[resumen.cl] El desplazamiento forzado es una de la violaciones a los derechos humanos que menos ha estado en la palestra, sin embargo, afectó a muchas comunidades que fueron obligadas a abandonar sus hogares y territorios de manera violenta en dictadura. Por este sentido es que organizaciones víctimas de este crimen expondrán hoy ante la Comisión de DDHH de la Convención, como los campesinos de Mundo Nuevo en Curanilahue cuyas tierras fueron apropiadas por Forestal Arauco y extrabajadores de Cofomap cuyas tierras están en manos de los grupos Luksic, Paulmann, Von Appen, entre otros, todo gracias a la dictadura.

El desplazamiento forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a dejar de su hogar o lugar de residencia mediante la violencia por agentes del Estado o conflicto armado, según la definición de Naciones Unidas.

En este sentido es que organizaciones que agrupan a víctimas de este crimen de lesa humanidad expondrán hoy en la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la Convención Constitucional para exponer su situación.

Una de las organizaciones que asistirán a la instancia se trata del Sindicato de Trabajadores Independientes Nueva Esperanza del fundo Mundo Nuevo de Curanilahue, agrupa a unas 30 familias que hasta la dictadura habitaron en dicho fundo y que desde 2018 se encuentran en lucha contra la usurpación territorial de forestal Arauco, exigiendo verdad, justicia y reparación para con el crimen de Desplazamiento Forzado del cual se consideran víctimas.

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Los habitantes históricos del fundo Mundo Nuevo vivieron por décadas de la producción campesina silvoagropecuaria tradicional de la cordillera de Nahuelbuta, siendo arrendatarios de tierras administradas por la Junta de Beneficencia de Concepción, cuyo dueño era el Servicio Nacional de Salud, además de socios de una Cooperativa Agrícola fundada en 1950. En el año 1969 fundan la Cooperativa Campesina Mundo Nuevo Ltda.

En 1974 fuerzas militares, autoridades políticas y Forestal Arauco ingresaron al fundo Nuevo, reuniendo a las familias en la escuela y anunciando que pasaba a propiedad de la forestal- entonces empresa estatal - y que los campesinos debían hacer abandono de sus tierras, prometiendo entregarles casa y trabajo, y amenazando con fuerza y balas a quienes no quisieran acatar la orden. Algunas familias obedecieron, recibiendo casa en la localidad de Ramadillas, las que luego tuvieron que pagar, otras intentaron resistir, pero «la fuerza de la dictadura cayó en forma de amedrentamientos, cortes de camino, maltrato de ganado y, en los peores casos, incendios provocados en las viviendas de los campesinos/as. Esto permitió que Forestal Arauco se apropiará de esas tierras para reemplazar todo el paisaje agrícola y de bosque nativo, por hectáreas y hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto» consigna su presentación.

Esta comunidad hoy se encuentra en un proceso de recuperación territorial y disputa legal que ha permitido que varias familias vuelvan a su tierra. Por todo, «la comunidad de Mundo Nuevo considera urgente el reconocimiento constitucional del Desplazamiento Forzado como un crimen de lesa humanidad, además de garantizar procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición para con ellos» señalan.

Otro ejemplo de este crimen durante dictadura, es la comunidad de trabajadores y sus familias del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap), «una amplia zona de 400,000 hectáreas distribuidos en una veintena de fundos, todos ellos con una gran población de origen migrante chileno que se estableció en diversos poblados por todo ese extenso territorio, los hijos y nietos de los primeros trabajadores y sus familias, hacia 1970, habían crecido en su conciencia ciudadana e incorporado a los proyectos de modernización impulsados fuertemente por los gobiernos de Frei y, especialmente, de salvador Allende» como señala su presentación.

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En el lugar donde se desarrollaba una fuerte actividad forestal desde principios del siglo XX, «se fueron instalando viviendas, aportadas por la empresa en clave paternalista y, con el devenir de los años, el Estado fue instalando alguna infraestructura, sobre todo escuelas, aunque también desarrolló obras viales por toda la zona. En este entendido la vida social fue apropiándose del territorio, organizando sindicatos, clubes deportivos y diversas formas de habitar que apuntaban a la modernización de las relaciones sociales».

Hoy esos pueblos con escuelas, clubes deportivos, almacenes y viviendas se encuentran abandonados tras el desalojo forzado del que fueron víctimas por parte de la dictadura, para que esos terrenos fueran privatizados y hoy en manos de algunos de los grupos económicos más importantes del país como Luksic, Paulmann, Von Appen, entre otros.

Es de esperar que por primera vez el Estado reconozca este delito de violación a los derechos humanos y a modo de reparación les devuelva su espacio del que fueron expulsados de manera violenta y pueda reparar a todas las víctimas y sus familias.