La megaminería en el hermano país argentino es un impulso que mantiene latentes diversos conflictos ante la resistencia de las comunidades. Tal es el caso que se vive en la provincia de Chubut, donde la criminalización, tergiversación de los mecanismos de participación y blindaje hacia empresas canadienses forman parte del escenario político actual al cual se han enfrentado los pueblos en defensa del territorio.

Por OLCA y RESUMEN

La megaminería en América Latina es protagonista de diversos conflictos latentes en la región, irrumpiendo en los territorios pese a la resistencia de diversas comunidades en defensa de los ecosistemas y el buen vivir.

Tal es el caso que se vive en Chubut, una provincia patagónica del sur de Argentina donde se han impulsado desde hace años proyectos extractivistas y que han tenido como respuesta la organización y oposición de sus habitantes. Actualmente, el Proyecto Navidad -liderado por capitales canadienses- es aquel que promueve gran parte del conflicto, relacionándose con resquicios legales, criminalización de la protesta y la resistencia de los pueblos.

Para conocer más a profundidad el conflicto conversamos con Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. y Flavia Nuñez, integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la cual forma parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, un espacio que es parte de una red amplia de organizaciones sociales que luchan contra el extractivismo en Argentina.

El conflicto anclado: Megaminería o Vida

Los conflictos socioambientales en Chubut no son recientes, sino más bien cuentan con un arraigo histórico que Nuñez sitúa en la década de los noventa bajo el cuestionado gobierno liderado por Carlos Menem donde se intentó instalar en la provincia argentina el basurero nuclear de Gastre.

En dicho contexto, el proyecto fue frenado, indica Flavia, «gracias a la movilización popular y la concientización, a través de una organización que es el MACH -Movimiento Antinuclear de Chubut». Sin embargo, la embestida neoliberal continúo bajo el gobierno de Menem

Así, el impulso de reformas al Código de Minería en Argentina ampliaó una serie de exenciones impositivas: «ley de inversiones mineras, la ley de descuento por el IVA, la ley de descuentos por puertos patagónicos» son algunas de las mencionadas por la habitante de Chubut.

Fotografía: Arton | Laizquierdadiario

Sin embargo, existe un punto de inflexión -tomado desde este impulso neoliberal- que se encuentra actualmente en la palestra, lo cual guarda relación con la explotación de la megaminería en Chubut. Ante esto, Nuñez comenta que pese a que la exploración minera se encuentra habilitada «en nuestra provincia está prohibida la explotación, o sea, pueden explorar pero no pueden explotar el mineral».

Tal situación se dio tras la lucha sostenida por el pueblo de Esquel, quienes durante los primeros años de la década de los 2000 frenaron a la multinacional Meridian Gold -minera de capitales canadienses- la cual «quería explotar el proyecto de oro "El Desquite" en una montaña que queda ahí a 6,5 km del pueblo», indica Flavia.

Mapa Chubut | Fotografía: Ruta 40

Así, bajo la consigna de «La montaña sigue de pie gracias a su gente«, el pueblo de Esquel se movilizó durante años e incluso enfrentándose a acciones judiciales de parte de la minera canadiense. En 2008 se informó que » la demanda que la minera canadiense presentó contra los integrantes de la asamblea de vecinos y periodistas» fue rechazada por la justicia argentina, donde la empresa se querellaba contra «quienes resulten responsables de la difusión, en el mes de marzo de 2005, de una grabación clandestina de lo tratado, discutido y programado en la reunión de directivos y asesores».

Fotografía: eldiariodelfindelmundo.com

En este contexto, la población levantó un proceso de plebiscito donde más del 80% de la población votó rechazando la presencia de la minera en el año 2003. Una investigación de María Victoria Urdinez indica que este hecho permitió que «Esquel se transformó en el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades».

