La empresa Los Andes Copper repartió 43 millones de pesos en Fondos Concursables entre 38 emprendedores y 25 organizaciones sociales en Putaendo. Todo esto, bajo la supervisión y permiso del seremi de Minería en Valparaíso, Julio Zumaeta Bustamante, quien respaldó el actuar de la empresa con la comunidad, provocando el rechazo de las y los vecinos exigiendo su pronta salida del cargo.
Por Antomella Becerra Norambuena
Más de siete años han pasado desde que comenzó la lucha de las comunidades organizadas de Putaendo en contra de la instalación de la Minera Vizcachitas, la que degradaría el ecosistema aledaño a la ciudad.
Gobierno poco ecologista
Alejandro Valdes, integrante de la organización Putaendo Resiste, comentó a RESUMEN que el proyecto amenaza directamente al sector de Las Tejas, el cual se encuentra actualmente sumamente dañado debido al escaso cauce que lleva el río afectando al abastecimiento de agua del sector. También se han presentado eventos de contaminación, razón que motivó una denuncia en 2016 donde se buscaba proteger las aguas de los metales pesados.
De la misma forma, Valdes denuncia que la empresa de capitales canadienses inició la entrega de fondos concursables a organizaciones sociales y emprendedores como una estrategia de coaptación.
"Ellos lo que buscan con esto es dividir a la comunidad y ganarse el afecto de las personas que viven situaciones de necesidad, todo por lavar su imagen, con el respaldo del seremi de Minería, quien entregó una cantidad de declaraciones desafortunadas, defendiendo a una empresa que no tiene ninguna responsabilidad social", indicó Valdes.
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Esta situación generó el rechazo de la población, exigiendo la renuncia del seremi Julio Zumeta a quien emplazan debido a que, señala el poblador de Putaendo, «no tiene por qué asistir ni respaldar este tipo de iniciativas» considerando su rol en representación del Gobierno.
En este sentido, Valdes fue enfático en plantear que "esto era reiterativo en los antiguos seremis, pero esperábamos que este por ser un ‘gobierno ecologista’ actuara diferente, sin embargo, no fue así, por lo que exigimos su renuncia al cargo".
Fue este miércoles 21 de diciembre que la comunidad organizada de Putaendo llegó a las oficinas del actual seremi a conversar acerca de esta situación y manifestar su molestia frente a su vínculo con la empresa minera y solicitar que dé un paso al costado y renuncie, dado que no lo ven capacitado para llevar a cabo el «proyecto ecologista» al que ha hecho referencia el Gobierno.
"Consideramos que la actitud del seremi es un error político muy grande, lo único que le queda hacer ahora es dejar su cargo a disposición de alguien que de verdad esté interesado en salvaguardar nuestro ecosistema y defender el territorio, entendemos que él está para fomentar la minería, pero esto no puede ser a costa de la vida de las personas", comentó finalmente el dirigente.
Sumado a esto, Mauricio Quiroz, alcalde de Putaendo, rechazó enfáticamente la participación de Zumaeta en actividades de la minera, agregando "que una autoridad de gobierno entregue certificados de una minera que ha incumplido reiteradamente las normas y reglamentos vigentes es algo gravísimo, no puede pasar".
Desde el Gobierno, apuntaron a decir que la cartera de Minería solicitó la salida de su cargo al seremi tras enterarse del hecho, señalando que una autoridad del Estado debe ser imparcial y con el «objetivo de cautelar la imparcialidad que deben tener los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental».
La esperanza de las y los vecinos
Actualmente, las faenas del proyecto minero se encuentran paralizadas por seis meses luego que en noviembre de este año el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago rechazara la solicitud de la empresa para modificar esta medida cautelar. La permanencia de la paralización se debe a que el proyecto no cuenta con un Plan de Recuperación, Conservación y Gestión «que proteja al gato andino, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción», indica Radio Festival.
Asimismo, la Corte Suprema sancionó a la minera Vizcachitas Holding por usurpación de agua y alteración del cauce del río rocín, sanción que se suma a una seguidilla de incumplimientos por daño ambiental, construcción de campamentos mineros sin autorización y faenas de sondajes mineros sin contar con la aprobación de la institucionalidad medioambiental.
Las y los vecinos de Putaendo esperan que este proyecto no se lleve a cabo a causa de que es incompatible con la vida del valle, su agricultura y fuente de agua, pues afecta gravemente la vida en el sector. Además, la comunidad emplazó al Gobierno a designar un seremi de Minería comprometido con la ciudadanía y no con los empresarios.