Durante el año y medio en que el actual candidato a gobernador, Sergio Giacaman, estuvo al mando de la región como Intendente del Biobío multiplicó por cuatro los aportes de dineros públicos a la Universidad San Sebastián. 

Desde que se destapara el Caso Cubillos y su salario de 17 millones de pesos en la Universidad San Sebastián (USS), la casa de estudios privada ha estado en el centro de la polémica en lo que apuntan las sospechas podría ser un eventual caso de financiamiento ilegal de la política, en particular, como potencial caja pagadora de la UDI.

Un caso particular en este sentido se vive en la Región del Biobío, lugar de origen de la USS. Según información publicada por Interferencia, en los últimos 10 años, recibió $1.920 millones desde el Gobierno Regional, donde $1.618 fueron traspasados entre 2018 y 2021, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera a través de los intendentes que el difunto nombró; todos militantes de la UDI. «Esto implica un aumento en la entrega de fondos de un 823% en relación a los $175 millones que pasó el segundo gobierno de Michelle Bachelet a la USS», indicó el medio.

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Universidad San Sebastián e intendentes de Piñera

Durante el mandato de Jorge Ulloa (UDI), entre 2018 y abril de 2019, el Gore del Biobío traspasó $125 millones. Posteriormente, el cargo fue asumido por Sergio Giacaman, UDI por ese entonces y actual candidato «independiente» -pero por el pacto de Chile Vamos- a gobernador regional, quien entregó $450 millones a la universidad privada antes de dejar del cargo en noviembre de 2020. Finalmente, Patricio Kuhn, transfirió $1.042 millones, de los cuales, 500 venían de un proyecto que había sido aprobado en la gestión de Giacaman.

Ciper Chile dio a conocer a fines de septiembre que paralelamente a lo que pasaba en la región, a nivel central la Subsecretaría de Educación, encabezada por la propia Cubillos de ministra, pagó $1.479 millones al plantel, los cuáles han sido catalogados como un récord en comparación a la administración anterior, entregándole a la casa de estudios tres veces más de lo facilitado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.