La jornada del martes, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso en la Comisión de Vivienda del Senado los antecedentes que maneja el ente fiscalizador sobre los traspasos de dineros a organizaciones, fundaciones y corporaciones que reciben fondos públicos.

Por J. Murieta

Entre los antecedentes revelados por Bermúdez en el marco de los dineros manejados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el mandamás de la Contraloría detalló que pese a que las fundaciones reciban dineros públicos, se trata de organismos privados y en este sentido, la entidad no tiene atribuciones para fiscalizar a privados.

Asimismo, Bermúdez estableció que el ente tampoco puede cuestionar el mérito de los convenios, ni tampoco determinar si lo realizado en sus proyectos cumple o tiene el impacto que justifique el gasto de recursos públicos en ellos. Además, tampoco puede evaluar los posibles conflictos de interés.

En este sentido, el contralor señaló que hay una serie de medidas que el organismo ha propuesto, pero que no se han aplicado, lo que podría permitir un mayor resguardo de los recursos públicos.

Respecto al denominado "Caso Convenios", Bermúdez comentó lo que podría marcar el destino de todos los casos de traspasos de dineros públicos a fundaciones:

"Lo que hace la Contraloría es auditoría de cumplimiento [...] ¿Se cumplieron o no las normas? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Pero si hay pocas normas y esas normas tienen grietas, evidentemente que ahí tenemos de nuevo un problema. Esto es bien importante presidente porque si quí hay poca normativa o la densidad normativa es baja, tampoco hay que pensar o que necesariamente van a haber grandes hallazgos. Esto es bien relevante: a uno le puede parecer algo a todas luces que es poco ético, pero no necesariamente eso poco ético va a ser una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa."

En este marco, señaló que las fiscalizaciones a los convenios con las fundaciones son además, muy difíciles de realizar porque son muy amplios, no tienen puntos de control, ni metas ni plazos asociados a lo que se tiene que hacer, entre otros.

"El convenio es fácilmente cumplible por la laxitud con la que está redactado" afirmó.

En cuanto a las transferencias realizadas por los Gobiernos Regionales a diversas entidades privadas, Bermúdez analizó el hecho enmarcándolo dentro de una práctica común de estas instituciones, que terminan utilizando las transferencias a privados como una manera de cumplir con la ejecución de su presupuesto, tarea que por ley deben cumplir.

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"El GORE lo que hace hoy es un órgano que hoy día lo que hace es transferir recursos a terceros, no tiene capacidad para ejecutarlos él mismo" esgrimió en la comisión.

Y agregó: "Las transferencias son una forma de ejecución presupuestaria"

"Las transferencias son una forma de ejecución presupuestaria. Ese es un gran problema que hoy día existe y por lo tanto, cuando los servicios públicos, en particular, los Gobiernos Regionales, se ven "ahogados" por el transcurso del año sin ejecutar el presupuesto, la mejor manera de ejecutarlo y aparecer con un buen número es, entregarlo en transferencia, para hacer cualquier cosa sin que sepamos muy bien si eso realmente va a redituar o no efectivamente la finalidad o no para los que esos recursos debiesen estar." detalló.

El contralor propuso una serie de medidas para que se resuelvan los serios problemas provocados por las transferencias.

En el corto plazo, Bermúdez propuso:

Eliminar la expresión "corrientes a instituciones privadas" del artículo 23 de la Ley de Presupuestos. Esta medida fue ampliamente acogida por los legisladores ya que estamos ad portas del ingreso de la Ley de Presupuestos 2024, el próximo 30 de septiembre.
Que se dicte por parte del Ministerio de Hacienda el instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia, con la finalidad de asegurar recursos públicos transferidos sean efectivamente al objetivo que fueron asignados, así como su restitución.
Establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma SISREC de la CGR.
Exigir en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos.
En tanto a mediano plazo (un mes) el contralor expuso lo siguiente:

Aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias.
Fortalecer el registro de la Ley 19.862, facilitar su interfaz, establecer interoperabilidad y generar reportes sobre las transferencias recibidas.

En tanto, para el largo plazo propuso trabajar en las siguientes medidas:

Trabajar una ley marco sobre transferencias del Estado, retomando las minutas presentadas por CGR el año 2020 y el documento interno "Manual de transferencias de Recursos Público".
Diseñar un sistema de información donde se registren todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados.

Puedes revisar la intervención acá: