Para mediados de julio se estableció por el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara la audiencia de formalización contra jóvenes acusados de participar en acciones en oposición al proyecto hidroeléctrico que pretende instalarse en la localidad de Rucalhue interviniendo el río Biobío, a partir de dos querellas ingresadas por la empresa de capitales chinos. El proyecto fue ingresado hace casi una década y se ha encontrado con diversas trabas para avanzar en su construcción.

Por J. Arroyo Olea

El conflicto que arrastra el proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue asoma una nueva arista que avanzó lentamente durante los últimos años. Esta guarda relación con el proceso judicial que vive más de una decena de jóvenes defensores del río Biobío, el cual pretende ser intervenido con la central de capitales chinos.

Fue en 2021 cuando la empresa Rucalhue Energía SpA ingresó dos querellas contra habitantes de la provincia del Biobío, producto de acciones de movilización realizadas por comunidades y organizaciones. Una de estas inició en febrero de 2021 con la ocupación del lugar donde se encontraba trabajando la empresa, levantando un campamento que fue desalojado por Fuerzas Especiales de Carabineros en julio del mismo año en el marco de una primera querella ingresada por la empresa.

Posteriormente, en octubre de 2021 nuevamente se desarrolló la instalación de un campamento a orillas del río Biobío, el cual fue desalojado violentamente por Carabineros y guardias de seguridad de la empresa a inicios de diciembre del mismo año, desembocando en una segunda querella.

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Tras más de un año del ingreso de ambas acciones legales, estas fueron agrupadas en una causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, desde donde se informó que se realizará la audiencia de formalización de investigación, además de la exploración de una eventual salida alternativa, a mediados de julio de este año.

En este contexto, la causa apunta a 12 jóvenes como imputados por tres delitos: usurpación violenta, amenazas simples y daños simples.

La citación a audiencia viene a colocar nuevamente en la palestra lo que se ha denunciado como criminalización a la protesta por parte de organizaciones y comunidades en defensa del río Biobío.