Tras dos días de masivos ejercicios militares al interior de la comunidad María Colipi Viuda de Maril, se ha exigido la presencia de la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos, sumado a un pronunciamiento de la ministra de Defensa, Maya Fernández, para investigar la situación que, acusan, vulnera los derechos de la población.

Por J. Arroyo Olea

Esta semana la comunidad María Colipi Viuda de Maril, ubicada en el sector Curapaillaco en Tirúa, denunció mediante un comunicado público la realización de masivos ejercicios militares al interior de la comunidad, desarrollándose con personal movilizado en vehículos, un helicóptero y un avión sobrevolando la zona.

Los hechos ocurrieron el domingo 23 y lunes 24 de julio, siendo este último día donde, indica la comunidad, «los militares cortaron el camino principal de nuestra comunidad en diversos puntos impidiendo el tránsito, por lo que los miembros de la comunidad debimos permanecer en nuestras casas, con temor de no saber qué estaba ocurriendo».

En el escrito, acusan que un furgón escolar, con niños y niñas en su interior que se dirigía a la Escuela Los Lingues, se encontró con el desarrollo del operativo, ante lo cual » los militares lanzaron gases de un color verde, aterrorizando a los niños y funcionarios que se trasladaban en el furgón», imponiendo, a la vez, la suspensión de clases. Además, señalan que la Escuela Nueva Las Huellas, que también forma parte de la comunidad, «fue usada sin permiso por los militares, los cuales ingresaron a la cancha de fútbol e hicieron volar un dron».

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A esto se suma la extensión del operativo, donde explican que «el helicóptero estuvo aproximadamente 2 horas sobrevolando los techos de nuestras casas, los cuales parecía que se volarían por el estruendo, provocando gran terror en nuestras familias: niños, adultos mayores con enfermedades cardíacas, etc.».

Paralelamente, el despliegue de contingente militar impidió el tránsito de la población en toda la duración de los ejercicios militares. De parte de la Armada, se comunicó que los ejercicios se habrían basado en que durante el fin de semana tanto en Lleu Lleu como en Quidico «se percibieron disparos injustificados y cortes de ruta, por lo que se desplegó un operativo para resguardar la seguridad de la comunidad».

Sin embargo, ambos territorios -Quidico y Lleu Lleu- no están dentro de la comunidad María Colipi Viuda de Maril. Ante estos hechos de gravedad, la comunidad ha solicitado la visita de la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos para que se puedan recabar antecedentes y «puedan interponer un Recurso de Amparo para nuestra comunidad».

Asimismo, se ha exigido el pronunciamiento de la ministra de Defensa, Maya Fernández, respecto a este despliegue militar.