[resumen.cl] El ejercicio del profesorado ha estado por mucho tiempo sujeto a la reproducción de planes y políticas establecidas de modo arbitrario por sucesivas autoridades y equipos tecnocráticos. Cada cual a su tiempo ha reiterado que tales imposiciones se fundan en el intento de "mejorar la educación" y así es como, junto con mantenerse incólumes los mecanismos funcionales al lucro con recursos públicos y personales de quienes pagan o se endeudan, también continúan promulgándose programas de estudio que desconocen la multiplicidad de requerimientos de la población. En este contexto, el Colegio de Profesoras y Profesores ha organizado el segundo Congreso Nacional de Educación del cual han emanado propuestas que han sido entregadas a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, y han sido publicadas en un documento.

El texto comienza recordando el primer Congreso Nacional de Educación luego del fin de la dictadura realizado en 1997, hace 24 años. En este lapso han ocurrido diversas transformaciones en el país: se ha profundizado la implementación de políticas neoliberales en el ámbito educativo, debilitándose las instituciones dependientes directamente del Estado al tiempo de ser fomentada la creación y expansión de negocios en torno a esta actividad. Por otra parte, han emergido diversas olas de protestas que han colocado en la palestra la necesidad de transformar el sistema educativo para que responda a su condición de derecho social y sus prácticas contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Ahora bien, las resoluciones del segundo Congreso Nacional de Educación se inscriben en esta trayectoria y son divulgadas en un contexto propicio para que las comunidades puedan bregar por garantías necesarias y sean consignadas en una nueva Constitución. En este sentido vale comenzar con lo expresado respecto a los principios fundacionales de la propuesta de nueva Educación Pública: «Diversidad; convivencia; cuidado medio ambiental; comunitaria; inclusividad; integralidad; equidad; interculturalidad; laicidad; gratuidad; universalidad; contextualizada; descolonizadora; no sexista; democrática; socioemocional; solidaridad; permanencia; no patriarcal y basada en los Derechos Humanos».

Archivo de Resumen: Paro docente, Concepción, 2014.

La posibilidad de incidir de forma vinculante en la política educativa por parte de docentes y la comunidad escolar en general se ha mantenido obturada en todo el periodo en que se suponía el país se debía democratizar, ante ello, el segundo Congreso Nacional de Educación estableció:

«Se comprende entonces que proponemos un nuevo modelo público, estatal y comunitario, lo que genera una articulación de diversos niveles, dimensiones y actores. En este sentido asumimos una dimensión amplia de comunidad educativa que involucra no sólo a las escuelas y sus familias, sino también a la identidad territorial, al barrio circundante, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros culturales, etc.

Este enfoque permite, a su vez, poner en valor el saber docente que se construye desde las experiencias y prácticas educativas que deben desarrollarse en las comunidades escolares. Implica, en consecuencia, avanzar hacia otro concepto de "profesionalismo" docente con rango académico, que considere y promueva autonomía, respeto, formación continua, entre otros». […]

«La participación vinculante de todas y todos los actores que conforman las comunidades educativas se considera central en el nuevo modelo educativo. Se asume que esta participación debe tener un carácter resolutivo, en base a un marco regulador consensuado y que debe desarrollarse en distintos ámbitos, que van desde lo pedagógico hasta la gestión administrativa y de recursos»

«Encuentros por una nueva Política Nacional Docente». Instancias que sirvieron de legitimación para la imposición de la actual Ley de Carrera Docente. Provincia de Concepción, 2015

Precisamente, en el ámbito del financiamiento y administración de recursos, el profesorado que deliberó en este histórico Congreso acordó:

«El estado debe financiar sólo a los establecimientos públicos. No debe existir lucro en educación, en cualquier modalidad en que se imparta.

