La empresa española OHLA -anteriormente OHL- estableció un millonario trato directo con el Ministerio de Obras Públicas para terminar de construir el Puente Bicentenario tras más de una década de irregularidades, conflictos e incumplimientos con pobladoras y pobladores. Sin embargo, poco se ha hecho referencia a parte de la historia de la constructora, vinculada a investigaciones por casos de corrupción en España.

Por J. Arroyo Olea

Durante años el Puente Bicentenario -o «Chacabuco»- ha sido un dolor de cabeza para las administraciones regionales como también un punto de conflicto que ha significado el desplazamiento de la histórica Población Aurora de Chile. Y es que las y los mismos pobladores han vivido más de una década los graves impactos del proyecto vial, sumándose a vivir en pésimas condiciones luego que los trabajos fueran abandonados por la constructora Claro Vicuña tras anunciar su quiebra.

Sin embargo, recientemente se han visto trabajos en el lugar, los cuales están siendo encabezados por la empresa Obrascón Huarte Lain S. A. – OHLA (ex OHL). Esto, luego que se estableciera un trato directo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa española para retomar las obras y se termine finalmente el proyecto vial.

Tras anunciarse la adjudicación del trato directo, OHLA señaló que se haría cargo «por un importe de 27 millones de euros, de la tercera etapa que culminará la construcción del Puente Bicentenario de Concepción y unirá Concepción y San Pedro de la Paz», siendo un hecho que incluso le dio cobertura la prensa española como lo fue La Vanguardia.

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Pese a los espaldarazos que han realizado autoridades como el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, respecto a la rápida gestión del trato directo y el desarrollo de trabajos por parte de OHLA, además de plantearse que la empresa cuenta con diversos contratos con el MOP, no se ha hecho referencia alguna respecto al historial vinculado a la empresa española.

Y es que bajo su nombre anterior -OHL- la empresa ha estado involucrada en casos de financiamiento irregular de la política española. El más bullado es la denominada «Operación Lezo», el cual hace referencia a un proceso de investigación a partir de posibles casos de corrupción política involucrando al Partido Popular.

Protesta Población Aurora de Chile | Fotografía enviada a RESUMEN

En 2017, la sede de OHL fue allanada por agentes de la Guardia Civil de España en el marco de las investigaciones por «presunto pago de comisiones a miembros de la organización política» -el partido de derecha-. Pero el caso es de más larga data; ya en 2013 El Mostrador incluía a OHL en las constructoras españolas presentes en Chile que se veían salpicadas por el escándalo que involucraba al Partido Popular, el cual era «severamente cuestionado por los aportes desconocidos hasta ahora -y que se investiga si evadieron impuestos- de empresas que habrían ido a dar a los bolsillos de los máximos dirigentes de la tienda en la última década, entre ellos, el propio Mandatario».

Asimismo, el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, fue investigado por corrupción pero finalmente la fiscal Anticorrupción que investigaba la arista en que se veía involucrado, estableció que no existían indicios suficientes para llevarlo a juicio, a diferencia de la acusación que se dirigió contra Ignacio González (ex presidente de la Comunidad de Madrid), Javier López Madrid (ex consejero delegado de OHL) y los directivos de la constructora española Rafael Martín y Felicísimo Ramos.

De igual forma, la empresa europea también ha estado en entredicho en otros casos, como lo fue la licitación del Hospital Marga Marga que se adjudicó OHL pese a que su oferta superaba el presupuesto destinado al proyecto a favor de una constructora presidida por quien fuera cuñado del expresidente Ricardo Lagos.