En enero de 2020 y junio de 2021, la Universidad de Concepción firmó convenios con ProCultura y Urbanismo Social -respectivamente-, ambas organizaciones involucradas en el Caso Fundaciones -o Caso Convenios– para el desarrollo de tareas entre las entidades. En el caso de ProCultura, el convenio duraba hasta el mismo año en que la fundación anunció su cierre, mientras que con Urbanismo Social su duración es indefinida.
Por J. Arroyo Olea
En la región del Biobío el Caso Fundaciones -o Convenios- ha dejado diversas esquirlas que, pese al terremoto político que generó cuando estalló, se ha traducido en pocos avances públicos que se conocen en materia de investigación. Sin embargo, esto no significa que los cuestionamientos hayan parado.
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ProCultura y Urbanismo Social son dos de las fundaciones mayormente implicadas en icónicos casos, siendo organizaciones que hoy no estarían operando. En el caso de ProCultura, en noviembre de 2023 anunció el cierre de sus actividades como «consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional» tras verse directamente implicada en el cuestionamiento de la asignación de recursos con entidades públicas, mientras que en el caso de Urbanismo Social la fundación solicitó en junio pasado declararse en quiebra ante los problemas financieros que afronta producto del impacto reputacional de la misma.
Pero los tentáculos de los convenios sostenidos de parte de ambas fundaciones no se dirigieron netamente a organismos del Estado. RESUMEN revisó parte de los convenios suscritos durante los últimos años por la Universidad de Concepción, identificando al menos un acuerdo entre la casa de estudios penquista y ambas fundaciones.
En el caso de ProCultura -una de las organizaciones clave en el Caso Fundaciones-, el documento (disponible acá) fue firmado entre la fundación y la casa de estudios el 22 de enero de 2020, quedando estipulado como objetivo «fomentar la cooperación y realización de actividades conjuntas (…) en las áreas de cultura, ciencia, economía, diseño, y todas aquellas que digan relación con la puesta en valor del patrimonio». Asimismo, el convenio impulsaba «iniciativas que ambas instituciones consideren pertinentes y que impliquen el traspaso de capacidades, conocimientos y habilidades».
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En esta línea, el convenio estableció que, de forma piloto, sería ProCultura quien presentara «proyectos y programas específicos, asociados a temáticas culturales y de diseño», donde las actividades impulsadas por las entidades «se encuentran sujetas a la condición esencial y suspensiva consistente en la obtención íntegra de los fondos destinados a su financiamiento».
En su tercer eje, el documento hace entrever que sería ProCultura la institución que financiaría dichas actividades, planteando que «estará exenta de cualquier responsabilidad legal derivada de la imposibilidad de obtener, total o parcialmente, los recursos o fondos necesarios para la ejecución de cualquier proyecto o programa que sea presentando en el marco de este convenio», estipulándose que el financiamiento podría «provenir de donaciones de privados, fondos públicos concursables y en general de cualquier fuente reconocida y amparada por la Ley». Esta situación podría complejizarse al lograrse vincular dicho origen de financiamiento en los cuestionados acuerdos firmados entre ProCultura y otras entidades.
Respecto a la vigencia, el convenio estipulaba una duración inicial de 3 años, pudiendo renovarse «si las partes no manifestaren su voluntad de ponerle término».
Poco más de un año después que la administración del rector Carlos Saavedra Rubilar firmara el convenio con ProCultura, llegaba el turno de Fundación Urbanismo Social. El 26 de julio de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, las entidades constituyeron un convenio de colaboración (disponible acá) con el objetivo centrado en el «desarrollo de actividades conjuntas que faciliten el logro de objetivos propios de ambas instituciones, como, asimismo, el desarrollo de programas de colaboración mutua».
El convenio en cuestión abordaba cuatro áreas de colaboración: Formación -incluyendo capacitación conjunta-; Colaboración en proyectos -incluyendo asistencia técnica y consultorías-; Investigación -específicamente con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía-; y Beneficios -con acceso para empleados de Urbanismo Social como también para quienes participaban del Magister de Procesos Urbanos Sostenibles-.
En términos de financiamiento, el convenio estableció que «las partes pondrán a disposición de los programas y proyectos que se desarrollen todos los recursos humanos y materiales disponibles necesarios en cada caso». Sin embargo, el documento acredita que la colaboración «no supone compromiso económico alguno para las partes y su funcionamiento queda supeditado a la obtención de los recursos necesarios para las actividades conjuntas que se organicen», situación similar a la que se vivió con ProCultura.
Uno de los elementos llamativos se concentra en su cláusula N°12, donde se plantean elementos de reserva y confidencialidad. El texto dice íntegramente: «Las partes tienen la obligación de guardar la más estricta reserva y confidencialidad acerca del detalle de las propuestas de trabajo que se elaboren en el cumplimiento del presente convenio y sus modificaciones o contrapropuestas afines o accesorias, criterios de estandarización y de cualquier otra índole perteneciente a las partes, sus coligadas, filiales o colaboradores que den cuenta de la metodología y forma de trabajo de las mismas, no pudiendo ser expuestas a conocimiento público, de terceros o autoridad alguna, ni con fines académicos, salvo autorización previa y expresa de las partes».
En términos de plazo, este convenio, a diferencia del sostenido entre la Universidad de Concepción y ProCultura, estipuló una duración indefinida.
La tarde del 26 de septiembre de este año, RESUMEN contactó vía correo electrónico a Noticias Institucionales de la Universidad de Concepción, desde donde recibieron las preguntas y declararon que los organismos estaban gestionando las respuestas.
Las preguntas de este medio se dirigían a cuál era la evaluación realizada por la casa de estudios sobre estos convenios y, ante el escenario que afrontan ambas fundaciones, cuál era la situación en la que se encontraban dichos convenios. Sin embargo, al cierre de la edición de esta nota, la Universidad no hizo entrega de las respectivas respuestas.