, tras el asesinato del joven Manuel Gutiérrez. En la actualidad, hemos podido ver a personal portándolas en distintos procedimientos y fiscalizaciones, como la del sábado pasado en San Antonio, donde el fiscalizado terminó siendo asesinado por un funcionario policial, justamente, utilizando dicho armamento en un incidente que aún no se clarifica por completo.