Este martes se registró un violento desalojo al campamento Villa Las Torres en Curanilahue. Carabineros ejecutó la acción represiva tras meses de amenazas y nulas soluciones para las familias en toma por parte del SERVIU y el Gobierno. Pobladores acusan que los efectivos policiales no esperaron la resolución de la Corte Suprema para ejecutar el operativo.

Por: JC Contreras Jara y Alberto San Martín

El desalojo realizado por centenares de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros  se efectuó con un amplio despliegue en el campamento de  Villa Las Torres. Información preliminar indica que serían cerca de 30 familias las desalojadas, operativo en el que se registraron dos pobladores detenidos.

Lorena Garrido, dirigente de la Recuperación Laguna El Manzano señaló que «fue un desalojo forzoso porque todavía no se ha dado la última palabra de la Suprema» agregando que carabineros efectuó el operativo de manera sumamente prepotente «tampoco tuvieron respeto con nuestro abogado» agregó.

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La dirigente señala que habían obtenido garantías de las autoridades «de que para ser efectivo el desalojo debían presentarse otras entidades como la Delegación Provincial de Arauco, Serviu y otras entidades relacionadas con adultos mayores, la niñez y de las mascotas» pero que sin embargo, únicamente llegaron carabineros.

Durante meses, los pobladores de Curanilahue en toma han intentado infructuosamente llegar a acuerdo con la empresa Forestal Arauco para evitar un desalojo. Además se han reunido con autoridades regionales y nacionales sin resultados.

Ante este catastrófico escenario para los pobladores, Lorena anunció que «se van a seguir tomando acciones legales. El abogado va a demandar a carabineros por el procedimiento. Se va a demandar también a los ministerios y lo más probable que esto e llegue a una corte internacional, porque vamos a llegar hasta la última instancia por este caso», señaló.

En total son tres mil familias las que están en la mira de Forestal Arauco y el Gobierno para hacer efectivos los desalojos de los terrenos actualmente bajo propiedad de la empresa, que niega cualquier negociación respecto al uso de los suelos para viviendas sociales.