[Resumen] Académicos y académicas de distintas universidades emplazaron al directorio de la casa de estudios a que retire la querella contra los 12 manifestantes del Caso UdeC y a materializar una mesa de diálogo con las familias de los jóvenes. A continuación la declaración. 

Como colectivo de investigadores sociales, profesionales, académicos/as de diversas universidades chilenas y miembros que participan en distintas redes internacionales asociadas con la promoción de derechos de las infancias y las juventudes, declaramos lo siguiente:

1.- Nuestra profunda preocupación por la vulneración de garantías fundamentales y las condiciones por las que atraviesan, y han tenido que atravesar, los 12 jóvenes (6 de ellos menores de edad) que se encuentran desde septiembre del año 2020 a la fecha con medidas de privación de libertad. A estos jóvenes se les acusa de haber cometido desórdenes y daños al interior del Campus de la Universidad de Concepción a inicios del año 2020, en el marco del denominado estallido social chileno. Una parte de estos jóvenes estuvo en prisión preventiva en la cárcel y otros en centros de rehabilitación conductual a cargo del Sename. En estos centros, experimentaron situaciones vejatorias en materia de derechos fundamentales, más aún al interior de un régimen carcelario que, lejos de satisfacer los estándares internacionales, reproduce la pobreza y la población precarizada en América Latina. Actualmente estos 12 jóvenes se encuentran bajo arresto domiciliario.

2.- En todo este contexto de revuelta, hubo miles de jóvenes violentados en sus derechos fundamentales, encarcelados, muertos y mutilados oculares como efecto sistemático y generalizado de la brutalidad policial en escenarios de protesta social. En ese mismo sentido, durante el denominado estallido social, algunos hicimos énfasis en la noción de juvenicidio para intentar explicar esta abusiva dinámica por parte del Estado, entendiendo que esta situación no necesariamente implica el exterminio físico y selectivo de una determinada categoría social desfavorecida, sino un proceso, una trayectoria en la biografía de muchos jóvenes, al interior de un orden institucional que los desacredita, criminaliza y excluye de múltiples formas. El costo humano y social de la revuelta ha sido enorme e irreparable hasta cierto punto.

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3.- Estos 12 jóvenes a los cuales hoy hacemos referencia, no son precisamente estudiantes universitarios, sino jóvenes que han sido objeto de precarizaciones y exclusiones sociales históricas, como efecto del predominio crónico y estructural de las políticas neoliberales en Chile. Por lo mismo, en este escenario han sido constantemente vejados y re-victimizados por una trama de instituciones que los ha invisibilizado sistemáticamente, los margina de oportunidades, garantías y un acceso equitativo a la justicia; sin hacerse cargo de la importante cuota de responsabilidad que hay en la génesis y reproducción de la violencia, y del propio despojo en el cual se encuentran sumergidas las vidas precarizadas de muchos jóvenes, niños y niñas en el Chile actual.

4.- La criminalización especialmente intensa y con motivación política explícita que se desató desde octubre del 2019 en contra de los manifestantes se había anunciado y preparado meses antes, como parte de una política represiva dirigida a los más jóvenes: desde la dictación de la ley "Aula Segura" del 2018 y los intentos efectuados todo el 2019 por extender la aplicación de los "controles preventivos" a menores de edad. La respuesta a la rebelión iniciada y protagonizada por las juventudes incluyó la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, además del estado de excepción constitucional y la creación de nuevas leyes de represión política como la "antibarricadas" en enero de 2020. Todo este entramado represivo y su aplicación práctica vinieron a agravar el estado de violación grave y sistemática de los derechos de las infancias y juventudes en Chile, constatado y declarado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas tras visitar el país en enero de 2018.

En concreto, la aplicación de medidas de internación provisoria y prisión preventiva respecto a de adolescentes y jóvenes que fueron acusados de comisión de delitos durante la revuelta, evidencia la opción por una respuesta de naturaleza meramente represiva, en abierta contradicción con la orientación de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales pertinentes del Comité (sobre todo la 10 y la 24), en favor de medidas alternativas, formas de desjudicialización y el modelo de la justicia restaurativa. Estas reglas, principios y normas aplicables a los menores de 18 años son también orientaciones legítimas para la población juvenil en general. Considerando que el conflicto desatado obedece a numerosas y complejas causas sociales, creemos que una salida política es fundamental. El indulto general a las personas que ya han sido condenadas o se encuentran formalizadas por haber participado de la revuelta es un primer paso para esta salida.

5.- En tanto investigadores/as sociales que vienen trabajando por años en el campo de las juventudes y las infancias, planteamos la necesidad de ampliar la mirada, el debate e instalar -en distintos espacios- otras formas de interpretación, acción y abordaje de este campo de relaciones sociales, que permita cuestionar el predominio histórico de relaciones asimétricas y autoritarias institucionalizadas entre grupos de edades con desiguales posiciones de poder, más aún cuando dicha condición juvenil se encuentra atravesada por otras condiciones que constituyen marcadores de desventaja social en una sociedad neoliberal, patriarcal y adultocrática, como el ser joven pobre, joven mujer, joven mapuche o el vivir en zonas de sacrificio.

6.- Finalmente, junto con reiterar nuestro rechazo a la violencia y nuestro compromiso con la democracia, la defensa de los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación integral para quienes fueron víctimas de abusos, persecución y prisión política en el contexto de la revuelta social; los y las que aquí firmamos, hacemos un llamado a la Rectoría de la Universidad de Concepción y a su Directorio, para que desista de la querella en contra de estos 12 jóvenes y pueda liderar -prontamente- una mesa de diálogo amplia que incluya a familiares de los jóvenes, con el objeto de acercar posiciones y buscar colectivamente soluciones a esta lamentable situación. Dado el contexto actual, creemos que dicha acción judicial desborda las prioridades y el foco del quehacer universitario, esto es, la formación integral de jóvenes, la inclusión social y el compromiso con una agenda social y política transformativa, tanto a nivel regional como nacional.  Más aún, en el caso de que efectivamente estos 12 jóvenes hayan cometieron algún delito o infracción en las conductas que se les imputa, éstos -a nuestro juicio- ya han sido pagados con creces, considerando todo lo que han tenido que pasar durante estos 2 años, en términos personales y familiares, sin olvidar el estigma, la criminalización y el daño psicosocial que deberán enfrentar como secuela de lo acontecido durante el inédito contexto de la revuelta que vivió Chile a partir de octubre del año 2019.

Rodrigo Ganter Solís, Universidad de Concepción
Klaudio Duarte Quapper, Universidad de Chile
Oscar Basulto Gallegos
Ximena Goecke
Raúl Eduardo Zarzuri Cortés, Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Katia Valenzuela Fuentes, Departamento de Sociología, Universidad de Concepción
Javiera Sierralta Uva, académica UMCE y UAHC
Julio Cortés Morales, abogado e investigador independiente
Karla Henríquez, Universidad Bernardo O'Higgins
Ignacia Palma Salinas, PhD (c) Universidad de Barcelona
Dr. Alejandro Tsukame Sáez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Paulina Castillo Henriquez. Universidad de Chile