El Caso Convenios ha sido un duro golpe para casi todos los sectores y partidos políticos chilenos. En el Biobío, la expresión judicial de este golpe tiene la particularidad de tener al Gobernador, Rodrigo Díaz, en el banquillo de los acusados... Y de los querellantes.

¿Hasta donde llegarán los tentáculos de los involucrados en Caso Convenios en el Biobío?.

La fiscal regional Marcela Cartagena señaló en julio pasado que el Ministerio Público penquista investiga a 15 fundaciones por eventuales delitos con dineros fiscales.

Sin embargo, los únicos que han presentado relativos avances son el mediático caso de Polizzi -en que recién la semana pasada la fiscalía pidió el historial de llamadas de Camila Polizzi, personas ligadas a la Fundación en Ti y funcionarios del Gobierno Regional del Biobío- y por otra parte la causa por la Fundación Mi Hogar Asuncionista, donde estaría involucrada una pieza vital en este caso, la exfuncionaria Tamara Vidal, gracias a quien la Fiscalía tiene bastante información en torno a la serie de investigaciones a su cargo en este marco penal.

No obstante, este avance no se ha visto en otras causas que son más relevantes a la hora de hablar de cantidades de dinero público. Varios nos preguntamos: ¿Qué pasa con los casos de IRADE y Procultura, quizás los más significativos en la zona?. Las indagatorias parecen ir en nada.

Y esto es llamativo a la luz de algunos antecedentes revelados, nuevamente, por la prensa. Hace unas semanas Interferencia reveló que la fiscal a cargo del Caso Convenios en el Bíobío, María José Aguayo, tendría una estrecha relación con la familia Esquerré, por lo que se habría inhabilitado en los casos donde apareciera Paul Esquerré, quien preside justamente IRADE y además a través de Esquerré Consultores estaría relacionado con los dineros públicos que recibió Procultura.

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La misma publicación señala que la fiscal, pese a haberse inhabilitado por esta relación, posteriormente le habría solicitado información del caso IRADE a la exfuncionaria del GORE, Tamara Vidal.

Cabe mencionar que Esquerré también prestó servicios a la campaña de Rodrigo Díaz cuando este fue electo gobernador. En IRADE coinciden Paul Esquerré y la antigua jefa de Rodrigo Díaz cuando trabajó en Buses Hualpén, Mónica Álvarez.

El medio señaló en otra publicación que no es solo Aguayo quien aparece con algún tipo de vínculo con IRADE. El esposo de la Fiscal Regional Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda Sanhueza, realizó una asesoría verbal a IRADE en diciembre de 2023. El Ministerio Público en su respuesta señaló que cuando el abogado prestó sus servicios, IRADE no estaba siendo investigada.

Sepúlveda Sanhueza es también funcionario del Consejo de Defensa del Estado, querellante en el Caso Convenios.

El Consejo de Defensa del Estado también aparece de manera polémica en el caso por segunda vez. En octubre del año pasado Georgy Schubert, jefe del CDE en Concepción, quedó inhabilitado luego que el GORE Biobío decidiera contratar como abogada externa a Ximena Sepúlveda, quien era hasta ese entonces su socia en "Schubert y Sepúlveda abogados".

Las trenzas políticas y familiares aparecen apenas se remueven un poco los muebles. También en el marco del Caso Convenios, la jueza del Juzgado de Garantía de Concepción, Claudia Castillo Jiménez, decidió inhabilitarse en causas del GORE por mantener una relación estrecha de amistad con la tía del Gobernador, Rodrigo Díaz.

La trama es larga y compleja, pero en el Biobío parece a nadie escandalizar. ¿Qué espera el Ministerio Público a nivel nacional para tomar cartas en el asunto?