En su informe final N°4 publicado en julio pasado, Contraloría denunció los riesgos de la falta de auditorías y transparencia en la actual Unidad de Control del Gobierno Regional.

Por Diego Chacano

A fines del mes pasado, nuevamente sería centro de polémicas el actual gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, por el informe emitido desde Controlaría en que se mencionan diversas falencias y transferencias multimillonarias aún no transparentadas; todo esto en el marco del Caso Convenios.

En teoría, para la investigación y prevención de este tipo de casos es que la Gobernación Regional cuenta con una Unidad de Control que, según el Informe Trimestral de Gestión Interna, con fecha 13 de marzo del presente año, es direccionado por Juan Carlos Veragua Segura. En su informe se define como un "órgano colaborador directo del Consejo Regional en la función de fiscalización, que depende jerárquicamente del Gobernador Regional, (…) que tiene como propósito velar por la correcta ejecución presupuestaria, la juridicidad de los actos y el principio de probidad".

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Sin embargo, tal como ha ido informando Resumen y que se ha visto refrendado con el último informe de Contraloría, el trabajo de la Unidad de Control tiene grandes falencias, pues se han denunciado posibles conflictos de interés de Rodrigo Díaz Wörner en la entrega de recursos a distintas fundaciones y corporaciones.

El informe final de la Contraloría detalla: "La presente auditoría se planificó teniendo en cuenta el importante aumento de los recursos transferidos por el Gobierno Regional, mediante los convenios para la Ejecución del Plan de Trabajo y Presupuesto Operacional para el año 2022 por $1.578.722.000 y el Fondo Reactivación Económica Pymes por $11.076.879.000".

A lo anterior se agrega: "Luego, considerando los riesgos detectados en su funcionamiento interno, tales como la alta concentración de tareas críticas de algunos funcionarios, y el aumento de gasto en nuevas actividades, entre otros aspectos, y considerando, además, la falta de auditorías por parte del Gobierno Regional, se estimó necesario llevar a cabo la presente auditoría".

Desde el Gobierno Regional se respondió: "Como Gobierno Regional del Biobío tenemos un compromiso para que este tipo de hechos no se repita bajo ninguna administración. Por ello, hemos implementado 18 medidas de probidad para mejorar los procesos de control y buen uso de los recursos públicos, incorporando medidas incluso más allá del marco legal"; entre otros puntos que aborda su comunicado público.

Específicamente, la falta de auditorías de parte de la Unidad de Control ha sido uno de los eventos que algunos consejeros regionales como Javier Sandoval Ojeda han denunciado desde hace tiempo: "Es una muestra de la inacción e inobservancia que permanentemente hemos denunciado", comenta el CORE, añadiendo "y que en variados aspectos Contraloría ha confirmado".

"Auditorías que hemos solicitado junto a cuestionamientos reiterados a la falta de transparencia y que nunca se abordaron debidamente, redundando en falta a la probidad, por lo que ahora Contraloría se ve en la obligación de auditar al Gobierno Regional ella misma", comentó el Consejero.

Cristian Andrade y Republicanos

De lo anterior nace la pregunta: ¿Quién es entonces el encargado de las auditorías desde la Unidad de Control? La respuesta: Cristian Andrade Salgado, quien actualmente figura como candidato al Consejo Regional por la Circunscripción Provincial Concepción I, en el Pacto Republicanos e Independientes.

Según palabras del CORE, Piero Blas: "A finales del año 2022 el gobernador discute con la directora de Control -después se querella contra él por acoso laboral- se va, y mientras no hay director de control asume Cristian Andrade como titular suplente y en esa calidad se presenta al consejo regional durante todo el 2023, en el foco del Caso Convenios". Se mantendría así "hasta que se designa a fin de año a Juan Carlos Veragua", quien es el actual jefe de la Unidad.

A día de hoy, según el informe trimestral, Cristian Andrade figura como auditor, coordinador para la implementación del SISREC y ejecución del Plan Anual de Auditoría. Sin embargo, el documento de Controlaría de 109 páginas, revela retrasos significativos en la aprobación y contabilización de las rendiciones de cuentas, posibles conflictos de interés en la ejecución de los convenios, irregularidades en la ejecución de convenios, en especial de la Fundación Bonhomía, la ONG Red Cultivarte y la Corporación Motum, además de la ya mencionada falta de auditorías por parte de la Unidad.

Durante la semana pasada, la Fiscalía regional solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción agendar la fecha para una audiencia en que se formularán cargos a 11 imputados en la arista de la Fundación Bonhomía. Además de abrir una investigación por una eventual obstrucción a la investigación, según palabras de la fiscal María José Aguayo.

El Partido Republicano ya ha aparecido en estas investigaciones en el Biobío. Durante octubre del año pasado, Resumen revelaba las llamativas particularidades de la rendición de cuentas que se hizo ante el GORE Biobío por parte de la Fundación Bonhomía, la cual recibió 356 millones de pesos mediante asignación directa. Este dinero iba, en teoría, destinado a la ejecución del programa "Biobío Vive Sano" para lo que el coordinador del programa, Sebastián Mizon Hidalgo, contrató a empresas como Luz Verde SpA, cuyo representante legal, Benjamín Pavón Hidalgo, es su hermano directo.

Junto a lo anterior, la empresa tenía contratada a Ana Manuela del Carmen Hidalgo Rose-Price, madre de ambos y excandidata a concejala por Chiguayante por cupo del Partido Republicano. El mes de marzo, la Policía de Investigaciones allanó Luz Verde SpA, encontrando diversas drogas en su interior, tales como MDMA.

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Durante 2023, y meses antes del artículo publicado por Resumen, Camila Arriagada y Javier Sandoval denunciaban la poca transparencia en la asignación directa de recursos a la fundación Bonhomía además de la falta de constancia del desarrollo de la actividad que el programa supuestamente ejecutaría. Pero estas denuncias tampoco llegaron a ser atendidas por la Unidad de Control, no se realizó auditoría y se procedió con la entrega de fondos.

Cristian Andrade fue consultado la semana pasada para tener su versión de los hechos, sin embargo, dijo no estar "facultado para entregar una (cuña) al respecto", y prefiere que las preguntas se le realicen al equipo de comunicaciones del GORE.

Cabe recordar que en abril de este año, otro cercano al Partido Republicano, Mauricio Ojeda, fue salpicado por el Caso Convenios, luego de que el Ministerio Público lo investigase por $45 millones en cinco transferencias distintas a la Fundación Folab por parte del Gobierno Regional de La Araucanía.