Por Facundo Valderrama

No crean que vengo a decir que esto es nuevo, pues sería omitir más de 90 años de brutalidad policial por parte de Carabineros de Chile, y de una seguidilla de gobiernos que ha hecho prácticamente hasta lo imposible para mantener a una parte significativa de su población en condiciones injustas e indignas.

Pero lo sucedido hace alrededor de un año, desde la semana del 14 de octubre del 2019, y que se intensificó desde el 18 de aquel mes es algo que no se puede desconocer, ni menos invisibilizar. Gobierno, Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas derramaron la sangre del pueblo como un castigo a su desobediencia liberadora, ejerciendo el terror desde el inicio mismo del Estallido Social, asesinando, mutilando, dejando cuerpos en fábricas y almacenes calcinados. El Terrorismo de Estado se hizo carne.

Pero de ahí, sin querer exculpar a las Fuerzas Armadas (quienes no dudaron ni un instante apuntar, disparar y atropellar al pueblo), fue Carabineros de Chile quien estableció desde el inicio de la revuelta un mutualismo, una simbiosis con el gobierno que raya en lo criminal. Y con criminal, me refiero a crímenes contra la Humanidad. Han ejercido protección mutua, encubrimiento y validación de acciones que deberían ser perseguidas y condenadas, con el fin de salvarse ellos, puesto que Carabineros y el gobierno (sorprendentemente aún en ejercicio) de Sebastián Piñera fueron y son los grandes impugnados del Estallido.

El Estallido Social y su sentido antipolicial

Sería un error pensar que el odio a la policía surgió el 18 de octubre del 2019. Al volver a recorrer los videos de las evasiones, desde las primeras en que participaban mayormente estudiantes secundarios y secundarias, hasta las más próximas a ese 18 de octubre, fue la cristalización de la irracionalidad policial y de su vocación por la represión, por la brutalidad.

Al pueblo, ese que nunca se le preguntó realmente por su opinión antes de la revuelta, miró con sorpresa y espanto como las fuerzas policiales eran capaces de todo con tal de evitar que un grupo de personas pase el torniquete sin pagar, del mismo modo que miraban con espanto cómo era preferible cerrar una estación (y más adelante toda la red) del Metro de Santiago con el único fin de evitar un puñado de evasores y evasoras.

Y a medida que la bola de nieve de la evasión fue creciendo, también lo fue la de la represión policial, que se convirtió en una suerte de guardia pretoriana de torniquetes, dispuestos a realizar cualquier acción con tal de evitar la evasión. Para quienes tuvieron la fortuna de estar en la estación adecuada en el momento adecuado, además de la felicidad de haber participado en esas evasiones que hicieron historia, también fue experimentar la brutalidad y la irracionalidad policial. Ya para el 16 de octubre del año pasado la situación era evidente, y el 17 fue la primera protesta con barricadas a las afueras del Metro Laguna Sur (de los últimos en ser reabiertos, quizás como castigo a la desobediencia) y en donde los gritos eran principalmente contra Carabineros de Chile.

El mismo 18 de octubre del 2019 fue la gota que derramó el vaso, cuando alrededor de las 18:00 horas un efectivo de Carabineros desenfundó su revólver de servicio y le disparó a una joven en su pierna. Ésa también fue la primera omisión y silencio del Gobierno, que prefirió dar cierre a toda la red del Metro de Santiago, encendiendo un polvorín que hoy sigue en llamas.

Ese disparo, quizás sin saberlo sus partes, selló un pacto que de no ser porque las leyes las dictan ellos, se trataría de una asociación ilícita. Si bien ese modelo de protección ya había sido utilizado 11 meses antes cuando Camilo Catrillanca fue asesinado por efectivos de Carabineros altamente armados, desde el 18-O iba a adquirir una connotación de protección y supervivencia mutua, que solo les ha conducido a una espiral de brutalidad y de odio popular, pero del cual no saben cómo salir sin renunciar.

La doctrina de la impunidad

No cabe duda que Carabineros de Chile cuenta con carta blanca para actuar impunemente. Cada vez que han elevado la apuesta en su brutalidad, en su actuar (¡digámoslo sin resquemores!) terrorista, el régimen de Sebastián Piñera ha salido a respaldarlos desde sus vocerías o desde el mismo Ministerio del Interior, mientras que alguna que otra crítica que se reconoce se descarta su sentido institucional y orgánico de descomposición.

Pero no se trata de un amor particular a la institución de Carabineros de Chile, o de la protección a su general director (que debería ser juzgado en la Corte Penal Internacional en La Haya). No, se trata de una simbiosis tóxica en donde pretenden aferrarse al poder bajo cualquier costo para el pueblo.

Si bien toda policía es una policía política, el caso de Carabineros en la actualidad ya llega a niveles insospechados. Se han convertido desde el inicio del Estallido en la línea de defensa de un moribundo gobierno, el cual a su vez es la única garantía de que Carabineros siga existiendo. Así, se han transformado en la pandilla de los únicos quienes aún le aseguran su continuidad. Al igual que una simbiosis biológica, si cae una de las dos especies, la otra también.

Pero además de simbiosis, es un círculo vicioso de violencia y terrorismo. Digámoslo, no es la legitimidad lo que mantiene aún en existencia al gobierno de Piñera, sino los Aparatos Represivos del Estado. Y mientras mayor es el clamor de destituir este gobierno, mayor es la represión. Es un hecho, basta contar los asesinados, los agredidos, los mutilados, los encerrados tras las rejas por luchar por un país más justo. Y el brutal asesinato a Aníbal Villarroel en La Victoria en la conmemoración de un año del Estallido Social ratifica esa simbiosis brutal.

No van a cambiar (salvo que sea para peor), y no esperemos que cambien. Busquemos cambiarlos nosotras y nosotros, y acabar de una buena vez con ese pacto criminal que está fundado en el odio hacia el pueblo, y la protección mutua a cualquier costo.