Ante esto, Pablo Lada enfatiza en que «con el 82% de rechazo al proyecto minero de oro se aprendió mucho, se empezó a construir lo que es el movimiento de asambleas. Se origina ahí y luego se extiende a todo el país», mientras que «un mes después de la consulta popular, se obtiene la primera ley de la Argentina que prohíbe lo que llamamos megaminería».

El triunfo de la población se dio en el marco de una articulación en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, quienes levantaron campañas de movilización y educación constantes con la finalidad de posicionar el conflicto socioambiental y materializar la defensa del territorio ante el avance de la minería. Tras esto, Flavia Nuñez indica que «el gobierno provincial debió legislar una ley prohibitiva de la megaminería».

La legislación se materializó en la Ley 5.001, la cual «prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción de minera», dando cuenta de un profundo antecedente respecto a las luchas de los pueblos contra el extractivismo.

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El fantasma que permanece

Lada indica que «estos años han querido tirar abajo esa legislación en muchas oportunidades», refiriéndose al impulso de las empresas para continuar actuando pese a la legislación que se generó producto de las movilizaciones.

La derrota de Meridian Gold, empresa filial de Yamana Gold, la misma que protagoniza un conflicto en la provincia de Catamarca en la Argentina, empujó -según palabras de Nuñez- a que las mineras pusieran «los ojos y garras» sobre la meseta de Chubut, territorio donde se encuentran comunidades mapuche-tehuelche y rurales dedicadas a actividades agropecuarias.

De esta forma la vecina de Chubut enfatiza en que «gracias a la Ley del Código de Minería e inversiones mineras de los noventa estas empresas podían comprar yacimientos para explorar, y así lo hicieron. En nuestro territorio en la meseta central, hay cientos de proyectos de cateos mineros de exploración minera y entre esos están los proyectos que entre 2005 y 2006 se instalaron en la misma zona donde querían hacer el basurero nuclear».

En este contexto es donde aparece el cuestionado Proyecto Navidad, ubicado en la localidad de Gastre, con el objetivo de explotar yacimientos de plata, plomo, cobre y zinc a partir de intereses de empresas canadienses que se disputaron el territorio en tribunales de sus países de origen: IMA Explorations y Aquiline Resources, quedando la primera de estas con la facilitación para la explotación pese a que no fue tratado en la justicia argentina y que fue posteriormente adquirida por Pan American Silver.

Proyecto Navidad | Fotografía: El Federal

El Proyecto Navidad avanzó en 2010 mediante cientos de exploraciones -mencionan las y los habitantes de Chubut- para dar con el yacimiento ubicado en el campo La Rosada, donde se encontraba un cementerio ancestral mapuche que fue trasladado para promover el avance minero.

Sin embargo dicha acción, indica Nuñez, fue denunciada por comunidades indígenas enfatizando en la vulneración del Convenio 169 de la OIT y la legislación provincial «que también garantiza la participación de las comunidades indígenas en la decisión de su destino desde su territorio».

Ante tal escenario la organización y coordinación creció en la provincia. La articulación de las y los habitantes de Chubut decantó en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut donde se han promovido las diversas acciones de protesta y estrategias de movilización para frenar el avanza de aquel fantasma que permanece latente.

Fotografía: ejatlas.org

La iniciativa popular v/s la represión 

Desde Chubut indican que existe una triangulación de promotores de proyectos extractivistas, compuesto por empresas mineras, el gobierno provincial y un sector de la sociedad que ha defendido su avance en base al supuesto de creación de empleos sostenidos en el tiempo.

En este sentido, el año 2012 se expresó con mayor fuerza la represión protagonizada por este triángulo de actores contra la movilización social. Sin embargo, el mismo año el movimiento social decidió lanzar una ofensiva mediante la Primera Iniciativa Popular, producto de lo que Lada explica como producto de una reflexión colectiva sobre que «debíamos empezar a pensar que tendríamos que mejorar esa ley, y se nos ocurrió usar unos mecanismos que son de participación ciudadana, que son bastante nuevos en nuestra Constitución provincial».

