Lo que muchos sectores califican como una cocina 2.0, terminó de amarrarse este lunes entre partidos del oficialismo y parte de la oposición, con miras a la redacción de la nueva Constitución. El llamado Consejo Constitucional contará con la participación de 24 expertos elegidos por el Congreso, últimamente criticado en sus dos cámaras, por casos de irregular utilización de platas públicas, por ejemplo, en bencina, arriendo de oficinas, traslación, entre otros, sin contar las décadas de hechos de corrupción, a las que pareciéramos estar, lamentablemente, acostumbrados.

Por Juan Contreras Jara

Tanto la Cámara de Diputadas y Diputados, como el Senado, serán los estamentos a cargo de escoger a los 24 expertos- según su criterio- que tendrán la labor, nada menos y nada más, que de elaborar un ante proyecto que posteriormente someterá a evaluación la convención.

A esto hay que sumarle que, si la propuesta no consigue avanzar al interior del Consejo Constitucional, nombre con el que la clase política bautizó este nuevo engendro, será una comisión mixta, integrada en parte justamente por estos expertos, la que culminará el trabajo que se plebiscite ante la ciudadanía el próximo 5 de noviembre de 2023.

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Además, hay que destacar que, este grupo de 24 expertos, 12 elegidos por las y los diputados y otros doce por senadores y senadoras, podrá vetar el proyecto emanado desde la Convención y esta solo podrá insistir si cuenta con un quórum de 3/5.

Todas estas facultades, trascendentales al momento de pensar en los puntos que contemplaría esta nueva Constitución, serán entregadas a este grupo de expertos por ambas cámaras del Congreso, altamente cuestionada por conflictos de corrupción, mala gestión, irregular utilización de platas públicas, entre muchos otros.

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Por ejemplo, uno de los últimos escándalos que nos dejó la clase política tiene que ver con el arriendo de oficinas, fuera de las que ya tienen en el Congreso. En este punto, Luciano Cruz-Coke, senador y fundador del partido de derecha, Evolución Política (Evopoli), lidera el rancking de los senadores que más gasta en el arriendo de inmuebles, llegando a los 12 millones de pesos, según una investigación realizada por Mega. Además, que el exministro de la Cultura y las Artes del primer gobierno de Piñera arrienda dicha oficina a Mosaiko Producciones, sociedad de la que es dueño Juan Carlos Salfate, ingeniero con el que en 2008 creó la productora L90 Cine Digital.

Otro caso que ha graficado el aprovechamiento de fondos públicos al interior del Congreso, el que tiene que ver con la compra de bencina, en medio de profundas alzas de los combustibles. En este sentido, quedó al descubierto la utilización de las tarjetas de bencina por parte de familiares o cercanos de funcionarios de ambas cámaras. Uno de estos casos lo protagoniza el diputado de extrema derecha y parte del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea. Su esposa e hijo habrían realizado 38 y 2 cargas a de combustible, respectivamente, con platas del Estado

Cabe mencionar que uno de los motores del Estallido Social fue justamente barrer con la podrida clase política chilena, que en los últimos meses nos ha dejado casos de conflictos de interés con el arriendo de inmuebles, con el gasto de bencina por parte de familiares y con millonaria subvención por traslación.

En definitiva, y pese a las exigencias que le dieron vida al Estallido, serán los y las representantes de la clase política quienes marquen la cancha, al menos del 50% del proceso constitucional, a través de la designación de este grupo de expertos.

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De esta forma, partidos como RN o la UDI, que enarbolaban hace algunos meses al exmandatario Ricardo Lagos como posible experto, podrán decidir quiénes conformen esta Comisión Experta.

El acuerdo expresa que, «conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras. No podrán ser parte de la Comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular», siendo esta última, la única salvedad ante la elección.

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Con el amarre o cocina que los partidos políticos hicieron de este proceso constitucional, se termina de echar por tierra el sentido primario del plebiscito de octubre de 2020, que aseguraba la redacción de la nueva carta magna por una Convención Constitucional y no una instancia mixta.

Con todos los antecedentes que nos ha dejado la clase política, que en el último tiempo han dado cuenta de millonarios gastos en oficinas que no utilizan o en automóviles manejados por familiares, de igual forma lograron hacerse cargo de una parte importantísima del proceso: elegir a quiénes compongan la Comisión Experta, pero ¿con qué cara?