Los imputados (entre los que se incluyen funcionarios públicos y personas naturales) serán acusados por el Ministerio Público por diversos delitos relacionados a fraude al fisco y malversación de fondos públicos, en el contexto de la postulación de un programa de política pública por la Fundación Bonhomía.

Por Valentín Jara Persoglia

Tras los alegatos de la defensa de los imputados, el Juzgado de Garantía de Concepción aplazó para el 25 de noviembre la audiencia de formalización de los acusados por la arista Fundación Bonhomía del Caso Convenios, audiencia que originalmente estaba pactada para el pasado miércoles 9 de octubre.

En la audiencia suspendida, la defensoría privada de los imputados acusó la necesidad de mayor tiempo para leer la carpeta investigativa del caso y problemas de salud de los imputados. La fiscal regional, Marcela Cartagena, señaló para Radio Biobío que, con respecto a la formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares, "veníamos listos para hacerlo hoy".

Caso Fundación Bonhomía

En una querella realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se detalla que en agosto de 2022, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, firmó la entrega de 356 millones de pesos a la Fundación Bonhomía, bajo el concepto de financiación para la ejecución del programa "Política regional para promover el bienestar Biobío vive sano".

El monto aprobado en ese entonces cuadruplica a la suma destinada originalmente para el programa, 89 millones de pesos. El aumento de este fondo se dió bajo la excusa de que este correspondía al financiamiento de solo un mes del programa, el cual estaba pautado para realizarse durante cuatro meses. Sin embargo, según la querella, el formulario de postulación de Fundación Bonhomía para la ejecución del proyecto consideraba la suma inicial para los cuatro meses de duración.

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Cabe destacar que, en la audiencia de formalización suspendida, el exfuncionario del Gobierno Regional (GORE), Marcos Loyola, quien ejercía como contraparte técnica del convenio, explicó para Radio Biobío que su participación dentro del caso fue bastante limitada, sin influencia alguna en la toma de decisiones. No obstante, según la querella del CDE, Loyola, el gobernador Rodrigo Díaz y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE, Simón Acuña Medina, habrían sido los responsables de autorizar el considerable aumento en el financiamiento del programa.

En cuanto a la Fundación Bonhomía, la querella del CDE indica que, durante el año 2022, los hermanos Luis Pavón Hidalgo y Jorge Mizón Hidalgo, se habrían puesto de acuerdo para gestar el "arriendo" de la fundación. Este pacto habría sido realizado con el director de la entidad, Osvaldo Reinoso, bajo la propuesta del 3% del valor del financiamiento del proyecto. A cambio, Pavón y Mizón utilizarían la fundación para poder postular la iniciativa al GORE y serían ellos y sus relacionados los encargados de la ejecución del programa.

Con estos antecedentes, los hermanos Hidalgo postularon el programa antes mencionado a través de la Fundación Bonhomía, obteniendo una pronta aprobación por parte del GORE, a pesar de que la fundación no contaba con experiencia alguna en proyectos de este tipo y no poseía los recursos necesarios para realizar la iniciativa. Según la querella, estos elementos básicos no habrían sido considerados por los funcionarios públicos encargados de aprobar la postulación.

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Tras ser adquiridos los fondos, las rendiciones de cuentas emitidas por Fundación Bonhomía revelan que los fondos fueron utilizados para pagar facturas a las empresas Inversiones Luz Verde, Inversiones Chicureo Limitada, Mandarina Limitada, Agencia Pam Latam y Lahsen y Lahsen Limitada, además de unas pocas personas naturales.

Lo importante a señalar aquí, es que de las empresas mencionadas, cuatro de ellas son representadas legalmente por los hermanos Mizón y Pavón. Luz Verde, representada por Luis Pavón Hidalgo, emitió facturas que significan el 55% de los fondos entregados por el GORE, es decir, más de 197 millones de pesos.

Por otra parte, Inversiones Chicureo, Mandarina y Pam Latam, las tres representadas por Jorge Mizón Hidalgo, alcanzan en conjunto un total del 25% de los fondos. De esta forma, los hermanos Hidalgo no sólo habrían arrendado la Fundación Bonhomía, sino que además, lograron adueñarse de la totalidad de los fondos públicos entregados por el GORE para la ejecución de un programa que, según la querella del CDE, jamás se llevó a cabo.