Colombia: Informes de Human Rights Watch y diversas ONG cifran brutalidad policial y advierten sobre la impunidad en las violaciones de DD.HH
Páez Argenis Yatacué y Marcelino Yatacué, asesinados este miércoles en el Departamento de Cauca. Fuente: Contagio Radio
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Human Rights Watch también documentó al menos 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Como fue el caso del joven de 24 años, Elvis Vivas, quien fue asesinado de esta forma.
El informe recoge las cifras hasta el 14 de mayo proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, que reportó que "Había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género." Pero conteos independientes registran más denuncias.
Desapariciones
En este aspecto, HRW señala que "al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas".
Pero aún persiste tanto la desesperante falta de información para las comunidades afectadas, como nuevos casos denunciados.
https://twitter.com/Col_Informa/status/1403497203553931266
La necesidad de una drástica reforma policial en Colombia
Previamente, tras los abusos policiales cometidos del estallido de 2019 en el país, HRW había realizado peticiones para una reforma policial.
En su informe destacan que la policía en Colombia, al depender el Ministerio de Defensa, no tiene una separación civil clara con el resto de las fuerzas armadas y por ello reprime las protestas populares de manera extremadamente sangrienta, tal como un conflicto armado. "En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas" destacaron.
El reporte advierte de la extrema peligrosidad de "los disparos horizontales con arma Venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes".
Cabe recordar, que esta arma llamada Venom, lanzador múltiple de proyectiles con una capacidad de 30 cartuchos de lacrimógena, humo o aturdidoras, y comenzó a ser usada en estas protestas populares de 2021. Múltiples registros muestran el disparo de lanzadores Venom directamente hacia manifestantes.
El informe además hace énfasis en que no hay una cadena de mando clara, sobre quien dicta la órdenes sobre procedimientos policiales criminales.
Múltiples denuncias sobre disparos de variado tipo de munición, de manera indiscriminada sobre áreas residenciales.
https://twitter.com/Col_Informa/status/1403214140424945664
Una alta frecuencia de estos disparos son directamente al cuerpo de las personas, a sabiendas que son armas letales por impactos, o que pueden producir graves mutilaciones.
https://twitter.com/Col_Informa/status/1402807339921678345
https://twitter.com/Contagioradio1/status/1402611658619559942
Estos registros muestran cómo continúa la represión del ESMAD en Bogotá los mismos días de la publicación del informe.
https://twitter.com/Col_Informa/status/1402797741294735360
Asesinatos por parte de agentes de Estado
16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales: siete tenían heridas en el tórax, seis en la cabeza y dos en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.
La Policía indicó a HRW que estarían usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, según dijeron, serían de plástico. Negaron que usaran escopetas de perdigones.
Presos políticos: Imputados por terrorismo sin más pruebas que testimonios judiciales
El informe destaca el caso de los presos políticos: "José Mauricio García Nieto, de 24 años; Dan Brayer Andrade Bolanos, de 22; Jorge Mario Ramírez Álzate, de 22; Daniel Navarrete Varón, de 22; Jorge Andrés Noguera Flórez, de 23; y Santiago Ramírez Duque, de 26, en la tarde del 25 de mayo en Tuluá, Valle del Cauca" quienes fueron imputados por terrrorismo en un irregular proceso judicial que los dejó en prisión preventiva pese a una evidente falta de pruebas.
Civiles armados atacando a manifestantes y dirigentes sociales
El informe constata que "personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes. En Pereira, departamento de Risaralda, un grupo de personas de civil atacaron al manifestante y líder social Lucas Villa cuando estaba haciendo declaraciones contra el gobierno durante una protesta el 5 de mayo. Uno de ellos le disparó y lo mató, un testigo que resultó herido le dijo a Human Rights Watch".
Por otra parte, se constató que "agentes de policía no reaccionaron debidamente cuando personas de civil atacaron a manifestantes. Human Rights Watch corroboró videos que muestran cómo hombres armados que en las imágenes se encuentran junto a la policía dispararon a manifestantes en Cali el 28 de mayo".
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Pese a que la Policía Nacional de Colombia negó operaciones de agentes de civil, el informe constató que efectivamente "policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo".
Testimonios locales a distintos medios han registrado una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos y procedimientos brutales e irregulares a destajo, desatando de hecho una mayor ola de indignación en las protestas populares.
La sombra recurrente de la impunidad policial para cometer crímenes
En el Estallido de 2019 en Colombia, agentes de Estado también reprimieron con saña las legítimas protestas contra la desigualdad social y el abuso empresarial de décadas sobre la población.
El presente informe de Human Rights Watch destaca la total impunidad en que quedaron los efectivos, tras haber transcurrido casi 2 años: "No se han realizado avances significativos en la investigación de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores. El 4 de junio, la Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que había abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en cinco casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros dos casos. Ningún agente de policía había sido imputado en relación con los abusos cometidos durante las protestas de 2019."
El hecho de que sea la justicia militar y no la justicia civil, quien dicta sentencia, el informe apunta a que la impunidad permite que agentes sigan cometiendo horrendos crímenes de Estado.
"Asimismo, los policías implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia" advierte el informe
Imagen principal: Extraída de https://www.radiomacondo.fm 