Una década intentando instalarse lleva el proyecto energético GNL Penco-Lirquén en la Bahía de Concepción. El cuestionado proyecto contó con el visto bueno del Comité de Ministros que rechazó las reclamaciones presentadas en su contra, conllevando también la oposición de la población.

Por J. Arroyo Olea

Este miércoles, el Comité de Ministros se reunió a tratar dos proyectos que buscan desarrollarse en la región del Biobío, y que contaban con reclamaciones a abordarse. Entre estos estaba el cuestionado proyecto GNL Penco-Lirquén (conocido anteriormente como proyecto Octopus al considerar también una central termoeléctrica), el cual pretende construir e instalar un terminal marítimo para la recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), además de un gasoducto marítimo y un enlace dirigido hacia un gasoducto terrestre.

El proyecto cuenta con un amplio historial en la zona de la Bahía de Concepción, arrastrado la permanencia de un conflicto que se ha desarrollado por una década con profundos cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y vecinos/as de la bahía.

Fotografía: extraída de Facebook de Asamblea Territorial Penco-Lirquén, Pintatón contra GNL Penco y Talcahuano (2017)

Pese a los antecedentes que se manejaban, las carteras presentes en la reunión respaldaron al proyecto gasífero rechazando las casi 30 reclamaciones dirigidas contra el proceso de Participación Ciudadana desarrollado. La instancia está compuesta por los ministerios del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Turismo, de Agricultura, de Energía y de Minería.

En términos locales, la reacción del seremi del Medio Ambiente del Biobío indicó a los medios que el hecho «confirma la aprobación que este proyecto ya tenía en sede regional».

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Mediante un comunicado público, el organismo compuesto por las carteras ministeriales señaló que «en base a los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y el análisis del SEA, el Comité de Ministros estuvo por rechazar los recursos de reclamación y, por tanto, mantener la calificación favorable del proyecto».

De igual forma el comité estableció que «tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, consideró que las observaciones ciudadanas realizadas durante la evaluación ambiental habían sido ponderadas adecuadamente y no justificaban la anulación de la decisión».

Anteriormente Cynthia Escares, Bióloga Marina e integrante de ONG Defensa Ambiental, explicó a RESUMEN que la empresa «modificó parte de su trazado y, además, respecto al tubo que iba sobre el suelo marino, decidió colocar un manto de hormigón sobre éste, y esos son cambios sustanciales porque para la dinámica de la Bahía de Concepción, con las someras biológicas y ecológicas que tiene, no se logra evaluar los impactos que podrían tener en, por ejemplo, los recursos bentónicos».

Mediante un comunicado, la Coordinadora Chorera -organización de Talcahuano- señaló que «este nefasto proyecto que altera la herencia cultural y los ecosistemas de la Bahía de Concepción, los que han sido defendidos durante una década frente a dos proyectos que aportarán a la crisis climática y devastación de los territorios».

Por su parte, la consejera regional y vecina de Penco, Camila Arriagada, indicó que «estamos en lucha pobladores de todo el borde costero de la Bahía de Concepción hace 10 años contra este proyecto, las comunas de Tomé, Talcahuano, Penco-Lirquén y en ese entonces Bulnes -que tenía una conexión con el terminal de gas a través de la construcción de una termoeléctrica- hicimos una fuerte oposición donde se presentaron más de mil observaciones ciudadanas contra este proyecto».

Arriagada también apuntó a las autoridades políticas que facilitaron, durante una década, la tramitación y aprobación de este proyecto, entre los que se encuentra el actual gobernador Rodrigo Díaz quien, como intendente de la región del Biobío bajo el segundo gobierno de Bachelet, apoyó la instalación del gasoducto.

En esta línea, la consejera regional enfatizó en que «criticamos la poca consideración a todo este proceso de estas autoridades designadas de este gobierno que prometieron ser cuidadosos con el medio ambiente, y vemos exactamente todo lo contrario. No vemos señales de que este sea un eco-gobierno, no vemos señales de que esté en concordancia con lo que han levantado las comunidades».

Este proyecto se suma a otra iniciativa que ha sido duramente criticada por la población pencona, la cual pretende desarrollar una  explotación minera de tierras raras, que busca instalarse en los cerros de la misma comuna.

¿Y El Campesino?

GNL Penco mantenía una irrestricta relación con otro proyecto: Central Termoeléctrica El Campesino, que buscaba instalarse en la comuna de Bulnes. La triada terminal de gas, gasoducto y termoeléctrica era el entramado que, a la vez, impulsaba la organización intercomunal.

Sin embargo, El Campesino ha optado por nuevas vías tras verse amenazados los intereses de las distribuidoras que se involucraron en la licitación adjudicada en 2014 a El Campesino. En este contexto, se logró un acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía y la empresa zanjado el segundo semestre de 2019.

En este se estableció que, señala el sitio de Generadoras, «entre el año 2022 y 2023, El Campesino instalará 600 MW de nuevos proyectos renovables y propios, a través de dos plantas solares de 300 MW cada uno y que implican una inversión de US$600 millones. Además, el contrato será respaldado por Nueva Renca -central de la misma empresa- de 379 MW. Esto será hasta la fecha de entrada de los nuevos proyectos, es decir, a 2023».