La pesca constituye uno de los pilares de la economía extractiva del país. Es el negocio en que clanes que ahora se despliegan en diversos rubros han amasado su fortuna inicial sirviéndose de la ausencia de regulaciones efectivas en cuanto a métodos y volúmenes de captura, así como de una estructura tributaria absolutamente ventajosa, siendo paradigmático el caso de la familia Angelini.

Las legislaciones pesqueras son relativamente recientes. Hasta 1991 el régimen de captura, en general, fue de libre explotación, ese año las leyes 19.079 y 19.080 establecieron una regulación al menos nominal del esfuerzo pesquero. El 2001 se promulgó la Ley 19.713 instituyéndose el límite máximo de captura por armador (dueños de naves), donde los propietarios de grandes embarcaciones acabaron siendo beneficiados con la entrega de grandes cuotas de captura en función de la proporción pesquera de los dos años anteriores, como lo consigna su artículo 4. Durante la vigencia de todas estas leyes se profundizó la sobreexplotación y la concentración de la actividad en escasos propietarios.

Así se arribó al 2013, con buena parte parte de las pesquerías declaradas como sobreexplotadas o agotadas. En enero de ese año, bajo el gobierno de Sebastían Piñera, se promulgó la Ley 20.657 (conocida como Ley Longueira) que entregó licencias transables de pesca por un plazo de 20 años renovables (aunque inicialmente se buscó que fuera a perpetuidad). El beneficio para las grandes firmas pesqueras radicó, entre otros motivos, en que estas licencias se podían vender, ceder, arrendar total o parcialmente, o sea hacer múltiples negocios en función de un derecho exclusivo concedido por el propio Estado.

La corrupción de ley quedó al descubierto cuando se conoció que los legisladores Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Jaime Orpis (UDI) y Marta Isasi (independiente por coalición RN-UDI), recibían dictados de empresarios o sus entidades gremiales para presentar como indicaciones o intervenciones cuando esta normativa se discutía. También, el ex diputado e intendente del Biobío, Jorge Ulloa (UDI) fue indagado por haber recibido millones de pesos por parte de ASIPES (Asociación de Industriales Pesqueros), así como el exdiputado Cristián Campos (PPD); el marido (René Carvajal) de la exdiputada Clemira Pacheco (PS) obtuvo pagos de las pesqueras Bahía Coronel y Foodcorp; Sergio Bobadilla (UDI) y Frank Sauerbaum (RN) fueron contratados por ASIPES durante el periodo en que estuvieron fuera de la actividad legislativa. Toda esta trama, conocida gracias al trabajo periodístico de CIPER, aunque no fue negada, tampoco devino en un proceso judicial sancionatorio, exceptuando los casos de Orpis e Isasi que sirvieron de cabeza de turco en este episodio.

Este proceso legislativo representa la espina que conserva la legislación pesquera, hasta ahora vigente. En diciembre de 2023, el gobierno presentó un proyecto de ley destinado a sustituir esta espuria normativa. En medio de su discusión, se conoció, también gracias a la investigación periodística, que Sergio Bobadilla, Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) presentaron indicaciones que eran una copia del informe presentado por la entidad gremial Sonapesca. CIPER detalló que: «presentaron 276 indicaciones. De ellas, 211 son exactamente iguales a las de Sonapesca y otras 41 presentan leves diferencias de redacción con el documento de la gremial».

En este escenario, la tramitación del proyecto de ley se estancó y, para agilizar la legislación, el gobierno presentó el proyecto de Ley de Fraccionamiento en septiembre del pasado año. Para conocer aspectos de su contenido de su discusión en las Comisiones legislativas, Resumen conversó con Lester Chávez-Campbell, ingeniero en acuicultura y pesca, magíster en manejo de recursos naturales y asesor en el ámbito de pesca artesanal de la comuna de Lebu.

– Quizá lo primero que haya que aclarar es por qué ahora se legisla una ley exclusiva en materia de fraccionamiento.

El Gobierno presentó una nueva Ley General de Pesca, y producto de las trabas que han existido, esencialmente de parlamentarios ligados a la Derecha, tuvo que separar la discusión. Así, extrajo desde el cuerpo normativo aquello concierne al fraccionamiento y lo incorporó como una nueva Ley. Por tanto, actualmente, tenemos la Ley General que está trabada en la comisión de pesca de la cámara de diputados y por otro lado una Ley de fraccionamiento, que como su nombre lo indica fracciona la cuota global de captura entre el sector pesquero artesanal y el sector pesquero industrial, que tiene suma urgencia y actualmente esta en la comisión de Hacienda del Senado.

Ahora, en la Ley de Fraccionamiento, en lo que respecta a la distribución entre la V y X regiones, en promedio el proyecto de Ley del Gobierno aumenta un 6% las cuotas pesqueras hacia el sector pesquero artesanal. De hecho, se pisa la cola al declarar por todos lados que los peces deben ser para quienes los pescan, y sin embargo, el proyecto otorga un 20% de jibia a la industria que hace 5 años que no captura. Entoces, uno se pregunta ¿cuál es la razón de entregar y reservar 40 mil toneladas de jibia, a aquellos que no pescan? Por otra parte, no incorporó inicialmente la pesquería reineta, y fueron las organizaciones de pescadores artesanales del país que la incorporaron. Al respecto aparecen dudas, ya que, producto del cambio climático, el stock de este recurso se desplazó hacia el sur austral, y al excluir esta pesquería otorgaba a una empresa la captura total de esta.

