El Ministerio Público apunta la presunta implicación de cuatro funcionarios públicos en los delitos de cohecho o negociación incompatible, en el contexto de la investigación de los convenios irregulares que vinculan al Gobierno Regional de La Araucanía, presidido por Luciano Rivas (Evólpoli), con las fundaciones Educc y Folab.

Por Michelle Matínez

El pasado viernes 13 de octubre, las oficinas del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía fueron allanadas por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Alta Complejidad (FAC) para examinar dispositivos tecnológicos pertenecientes a la institución. El objetivo del procedimiento era determinar si funcionarios mantienen registros de los convenios realizados con las fundaciones Educc y Folab. Dicha fiscalización fue llevada a cabo como parte de las indagatorias que involucran presuntos fraudes en estas dos fundaciones, las que habrían malversado $730 millones en un convenio financiado por el GORE de la región.

El proyecto, elaborado en septiembre del año pasado por las fundaciones investigadas, contemplaba la ejecución de cursos de belleza y manicure dirigidos a más de doscientas mujeres de la zona. En agosto de este año, las usuarias del programa denunciaron el cierre abrupto de los cursos implementados por las instituciones, por lo que el mismo Gobierno Regional ingresó una querella en contra de Educc y Folab bajo la acusación de administración desleal y lavado de activos. En la actualidad, Rinet y Juvenal Ortiz, hermanos y directivos de las fundaciones, se encuentran en prisión preventiva tras ser detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI).

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De acuerdo a la información compartida por la Fiscalía Regional, parte del proceso de allanamiento realizado por la policía incluyó el respaldo electrónico de los servidores informáticos del GORE, además de la incautación de computadores y celulares de la institución, con el objetivo de analizar materia de investigación que presuntamente involucraría a funcionarios de la institución.

Hasta la fecha, el Gobierno Regional no se había vinculado directamente con el caso más que como figura financiadora y denunciante de las fundaciones. Sin embargo, durante la tarde del viernes, de forma paralela a las pericias realizadas en el GORE, también se allanaron domicilios particulares pertenecientes a funcionarios de la misma institución, de acuerdo a lo explicado en un punto de prensa por Roberto Garrido, Fiscal Regional de La Araucanía.

«Durante el desarrollo de la investigación, se ha logrado determinar que existen antecedentes que permitirían dar cuenta de la comisión de delitos funcionarios, es decir, de personas vinculadas con la tramitación, aprobación y la supervisión de los proyectos que eventualmente incurrieron en hechos ilícitos» explicó Garrido a los medios. Sumado a esto, declara que son cuatro los funcionarios públicos que están siendo investigados por su eventual participación en los delitos de cohecho o negociación incompatible.

Frente a esto, el gobernador Luciano Rivas, a través de un comunicado de prensa, declaró su aprobación con respecto a las indagaciones realizadas: «Entregamos nuestro total apoyo y respaldo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Desde un primer minuto he señalado que con la fe pública no se juega y por eso hemos presentado querella contra las fundaciones señaladas».

En relación a las identidades de estos trabajadores, la Fiscalía no revelará sus nombres al constituirse como materia de investigación. Sobre los resultados de estas indagaciones, se proyecta que desde aquí hasta a mediados de diciembre se conocerán más detalles del caso, considerando que el oficio fue iniciado en agosto y el plazo de investigación es de cuatro meses según lo establecido por la Fiscalía Regional.