[resumen.cl] Recientemente, el Colegio de Profesoras y Profesores ha publicado las Resoluciones de la Asamblea Nacional Programática, refiriéndose a los propósitos y metas fijadas para el año en curso, en un contexto de nuevo gobierno y también de redacción de una nueva Constitución Política. El cumplimiento de esta hoja de ruta deberá ser cotejada pormenorizada y ampliamente por las bases docentes y sus representantes al momento del cierre de este periodo.

En el marco del nuevo escenario, el primer vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Eduardo González Navarro, declaró a RESUMEN:

«Vamos a apoyar todas las transformaciones que plantea el gobierno en el sentido de mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y el pueblo, en general. Esperamos que el nuevo Gobierno se apoye y cumpla las expectativas de los movimientos sociales, que ahí se construya la fuerza y, en el plano de la educación, se avancen en medidas muy importantes como el fin al SIMCE, la estandarización en general y que se abra una conversación respecto a la diferencia entre el profesorado y el Gobierno electo en cuanto a la instalación de Servicios Locales de Educación, cuestión de la que el gremio es crítico».

Ante el nombramiento de Marco Ávila como Ministro de Educación, González Navarro puso en consideración su condición de «participante de Acción Colectiva por la educación en donde está Educación 2020 que lideró las reformas de Bachelet y de la cual la fundación Luksic forma parte». A pesar de ello, indicó que «no obstante venir de ahí, esperamos que se oriente por las demandas del movimiento social que son bien claras», sentenciando: «Nuestra tarea es una: consagrar en la nueva constitución el derecho a la educación y desmontar de una vez por todas la escuela neoliberal».

El documento contiene cinco puntos a través de los cuales se delinean los acuerdos de la entidad.

–El primero, alude al posicionamiento del Colegio de Profesoras y Profesores frente al gobierno electo. Se afirma que, además de mantener la autonomía propia de cualquier organización de carácter sindical, se exigirá «el cumplimiento de los compromisos expresados por el presidente electo en su programa de gobierno y a través de conversaciones sostenidas con él antes del proceso electoral». El texto gubernamental mencionado consigna, entre otros planteamientos:

«Haremos adecuaciones al diseño de los Servicios Locales para aumentar la eficiencia de su planificación y gestión presupuestaria, aumentar su dotación profesional efectiva, y mejorar la representatividad, participación y relevancia de los actores locales y educacionales en su gobierno (corrigiendo la actual disparidad entre el Consejo Local de Actores y el Consejo Directivo Local).

Aumentaremos la participación de las comunidades locales y reforzaremos el protagonismo de docentes, educadoras, asistentes de la educación y técnicos de párvulos para favorecer el cambio pedagógico y el trabajo en redes incluyendo jardines infantiles y escuelas de la nueva educación pública».

«Estableceremos un nuevo sistema de renovación del currículum que avance hacia un diseño más flexible, con participación de las comunidades educativas, sensible a la diversidad territorial y cultural del país (con especial atención a las escuelas y liceos rurales), y a las temáticas emergentes como el enfoque de género, el multiculturalismo y la educación ambiental. Ello incluye reformular las instituciones e instancias a cargo del diseño curricular.»

«Reemplazaremos el sistema de evaluación nacional con foco en las pruebas estandarizadas, el control y las sanciones, por un sistema de acompañamiento con sentido formativo, sin consecuencias asociadas a resultados de aprendizaje, centrado en el profesionalismo docente, el mejoramiento continuo y el aprendizaje integral. Para ello se diseñará un modelo multinivel: nacional, local del sostenedor y aula.

Fortaleceremos la participación resolutiva de los actores de las comunidades educativas, aumentando las atribuciones de las instancias colectivas como los Consejos Parvularios, Consejos Escolares y los Consejos Locales de la Educación Pública, y reforzaremos la educación para la ciudadanía en todos los niveles educativos.»

«Reforzaremos el protagonismo de profesores, profesoras y asistentes de la educación, mejorando sus condiciones laborales, resguardando el efectivo respeto de las horas no lectivas que por contrato le corresponden a los y las docentes; implementaremos un programa de salud y bienestar laboral para trabajadores/as de la educación (que ponga atención a la salud mental y física, junto a las condiciones laborales y ambientales de los establecimientos educacionales); en un proceso de diálogo crearemos una carrera para directivos de establecimientos en el sector público; y realizaremos un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes (que deberá implementarse durante el período de gobierno, comenzando por los docentes de mayor edad). Asimismo, terminaremos con la doble evaluación docente y promoveremos una cultura de trabajo escolar que se base en el profesionalismo colectivo docente, reforzando el trabajo entre pares, la autonomía profesional y el Consejo de Profesores, y combatiendo las prácticas que desprofesionalizan y agobian a las y los docentes.»

«…resolveremos las dificultades de la implementación de las leyes de incentivo al retiro de docentes y asistentes, además de desarrollar una política de retiro permanente para los y las trabajadoras de la educación en edad de jubilar.»

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–El segundo punto de las Resoluciones tiene relación con el patrocinio y apoyo que el Colegio de Profesoras y Profesores ha entregado a Iniciativas Populares de Norma, presentadas a la Convención Constitucional y levantadas con el propósito de asegurar la consagración de derechos fundamentales hasta ahora incumplidos por el Estado de Chile, entre ellas la propia Iniciativa Por el derecho a la educación o por el derecho a un sistema previsional y el fin a las AFP.

En sentido, añaden que «instaremos y presionaremos para que los Convencionales sean representantes de lo que el mundo social viene planteando hace décadas como transformaciones democráticas, es decir, se debe defender el rol protagónico de quienes permitieron la instalación de la Convención tras la revuelta popular de octubre de 2019».

–El tercer punto, se refiere al pliego de exigencias para presentar al nuevo gobierno, explicando que iniciarán «conversaciones con el presidente o representante ministerial para que cumpla lo expuesto en su programa de gobierno […] Esto considera definir, con claridad, lo referente a reparación de la Deuda Histórica, reponer los temas vetados por Piñera, temas pendientes y no cumplidos en 2019, entre otros temas. También aspectos referidos al sentido de la evaluación docente, educación estandarizada, financiamiento de la educación, etc.»

Sobre ello, González Navarro, indicó que estas exigencias pendientes se concentran en la continuidad de la doble evaluación, en que no se ha regulado el valor de la hora laboral de profesoras/es diferenciales, además de persistir la demora del pago de bonos de incentivo al retiro, provocando esperas de más de dos años por docentes que ya cumplieron la edad para pensionarse.

–El cuarto punto se orienta a problemas organizativos, tales como la necesidad de revisar ley de fuero gremial, permitiendo otorgar horas gremiales a los dirigentes, carencia que limita las posibilidades de gestión en este ámbito. También se establece el compromiso de potenciar diálogo y trabajo unitario con otras organizaciones de trabajadores/as de la educación, definir adscripción a alguna Central de trabajadores y propiciar instancias de formación de líderes y escuelas sindicales.

–El quinto punto trata del eventual retorno a clases presenciales. En este ámbito consignan: «Insistimos en la necesidad de conformación de mesas de trabajo con las comunidades escolares, que monitoreen las condiciones mínimas en las escuelas para el retorno a la presencialidad. Es fundamental que MINEDUC escuche a las comunidades educativas y a nuestra organización, para lograr que el retorno sea apoyado por quienes integran las comunidades escolares». También indican la necesidad de avanzar en el desarrollo de un plan pedagógico para enfrentar el rezago de nuestros estudiantes, así como revisar los horarios de funcionamiento y la cantidad de escolares por sala durante la pandemia y contratar un seguro Covid para el magisterio.