Como modelo de financiamiento a seguir, en reemplazo del voucher [recursos variables], consideramos un modelo de financiamiento basal. Su estructuración se sustenta en tres criterios:

a. Basal: aporte vía presupuesto de la nación para gastos fijos.

b. Dinámico, pertinente y flexible: acorde a las necesidades particulares de cada comunidad escolar (accesos, calefacción, infraestructura, su ubicación geográfica, etc.)

c. Participativo: en consonancia con la orientación del carácter estatal-comunitario, las comunidades con todos sus actores (familias, trabajadores de la educación y estudiantes) deliberan para poder decidir, gestionar y priorizar los recursos de la escuela.»

«El Estado Social de Derechos debe poner en su centro la democracia participativa, la soberanía popular y la soberanía nacional por medio de la renacionalización de nuestros bienes naturales, el desarrollo de una industria nacional con respeto a los pueblos originarios y el medio ambiente. El sistema económico debe estar orientado a garantizar una vida digna a todos y todas. Debe ser sustentable y no extractivista».

Junto con ello, se estableció «que la libertad de enseñanza no puede ser entendida como libertad de empresa [...] No debe existir lucro en educación [...] El Estado debe ser el único administrador de las escuelas públicas, por tanto, debe desaparecer la figura del sostenedor. El Estado debe garantizar la participación vinculante de las comunidades escolares en su gestión. Lo anterior implica terminar con la Superintendencia de la Educación, con la Agencia de la Calidad, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad, y con las ATEs, es decir, con toda la institucionalidad que hoy le da soporte a la lógica de mercado y que ha consumado la externalización de las labores centrales del MINEDUC, bajo la lógica de la estandarización y la rendición de cuentas».

Profesoras manifestándose contra la «semaforización» de establecimientos escolares. Concepción, 2011.

Respecto al rol de los establecimientos y su quehacer se acordó:

«La escuela debe ser un espacio articulador entre la teoría y la práctica. Debe permitir el conocimiento de sí mismo para auto transformarse y transformar la realidad concreta en la que se vive [...] Una escuela en armonía con la naturaleza, que permita el juego como parte activa de la vida de niñas y niños, que se base y se centre en la colaboración como elemento central de la relación social...»

Sobre los mecanismos para decidir e implementar los planes educativos, las y los docentes partícipes del segundo Congreso Nacional de Educación, concluyeron:

«Considerando el currículum como una selección cultural que implica ejercicio del poder, se plantea que su construcción debe desarrollarse bajo principios deliberados democráticamente y con carácter vinculante. En este sentido, se reivindica el derecho de las comunidades escolares y toda la ciudadanía en definir qué deben aprender las y los niños, es decir, se cuestiona el enfoque tecnocrático de expertos en su construcción.

Quienes deben definir, seleccionar y organizar el currículum son los trabajadores y trabajadoras de la educación y la comunidad de apoderados y estudiantes, bajo un sistema de participación democrático, dialógico e inclusivo.

Se debe eliminar el Consejo Nacional de Educación (CNED) y crear una nueva institucionalidad bajo principios democráticos, donde las y los docentes deben ser la pieza central de la toma de decisiones y la construcción curricular escolar, en base a un enfoque sociocrítico, en un proceso que se acompañe del aporte de especialistas y en diálogo con el MINEDUC.»

Protesta de docentes luego de la aprobación de la Ley de Carrera Docente a pesar del casi unánime rechazo y la extensa paralización. Concepción, 2015.

En términos generales, se puede establecer que estas conclusiones representan un nuevo intento del profesorado por conquistar un rol protagónico en la definición de políticas educativas, el cual desde la dictadura le ha sido negado, primero, a través de la violencia explícita o la amenaza de ella y, luego, por medio de discursos que justifican imposiciones políticas arguyendo razones técnicas, propias de una supuesta ciencia que tiene por finalidad confirmarse sí misma incorporando prácticas que apuntan a sofisticar los mecanismos de su propia reproducción.

La publicación de las conclusiones del segundo Congreso Nacional de Educación constituye un hito en la historia del gremio docente por superar el papel pasivo y reproductor al cual ha sido relegado, buscando convertirse en crítico y constructor de su propio ejercicio profesional.

Fotografía principal: Elisa Loncón revisando el documento de conclusiones del segundo Congreso Nacional de Educación. Colegio de Profesoras y Profesores.