La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por autoridades mapuche-pewenche y respaldó el permiso otorgado por CONAF para intervenir especies protegidas, ratificando así la continuidad del proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue. Con esta decisión, el máximo tribunal del país desestimó realizar una nueva consulta indígena, pese a los cuestionamientos por el impacto ambiental y cultural del proyecto impulsado por capitales chinos en el río Biobío.

Por J. Arroyo Olea

Fue la última semana de junio cuando la Corte Suprema finalmente se pronunció sobre un recurso interpuesto en representación de cuatro machi y una lawentuchebe, contra la decisión de la Corporación Nacional Forestal de permitir la realización de obras del proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue sin realizar un nuevo proceso de consulta indígena.

En concreto, la resolución de CONAF permite a la empresa china intervenir especies protegidas como el guindo santo y naranjillo sin considerar la eventual realización de un nuevo proceso de consulta indígena, toda vez que dichas especies son de relevancia para el pueblo mapuche pewenche y que, a la vez, son entendidas como vulnerables.

Así, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción fallara en favor de la resolución de CONAF, el conflicto escaló hasta el máximo tribunal del país, el cual dio un portazo a las comunidades y organizaciones tras el recurso, confirmando el fallo de primera instancia.

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Desde la empresa Rucalhue Energía contactaron a RESUMEN, enviando un comunicado sobre el hecho en el cual señalan que «con este fallo, el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue nuevamente ha confirmado ante los tribunales de justicia su validez jurídica y ambiental al haber enfrentado y superado más de ocho recursos judiciales y administrativos en los últimos 4 años: cuatro de protección, tres de reposición, uno de caducidad y uno de invalidación -este último pendiente de resolución- presentados, entre otros, por personas naturales y ONGs vinculadas a causas ambientales desde el año 2021, en contra de distintos permisos y autorizaciones otorgadas al proyecto».

En esta línea, la empresa china indicó que «Central Hidroeléctrica Rucalhue es el primer proyecto de CWE en Chile, y como tal la compañía mantiene la confianza y convicción de que es un proyecto viable y con proyección futura«. Asimismo, explicó que «tras el atentado perpetrado a sus instalaciones en abril pasado, las obras de construcción de la Central presentan hoy más de 20% de avance con alrededor de 700 personas contratadas (…). Es importante destacar que el proyecto forma parte del Plan de Fortalecimiento de Biobío por su aporte a la inversión, empleo y desarrollo local«. Este último, el PFI, ha sido ampliamente cuestionado debido a que conlleva la aceleración de criticados proyectos viales, mineros y energéticos que han generado grandes conflictos aún latentes en distintos puntos del Biobío.

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Por su parte, Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, indicó a RESUMEN que «lamentamos por sobre todo que el fallo de la Corte Suprema no tenga ninguna fundamentación al respecto. Creemos que esto es un vicio esencial al deber de fundamentación mínimo de las actuaciones del Estado y resoluciones judiciales».

En esta línea, Astorga señaló que se encuentran evaluando la vía internacional para recurrir en contra de CONAF y el Estado de Chile por el no otorgamiento de consulta indígena en contra de las comunidades mapuche pewenche afectadas por el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue».

Esto, en correlación con las vías jurídicas que ya se han desarrollado anteriormente «para frenar este nocivo proyecto», indicó el abogado.