El Caso Convenios ha sido un tema de gran controversia durante el último tiempo en nuestro país. Las presuntas irregularidades en la asignación de recursos estatales a corporaciones, ONGs y fundaciones han alcanzado gran magnitud en el escenario político y todos los cuestionamientos se han dirigido hacia el gobierno actual, sin embargo, esta práctica pareciese ser recurrente en la clase política y por ende, en gobiernos anteriores, por ejemplo, el de Sebastián Piñera. 

Por Antonia Acuña Sandoval

Recientemente, El Ciudadano tuvo acceso a información que revela posibles irregularidades en la materialización de convenios durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ella se detallan las transacciones realizadas por la seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá a la ONG Enlace Urbano, datos que llamaron la atención y que habrían dejado al descubierto anomalías en la legitimidad del traspaso de fondos públicos.

Encabezada por Diego Díaz Sepúlveda, Tiffany Whittaker Hyland, Francisco Goñi Pení y debido al "explosivo aumento de asentamientos informales", es que en abril del 2021, surge Enlace Urbano; organización que, a solo 5 meses de su creación, se adjudicó más de 300 millones de pesos desde la seremi de Vivienda y Urbanismo, la que en ese entonces estaba a cargo de Carlos Prieto Rojas, militante de Renovación Nacional.

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Según la información proporcionada por el citado medio, durante la indagatoria se verificó que durante 2021, el monto total de fondos asignados a Enlace Urbano habría alcanzado los $330 millones, por medio de dos transacciones que fueron efectuadas con pocos días de diferencia. Ambas, realizadas bajo un convenio pactado entre Carlos Prieto (seremi), Juan Manuel Torres (SERVIU Tarapacá), y Diego Díaz (Enlace Urbano).

Dentro de los registros, se detallan cuatro resoluciones exentas derivadas de 4 iniciativas: Proyecto San Martín, Proyecto Nueva Esperanza, Proyecto Caramucho y Proyecto Phaxi Warmi. 

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Además, durante el registro, se observó que esta organización, creada cinco meses antes de su primer acuerdo directo, no contaba con personal permanente, ni reportan experiencia previa.

Respecto a esto, el diputado Matías Ramírez presentó un oficio el pasado 9 de agosto dirigido a Jorge Bermúdez, contralor general de la República, en el que solicita dar inicio a una investigación para identificar la presencia de otros posibles casos como este y, asimismo, identificar la posible intromisión de los funcionarios que examinaron y posteriormente aprobaron estas transacciones. Entre ellos, se menciona a Natalia Velásquez Rodríguez, encargada de asentamientos precarios, y Alonso Velásquez Rodríguez, quien ocupaba el cargo de jefe de gabinete de Carlos Prieto a la fecha de las transferencias.

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En esta línea, Enlace Urbano hizo público un comunicado en respuesta a la denuncia, remarcando su independencia, su separación de cualquier tendencia política y el objetivo que motivó la creación de la organización: "generar e implementar soluciones para ayudar con la crisis habitacional".

Frente a este nuevo caso de posibles irregularidades en el traspaso de recursos públicos, es importante mencionar que el problema de los convenios no es un fenómeno reciente ni mucho menos aislado, sino que ha persistido al interior de la clase política a lo largo de las últimas décadas, desde la instauración de la dictadura hasta nuestros días.