[resumen.cl] Unas cuatro horas declaró el intendente Jorge Ulloa por los hechos y acusaciones que lo vinculan a las tramas de corrupción entre el empresariado pesquero y distintos actores de la clase política del país. Su comparecencia se llevó a cabo ante la Fiscal Regional del Bíobío, Marcela Cartagena.

Si bien la autoridad regional y anterior diputado por el distrito 43, de Talcahuano y Hualpén, se encargó de enfatizar que había sido llamado a declarar en calidad "de testigo", los antecedentes podrían establecer una participación culposa en la red de corrupción activada por el  empresariado pesquero para lograr aprobar la actual Ley de Pesca.

Jorge Ulloa, desde el año 2002 participó en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados. Lo hizo hasta el 2018, al finalizar su periodo legislativo sin ser reelecto. En el acta de la Sesión 114ª ordinaria, en martes 18 de diciembre de 2012 se puede leer que sus asesores legislativos fueron el entonces gerente de ASIPES, Luis Felipe Moncada, y al gerente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo. Este hecho es determinante para establecer el vínculo de Ulloa con el empresariado pesquero, pues sus máximos representantes eran quienes lo orientaban o quizás le dictaban el articulado que debía proponer y apoyar.

A la figuración de estos gerentes en su equipo asesor se suma las boletas que, según Ciper, una de sus asesoras emitió para Asipes. Habrían sido "cinco boletas (una nula) por $5,5 millones pagadas por Asipes entre abril y agosto de 2009, el mismo año de los otros pagos a militantes de la UDI."

Por otra parte, durante el periodo legislativo de la Ley de Pesca, su esposa figuró como socia de Cargo Services Limitada, empresa prestadora de servicios de transporte a la industria pesquera. Ante la consulta por su vínculo con este negocio, Ulloa declaró a The Clinic que "se trata de una sociedad anónima en la que yo no tengo directamente ninguna participación porque estoy casado con separación de bienes". A pesar de las denuncias de este hecho, Ulloa no se inhabilitó de votar en la legislación de esta Ley.

Junto a Ulloa, también habían sido llamados a declarar el diputado Sergio Bobadilla (UDI), el tesorero de Asipes, Alejandro Riffo Opazo; y la secretaria de esta entidad Mónica Cartes Vásquez. De Bobadilla, el centro de investigación periodística afirmó que "Según el presupuesto 2016 de Asipes, contenido en uno de los correos a los que CIPER tuvo acceso, anualmente a Bobadilla & Crovetto [consultora creada con su esposa Ximena Crovetto] le destinaron $12 millones…"

La comparecencia de Ulloa ante la Fiscalía Regional y los hechos que motivaron su citación replantean, tal como en una multitud de ocasiones, el cohecho y los sobornos que impulsaron la aprobación de actual Ley de Pesca. Su articulado leonino es insultante para la sociedad chilena en su conjunto y constituye una mofa para la soberanía nacional, hecha por quienes se presentan como sus máximos defensores.

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Diversos sectores sociales están expectantes por el devenir de esta Ley, luego que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, aprobara el proyecto de ley de anulación de ésta, esgrimiendo entre otros argumentos: "Que a cuatro meses de la promulgación de la Ley 20.657, la ciudadanía comenzó a conocer serias evidencias de corrupción y faltas a la probidad por parte de parlamentarios, quienes orientados por empresas de la industria pesquera efectuaron indicaciones, intervenciones y votaciones que beneficiaron directamente a dichas empresas [...] Esta situación, ha puesto en tela de juicio la Ley 20.657, también denominada "Ley Longueira", debido a que ha sido obtenida mediante presiones de las grandes empresas y también, de acuerdo a lo que investigan los tribunales, mediante coimas y sobornos, lo cual viola la soberanía popular la que ha sido alterada por estas prácticas constitutivas de delito."