-La anterior Ley de Pesca, promulgada en el primer gobierno Sebastián Piñera e impulsada por Pablo Longueira, como Ministro de Economía de entonces, quedó en evidencia como el resultado de los dictados que el empresariado pesquero entregaba a legisladores. ¿Cómo describirías el comportamiento de diputados y senadores en la legislación pesquera que ahora se tramita?

La derecha está una postura clara de trabar la discusión. De hecho, cuando uno va al congreso a exponer, los diputados se acercan y te dicen, esta Ley de Pesca no saldrá. Asimismo, como te mencione anteriormente, el proyecto de Ley de fraccionamiento fue débil o temeroso por parte del Gobierno, sin embargo, fue en la comisión de pesca de la cámara de diputados y, posteriormente, en la cámara ampliada donde se otorgó una distribución más equitativa.

En la cámara de diputados, y en la comisión de pesca hubo presiones por parlamentarios de derecha para minimizar el fraccionamiento hacia el sector pesquero artesanal. Aquí destacó el diputado Sergio Bobadilla quien presentó indicaciones a ley general de pesca entregadas por SONAPESCA, para después desistir de ello.

En cuanto a los senadores, en el caso de nuestra región, el senador Gastón Saavedra del partido socialista es quien lidera la oposición a aspectos del fraccionamiento que beneficia al sector pesquero artesanal. De hecho, presentó un proyecto de Ley para que vuelva la pesca de arrastre en la pesquería Jibia y, a mi juicio, aquello es una ilusión de la industria, ya que esta pesquería será defendida en masa por 7 regiones del país. Además, los pescadores artesanales y la PYMES saben y viven la virtud de la Ley de la Jibia.

Como indicaba, la ley de fraccionamiento salió favorable hacia la pesca artesanal en la Cámara de Diputados, sin embargo, el senado esta volviendo al proyecto original del Gobierno, que es débil en cuanto a fraccionar hacia una mayor equidad. La excepciones son para la pesquería de sardina y anchoveta que salió desde la comisión de pesca del senado en un 90% para la pesca artesanal en la zona centro-sur; el congrio dorado que aumentó un 20% para la pesca artesanal en el mar sur austral; y reineta que aumento de un 90% a un 97% a la pesca artesanal. Sin embargo, en las pesquerías que han generado mayor conflicto como merluza común, jurel y jibia, se atenuó en la comisión de pesca del senado.

– Cómo describirías la situación en que quedan sectores de la pesca con el avance legislativo que hasta ahora tiene el proyecto de ley de fraccionamiento?

Como te mencionaba, creo que ciertas pesquerías como sardina y anchoveta seguirán favorables hacia el sector pesquero artesanal. Sin embargo, en merluza, jurel y jibia, si el sector pesquero artesanal no se hace presente se acercará al fraccionamiento propuesto por el Gobierno, lo que por cierto es un despropósito.

Así, es muy probable que las principales pesquerías en conflicto se irán a comisión mixta, por lo que serán los senadores y diputados integrantes quienes decidirán el fraccionamiento de estas pesquerías.

En este sentido, por un lado, el resultado puede acercarse al proyecto original, y por otro, a un aspecto normativo que es riesgoso y que es la solución que encontró el Gobierno para resolver las dificultades en pesquerías como la merluza común, que es el segundo pescado más consumido en Chile después de la reineta. Esta opción implica un fraccionamiento regional, es decir, una medida desesperada y peligrosa para la gobernanza pesquera, que ya es dificultosa, pues entrega una mirada parcial cuando lo recomendable son miradas integrales en el manejo pesquero y fraccionamientos macrozonales.

– Se han denunciado las trabas para que organizaciones de pescadores artesanales puedan participar en el debate del proyecto de ley de fraccionamiento. Tú has sido llamado a informar a la comisión en distintas ocasiones, compártenos tu mirada respecto a este problema.

En general, las organizaciones de pescadores artesanales tienen mayores brechas y dificultades para acceder a dar sus planteamientos, provocando que la representatividad y la defensa del sector la asuman grandes federaciones y confederaciones que muchas veces tienen una mirada general de problemas mucho más complejos. Además, que el acceso a las comisiones y los tiempos de intervención dependa de un presidente de comisión adiciona dificultades. Entonces, por ejemplo, si el presidente de la comisión está peleado con un parlamentario donde está ubicada tu caleta, las opciones de acceder a una comisión disminuyen bastante.

Otra dificultad es que muchas veces te citan con muy poca anticipación. También existe una desigualdad en el tiempo asignado para exponer, por ejemplo: a nosotros, como organización de pescadores artesanales, nos asignaron seis minutos para exponer en la Comisión de Hacienda mientras a la industria le otorgan fácilmente el triple de este tiempo. Entonces, cuando debes defender dos o tres pesquerías, ese escaso lapso es insuficiente para explicar todo lo necesario.