La jornada de este miércoles, los Consejeros Regionales del Biobío, Camila Arriagada y Javier Sandoval, ingresaron una denuncia a la Contraloría por la asignación directa de recursos desde el Gobierno Regional del Bío Bío a la fundación Bonhomía sobre la cual no hay constancia del desarrollo de las actividades de un programa que se encuentra ejecutado, señalaron.
Por J. Murieta y Juan Contreras Jara
Los representantes del CORE, además, solicitaron a la Fiscalía que se indague el uso, movimientos y destino final del dinero transferido desde el GORE del Biobío a la Fundación Bonhomía, de modo de establecer si existe o no algún eventual delito ante la inexistencia de verificadores que den cuenta de la ejecución de los más de 350 millones de pesos aprobados, mediante asignación directa, por el gobernador regional Rodrigo Diaz durante 2022.
El programa en cuestión, desarrollado por la Fundación Bonhomía, denominado "Política regional para promover el bienestar Biobío vive sano", tiene estado terminado, "pero al revisar las redes sociales de la Fundación Bonhomía, no existe evidencia de las actividades realizadas. Tampoco se encuentra disponible su sitio web, aún cuando en el detalle presupuestario existen ítems relacionados con este tipo de verificadores, de una iniciativa que esperaba beneficiar a cerca de 23 mil personas, en 4 meses de ejecución." indica la presentación.
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En el emplazamiento al Ministerio Público, los Consejeros señalan que, "en términos administrativos, no tenemos información respecto de la vigencia de la Fundación, luego que publicaran la renovación de su directiva en septiembre de 2022, periodo en el cual debieron haber estado desarrollando la iniciativa financiada por el Gobierno Regional. Tampoco tenemos respaldo del certificado de recomendación técnica, luego de las inconsistencias en el formulario de postulación y su matriz marco lógico, ambos documentos que se adjuntan y que forman parte de la tramitación de la iniciativa".
Resumen llegó hasta las dependencias de la fundación Bonhomía, ubicadas en Vilumilla 623 Concepción, a pasos del Juzgado de Garantía, para entrevistar a alguno de sus directivos. En el lugar, atendió un trabajador que comentó ser el único monitor que mantendría la institución cuestionada por los consejeros regionales, agregando que no había nadie más en el lugar. Al momento de solicitar hablar con un representante, se nos otorgó un número de contacto pero hasta el cierre de esta edición, no respondieron a las llamadas.