Flavia Nuñez comenta que esta idea «fue por ampliar los parámetros de sustentabilidad de la gran minería, es decir, ampliar los parámetros de protección por una ley más prohibitiva» que frenara el avance del extractivismo, el cual fue tratado a nivel legislativo a fines de 2014 y fue transformado en una ley minera contraria a lo impulsado por la población.

Sin embargo, la legislación fue prontamente vetada. Esto luego de que el legislador Gustavo Muñiz fuera fotografiado recibiendo indicaciones de parte de un ejecutivo de la empresa transnacional canadiense Yamana Gold para intervenir en el debate de la ley.

Registro muestra a Gustavo Muñiz quien habría recibido indicaciones de un directivo de Yamana Gold durante el debate de la ley que ampliaba la posibilidad de extender la megaminería. | Fotografía: Evelyn Oyarzo

Es así como durante estos últimos años se ha mantenido una discusión que impulsa no solo la defensa abierta del territorio ante el avance de la minería, sino que esta se materialice en una legislación que ha sido omitida -y en casos directamente tergiversada- por funcionarios del Estado.

A modo de ejemplo se encuentra el proyecto de zonificación minera que pretendía, señala Nuñez, «establecer las zonas de sacrificio» para impulsar la explotación de bienes comunes, ante lo cual se generó un nuevo proceso de articulación que se materializó en el lanzamiento de una Segunda Iniciativa Popular durante 2020 «ampliando los parámetros de prohibición de la minería que establece la Ley 5.001».

La lucha continúa: Iniciativa Popular v/s Zonificación minera

La Iniciativa en cuestión busca «establecer la prohibición en todo el territorio de la minería metalífera y uranífera en todas sus etapas, o sea es mucho más amplio el objetivo y el espíritu de este proyecto de ley», indica Nuñez.

Bajo la consigna «Nos deben una Ley«, el proyecto «tiene por objeto garantizar el cumplimiento en la actividad minera de los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional».

El trabajo ha continuado durante la pandemia de la Covid-19 que azota a escala internacional. Es más, el mismo 2020 se recorrieron más de 40 pueblos de la provincia reuniendo cerca de 31 mil firmas. Sin embargo, pese al respaldo de la población sobre la Iniciativa, legisladores ingresaron el proyecto de zonificación minera que ha sido consecutivamente impulsado y respaldado por el gobernador Mariano Arcioni.

Proyecto zonificación minera Chubut | Huella Minera

Ante esta situación la población ha mantenido el rechazo al proyecto prominería. Flavia indica que «salió de la nada, nadie de la población, ni siquiera los organismos intervinientes como las universidades y los centros de investigaciones estaban al tanto del contenido del proyecto de ley (…) y para variar a este proyecto en legislatura lo ingresaron para tratamiento comisiones», mientras que el proyecto de Iniciativa Popular quedó «encajonado».

Sin embargo, en mayo de este año la Legislatura de Chubut rechazó en una reñida votación la Iniciativa Popular impulsada por las y los habitantes del territorio, lo cual decantó en una avance de las protestas contra el aún latente Proyecto Navidad y de zonificación minera que amenazan a los ecosistemas y el buen vivir de la población.

En este sentido, Lada plantea que «no ha parado de haber una movilización social, porque era otro intento de apertura», lo cual se expresa ante las presiones de los capitales transnacionales para legislar a favor del Proyecto Navidad «para que se produzca esta apertura una empresa que ha colonizado el Estado para lograr esto; pero tiene el peor escollo que es un pueblo con una enorme conciencia y dignidad que viene movilizado desde hace 18 años».

Consignas como «En Chubut no hay licencia social para la megaminería" y "El gobierno gobierna para las mineras» continúan expresándose en las calles apelando a que la legislatura provincial de un nuevo tratamiento a la Iniciativa -para lo cual incluso se ha presentado un amparo de parte de las organizaciones-, mientras que paralelamente se emplaza a que se rechace el incentivo de zonificación.

Fotografía: redes

Fotografía principal: noticiasambientales.com