Ante las recientes declaraciones de algunos parlamentarios, autoridades y representantes de la industria pesquera, quienes han señalado que la votación realizada en la comisión mixta del Congreso --que favoreció al sector artesanal en la redistribución de la cuota de merluza común-- se habría basado en información errónea entregada por el Ejecutivo, declaramos lo siguiente:

Rechazamos categóricamente la intención de invalidar lo votado en la comisión mixta bajo el argumento de supuestos errores en los datos de desembarque de la Empresa. Esta afirmación desconoce los fundamentos que guiaron la decisión y desinforma a la opinión pública.

La redistribución de cuotas no se basa en el cumplimiento histórico de las capturas asignadas a cada sector, sino en un criterio de "justicia social y equidad", que busca devolver al sector artesanal una participación más activa y justa en el esfuerzo pesquero nacional.

Lee: Discusión de Ley de Fraccionamiento pesquero: ¿déjà vu de la espuria Ley Longueira?

Cabe señalar que, si se aceptara como válido el argumento de que el cumplimiento de las cuotas es condición suficiente para mantener o definir el fraccionamiento, entonces la discusión sobre redistribución carecería completamente de sentido. Si cada sector captura lo que se le asigna, no habría razón técnica ni política para revisar el sistema actual, lo que contradice el propio hecho de que la legislación permita revisar y modificar los criterios de reparto. Por tanto, el nivel de cumplimiento no puede ser el eje central de la discusión legislativa en materia de fraccionamiento, ya que esta tiene como foco corregir distorsiones estructurales y avanzar hacia una distribución más equitativa y sostenible.

El espíritu de la medida adoptada por la comisión mixta apunta a corregir una histórica desigualdad que ha perjudicado sistemáticamente a las comunidades pesqueras artesanales, garantizando una mayor sostenibilidad y fortalecimiento de su rol económico, social y cultural en los territorios costeros.

Intentar revertir lo votado utilizando argumentos ajenos a los principios que sustentan la política pública en materia pesquera no solo es técnicamente injustificado, sino que además socava la legitimidad de los procesos democráticos y participativos que han guiado esta discusión.

Revisa: La impactante protesta de pescadores del Maule: el clamor por justicia en el reparto pesquero

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a respetar lo aprobado por la comisión mixta, a mantener un debate honesto y transparente, y a avanzar decididamente hacia una gestión pesquera más equitativa, sostenible y centrada en las comunidades que históricamente han sostenido la pesca en nuestro país.

FRENTE A ANUNCIO DE PACIFICBLU Y LA LEY DE FRACCIONAMIENTO

Desde la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío -FEREPA Biobío-, queremos primero que todo enpatizar y solidarizar con la angustia que viven cientos de trabajadores de la industria pesquera PacificBlu, pero debemos también manifestar nuestra preocupación y aclarar lo siguiente ante el reciente anuncio de PacificBlu, que ha señalado su intención de suspender operaciones a partir de 2026, argumentando como causa el avance de la Ley de Fraccionamiento.

Esta declaración, en nuestra opinión, constituye una estrategia destinada a generar incertidumbre entre los trabajadores del sector y en la opinión pública, utilizando una legislación aún en discusión como justificación para una decisión que responde a factores mucho más profundos y estructurales.

En efecto, tal como lo ha informado el Diario Financiero, del 10 de mayo de 2025, medio especializado en economía y finanzas--, PacificBlu ha registrado balances negativos durante los últimos siete años consecutivos. Esta situación evidencia una crisis financiera sostenida que no puede atribuirse exclusivamente a eventuales cambios regulatorios.

Lo anterior nos lleva a establecer un paralelo con lo ocurrido recientemente con la empresa Huachipato, donde, a pesar de múltiples esfuerzos desplegados por trabajadores, gremios y autoridades, el directorio de la compañía ya había definido con anterioridad su cierre, debido a la inviabilidad financiera de su operación.

Lamentamos profundamente que se utilicen argumentos legislativos para encubrir decisiones empresariales que ya estaban en curso. Como organización, seguiremos atentos y activos, defendiendo los intereses de nuestros asociados y del sector artesanal, frente a cualquier intento de manipulación comunicacional que desvíe la atención de las verdaderas causas de los conflictos en la industria pesquera.