Siendo la región de la Araucanía una de las más afectadas por casos de abusos y represión durante el Estallido Social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó 179 víctimas registradas y 24 agentes del Estado bajo investigación.

Por Michelle Martínez

El 18 de octubre marcó un precedente en la historia de Chile al movilizar a todo el territorio por la visibilización de múltiples derechos sociales. Durante las marchas, la comunidad denunció, a lo largo del país, la vulneración de los Derechos Humanos, detallando la manera en que se han implementado medidas de represión estatal.

Durante un punto de prensa realizado este miércoles, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos informaron sobre más de 6 mil 800 denuncias realizadas en todo Chile, entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. Los hechos vulneratorios querellados incluyen golpizas (con 2.095 víctimas), disparos de perdigones (con 1.844 casos), desnudamientos (con 381 casos) trauma ocular (con 381 casos), además del asesinato de siete personas. 

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Actualmente, en la Araucanía existe un total de 179 víctimas registradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). De estas, 158 víctimas están registradas por apremios ilegítimos, 10 víctimas de trauma ocular y 11 por situaciones de abuso sexual, informaron desde el INDH.

Respecto a las características de las víctimas, según los registros expuestos, se contabiliza que el 79% son hombres y el 21% mujeres; de este mismo grupo, 21 son niños, niñas y adolescentes, 29 personas pertenecientes a pueblos originarios y seis son parte de la comunidad LGBTQI+. Respecto a los agentes del Estado investigados, actualmente se contabilizan un total de 24 formalizados a partir de causas presentadas por el INDH de la Araucanía: 16 corresponden a Carabineros y ocho a militares. En relación con las causas, se contabilizan un total de 179, estando 109 causas en estado de trámite, 13 causas formalizadas y 54 terminadas.

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Existen dos casos que marcan un precedente en la formalización de agentes del Estado en la Araucanía: El primero es el caso de vejaciones en contra de un menor de edad en la Plaza de Armas de la comuna de Gorbea, y el segundo, es el simulacro de fusilamiento ocurrido en el Cementerio General de Temuco contra dos manifestantes.

«Las vejaciones injustas, en el caso del menor de edad de Gorbea, fueron perpetradas por tres carabineros, y cuenta con una sentencia condenatoria de 541 días. El hecho más preocupante es que involucra a un adolescente de 15 años. Sin embargo, por un recurso de nulidad de la defensa, no se encuentra ejecutoriada aún (la condena). En relación con el caso del Cementerio General, este se cataloga dentro del delito de tortura, cometida en contra de un grupo de jóvenes que fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento por parte de una patrulla militar, esta sentencia tampoco se encuentra ejecutoriada, y tanto el Ministerio Público como el INDH presentaron un recurso para su revisión» explica Federico Aguirre Madrid, jefe de la sede del INDH de la Araucanía.

Falta de acceso a justicia y reparación

Aguirre comentó a Resumen que, «el estándar internacional de los Derechos Humanos exige que las acciones judiciales sean prontas, efectivas y eficaces para los efectos de garantizar el derecho de las víctimas al acceso de justicia. Lamentablemente, a cuatro años de ocurridos los hechos que motivaron la protesta social, nada de eso ha ocurrido, y si no se introducen cambios significativos, en términos de aportes impulsados por los órganos estatales, específicamente provenientes del Ministerio Público, nos vemos expuestos a que esta situación desoladora se traduzca en impunidad».

Sobre estos hechos, las medidas reparatorias elaboradas por el Estado han sido fuertemente criticadas, desde organizaciones de DDHH hasta las propias víctimas. Estas propuestas están analizadas dentro del Informe de Derechos Humanos, publicado en 2022 y elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), en la que se detalla un capítulo especialmente dedicado al análisis de las medidas gubernamentales de reparación para las víctimas de la represión estatal durante el Estallido Social.

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Una de las iniciativas integradas durante 2019 por el Gobierno es el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), el que aseguraría atención gratuita interdisciplinaria (médica, psicológica, estética y funcional) para el tratamiento de personas víctimas de trauma ocular durante el Estallido Social. La segunda, fue la propuesta realizada por el Ministerio Público a través de la Ley de Presupuestos que involucra la pensión de gracia, la cual cuenta con una serie de requisitos para su postulación.

Como resultado del análisis de las medidas gubernamentales, el documento especifica que el PIRO «ha sido deficiente y no ha apuntado, en todos los casos, a la superación del trauma provocado por la violación de derechos», considerando que «las víctimas han reclamado la falta de profesionales con formación en derechos humanos, dificultades en el acceso a medicamentos, demoras en la atención, maltratos por parte de ciertos médicos tratantes y de personal administrativo, entre otros aspectos deficientes». El informe emitido por la UDP señala que la Araucanía se constituye como uno de los seis territorios con mayor demanda para las atenciones del programa.

Marta Valdés Recabarren, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, explica en detalles la experiencia de las víctimas con las atenciones recibidas por parte del PIRO: «Nosotros no podemos ignorar la experiencia de nuestros integrantes, que han contado que el servicio ha sido deficiente, sobre todo en materia de salud mental. Tenemos compañeros y compañeras que se han suicidado por la falta de intervención. El programa PIRO solo ha ofrecido atención de psicólogos, por lo tanto, nosotros hemos tenido que buscar apoyos a través de la autogestión y la coordinación con psiquiatras y psicólogos, que han acudido a nosotros tanto por contactos realizados por la coordinadora como por iniciativa propia».

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En relación a la propuesta de la pensión de gracia, Valdés agrega que «es un sistema que revictimiza a las personas que han sufrido un desmedro de su calidad de vida producto de la represión del Estado, teniendo que postular y realizar una serie de pasos burocráticos que involucran la argumentación de cómo las agresiones han afectado su vida diaria, en vez de ser de carácter universal. Esto no hace más que abrir las heridas».

La vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular declara que, a cuatro años del Estallido Social, «no puede existir una cultura de reparación si no existe un reconocimiento por parte del Estado de los hechos violentos y la represión Estatal ejercidas contra las víctimas. Nosotros continuaremos luchando y movilizándonos hasta que el Estado reconozca que durante el Estallido Social se cometieron crímenes en contra de los Derechos Humanos».