La Central Ralco, la mayor hidroeléctrica de Chile, sigue generando controversias tras décadas de conflicto socioambiental. En pleno 2020, la Universidad de Concepción firmó un millonario convenio con Enel para restaurar parte del daño ambiental causado por el incumplimiento del plan de reforestación comprometido en el proyecto original de la Central Ralco, el cual afectó gravemente territorios mapuche pewenche.

Por J. Arroyo Olea| Colaboración con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

A fines de marzo 2020, en pleno contexto de pandemia, la Universidad de Concepción y la transnacional Enel firmaron un convenio de colaboración (disponible acá) que significó un millonario pago en beneficio de la casa estudios.

Y es que, acorde a lo señalado en el propio convenio, en abril de 2019 la Superintendencia del Medio Ambiente notificó a la transnacional italiana de una formulación de cargos “por no ejecutar la totalidad de reforestación comprometida en la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ralco, quedando pendiente a esa fecha 685 hectáreas”.

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Esta central constituye la hidroeléctrica con mayor capacidad instalada de Chile, y arrastró un profundo conflicto socioambiental en territorio mapuche pewenche, desplazando a comunidades y conllevando profundos impactos ambientales, culturales y sociales que siguen latentes.

Ante esta situación, señala el documento, “ya había sido abordada por Enel mediante un Convenio firmado en diciembre de 2015 con la Facultad de Ciencias Forestales”, de la misma casa de estudios, el cual consideraba un “aporte económico para la ejecución de un proyecto de investigación científica de especies nativas que contemplo la reforestación de 700 hectáreas de bosque nativo”.

Sin embargo, tras el proceso administrativo sancionatorio y la aprobación de un programa de cumplimiento de Enel en septiembre de 2019, se estableció que se debían plantar 63,07 hectáreas con especies lleuque, guindo santo y ciprés de cordillera, como también restaurar 4,1 hectáreas adicionales de esta última especie por retraso en la plantación de especies protegidas.

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Así, el convenio firmado en plena pandemia apunta a ejecutar 57,67 hectáreas plantadas y de restauración ecológica, para lo cual se comprometía la entrega desde la transnacional de $903.025.131 para la ejecución de actividades por la casa de estudios penquista.

Este monto se entregaría entre los años 2020 a 2023, siendo reajustados anualmente acorde a las variaciones del IPC con la finalidad de que la Universidad de Concepción tuviera, a través de Foresta Nativa, elementos como disponer de predios necesarios para efectuar restauración ecológica, establecer convenios para compra de especies, diseñar-ejecutar-monitorear la restauración y contar con profesionales disponibles para las etapas del proyecto.

Si bien, el convenio contaba con una duración inicial de tres años, este podría extenderse “hasta que se logren los objetivos aquí establecidos”, situación que, a la fecha, es desconocida públicamente.

“Se terceriza un plan de restauración”

Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, catalogó esta situación como grave, toda vez que “Enel le transfiere toda la responsabilidad legal a la Universidad de Concepción o, dicho de otra forma, le transfiere la responsabilidad de hacerse cargo por los convenios con otros privados donde se haga la reforestación” para acatar el acto sancionatorio.

Asimismo, Cuenca enfatiza en que la transnacional a cargo de Central Ralco no solo contrata a la casa de estudios penquista “para implementar una medida de compensación, sino que terceriza un plan de restauración ecológica que, ante la institucionalidad ambiental, debiera ser de la propia empresa y no como un servicio de la Universidad”.

El director de OLCA explicó que el caso demuestra “una clara transferencia de responsabilidad, una tercerización, pero también una gravísima falencia de fiscalización de los organismos”, más aún en “un caso donde la construcción del proyecto se realizó tras un acuerdo, con la mediación de la CIDH, entre comunidades mapuche pewenche y el Estado de Chile, por lo que debiera existir una mayor rigurosidad en los mecanismos de fiscalización y el cumplimiento de compromisos que permitiera mitigar y compensar, en parte, los daños causados”.