El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a cuatro ex agentes represivos pertenecientes al Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a 31 personas detenidas políticas, ilícitos perpetrados a contar del 11 de septiembre de 1973, en la ciudad de Puerto Montt.
Por Darío Núñez
En el fallo (causa rol 10.858), el ministro en visita condenó al entonces capitán de Ejército, a la época de los hechos, Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela (jubilado con el grado de general) y al otrora teniente de Carabineros Carlos Segundo Tapia Galleguillos a la pena de 10 años, más dos penas de 8 años de presidio, como autores de los delitos consumados de secuestro con grave daño, secuestro y apremios ilegítimos (torturas).
En tanto, condenó a los ex detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), Roberto Javier Díaz Moya a tres penas efectivas de 10 años de presidio, en calidad de autor de los delitos consumados, en carácter de lesa humanidad, de secuestro simple, secuestro con grave daño y apremios ilegítimos o torturas; y a Javier Armando Olavarría Díaz, a 10 años de presidio como autor de secuestro con grave daño, y dos penas de 9 años de presidio, por secuestro y apremios ilegítimos (torturas), respectivamente.
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En el caso de los condenados Covarrubias Valenzuela y Tapia Galleguillos deberán ser notificados en el penal penitenciario donde cumplen condenas por otros delitos de violaciones a los derechos humanos en causas diversas.
Los cuatro condenados formaban parte del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) con asiento en la ciudad de Puerto Montt, que incluía las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Este organismo operó bajo el mando del General de Brigada Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), entonces comandante de la Tercera Brigada Aérea y Ala N° 5 (Base Aérea El Tepual), y actuaba en dependencias de la Intendencia Provincial de la época.
Formaban parte de mencionado CAJSI, el entonces coronel de Ejército y comandante del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra' de Puerto Montt, Rubén Rojas Román (ya fallecido); el capitán de Fragata y comandante de la Estación Naval y Gobernador Marítimo de Puerto Montt, Osvaldo Federico Pablo Schwarzenberg Stegmaier, en representación de la Armada; el teniente coronel de Carabineros y Prefecto de la Provincia de Llanquihue, Eduardo Partarrieu Navarrete (fallecido); el Prefecto de Puerto Montt, Vicente Leonel Hormazábal Rojas (fallecido), en representación de la Policía de Investigaciones.
Para transmitir sus instrucciones y directrices el General Sergio Leigh Guzmán, estableció un grupo operativo de oficiales de enlace con cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en el territorio bajo su mando. Por el Ejército el enlace operativo fue el entonces capitán Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, quien estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra'; de la Fuerza Aérea fue el coronel Mario Ernesto Jahn Barrera (fallecido), de Carabineros fue el entonces teniente Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt; y de la PDI fue el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt; de la Armada se desconoce con exactitud el nombre del oficial que cumplía dicha función de enlace.
Las 31 víctimas fueron todos detenidos ilegalmente por las unidades militares y policiales; varias de las personas detenidas se entregaron voluntariamente acatando los llamados en tal sentido que hacía la autoridad de facto de la zona. En esa condición de prisioneros de los uniformados, fueron sometidos a vejámenes y tormentos que corresponden a delitos de lesa humanidad.