[resumen.cl] Este miércoles 16, en la Plaza de la República de Valdivia, cinco corporaciones que reivindican el desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad cometido durante la dictadura y hasta el periodo de transición, presentaron demandas contra el Estado de Chile para que reconozca este delito y actúe en consecuencia, activando procesos de justicia y reparación para con las víctimas de estos atropellos.

El desplazamiento forzado es una figura que aparece en la legislación internacional, en tratados que Chile ha firmado y ratificado. Este delito en el país está invisibilizado por las instituciones, es por ello que la sociedad civil ha venido accionando para que se conozcan los graves efectos emocionales, patrimoniales y económicos que el desplazamiento causó en estas comunidades de trabajadores forestales, quienes debieron abandonar el territorio que los acogió por décadas y que ayudaron a construir.

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Los abogados Juan Ramón Roa y Vladimir Riesco han interpuesto estas demandas señalando que en los días venideros se agregarán nuevos requerimientos por este delito contra los derechos fundamentales. Los litigantes fueron acompañados de dirigentes de las corporaciones de la cordillera, así como por víctimas de desplazamiento, además de observadores del proceso como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Los Ríos y organizaciones de derechos humanos de la región. Para mayor detalle, hicieron llegar el siguiente comunicado para puntualizar el tenor de la acción judicial presentada.

Declaración a la Opinión Pública Nacional e Internacional

Junio de 2021, Valdivia, región de Los Ríos, Chile

Respecto a los crímenes de lesa humanidad en que incurrió el Estado de Chile durante la dictadura cívico militar, anunciamos que comenzaremos un proceso de demandas contra el Estado por el crimen de desplazamiento forzado ocurrido en la precordillera de la región de Los Ríos, específicamente en la exempresa estatal COFOMAP, y así como en otros territorios del país. Por ello las organizaciones firmantes indicamos a la opinión pública lo siguiente:

1. El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores/ras madereros/ras de 21 grandes fundos en la precordillera de la actual región de Los Ríos. Este espacio abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde llegamos a vivir cerca de 20 mil personas según registros históricos de la época.
2. Posterior al golpe de Estado los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación serviles a las fuerzas armadas. Lo que desencadeno asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial. Cuestiones que están documentadas en diferentes documentos e informes.
3. En paralelo e invisibilizado por el Estado, se desencadenaron persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar nuestra vida, limitaciones para desplazarnos, formas de explotación, en definitiva, de llevar nuestra vida cotidiana por el constante asedio que se nos impuso. Algunas personas huimos para encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenernos vivas, y otras, soportamos el terror en el territorio hasta que fuimos desalojadas y "tiradas" a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.
4. Lo anterior se constituye como casos de desplazamiento forzado considerados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad que ejercen los Estados de excepción y sobre lo cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia transicional hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se nos priva del derecho a la reparación.
5. A casi 30 años de todas estas situaciones que aún repercuten en las diferentes generaciones que experimentamos el terror, nos organizamos y alzamos la voz porque creemos que estos crímenes de lesa humanidad no se pueden repetir en nuestro país. Exigimos se reconozca el daño que se nos causó y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto por nosotros/tras y otras víctimas de estas prácticas, como por las futuras generaciones.

Llamamos a difundir y replicar este documento en medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales, para que se sepa en el mundo que el terrorismo de Estado en Chile sigue siendo un capítulo abierto en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir Releco
Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono
Corporación Raíces Ancestrales de Enco
Corporación Raíces de Toledo
Corporación Pirihueico