[resumen.cl] En un fallo insolente, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar el fallo de primera instancia dictado en enero de 2019 por el ministro Alejandro Madrid y absolvió a los seis condenados por el crimen del expresidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por agentes de la dictadura el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María, de la comuna de Providencia.

Amparándose en la potestad de sus cargos, ciertos jueces y ministros dan rienda suelta a sus aficiones ideológicas y apegos sociales para favorecer y proteger a individuos que cometieron delitos de derechos humanos y de lesa humanidad durante la dictadura. Este parece ser el caso de los actuales integrantes de la Novena Sala de la Corte capitalina, integrada por los ministros Jaime Balmaceda Errázuriz, Paola Loreto Plaza González y Guillermo Eduardo de la Barra Dunner. De ese modo, esta Sala decide echar por tierra los fundamentos del fallo de primera instancia del ministro Madrid y los años de exhaustiva investigación que acreditaron la sentencia, barre con el sentido de aplicar justicia que deben tener las cortes y retrotrae el rol de los tribunales a la miserable época de la dictadura militar.

De otra manera no puede entenderse la absolución de los condenados Patricio Silva Garín, quien debería purgar 10 años de cárcel, Raúl Diego Lillo Gutiérrez y Luis Alberto Becerra Arancibia, quienes debían purgar 7 años de presidio, Pedro Samuel Valdivia Soto, debía purgar 5 años, y Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, debían purgar 3 años de cárcel. Los condenados Silva Garín y Rosemberg Gómez, en todo caso, aunque ya fallecieron se benefician de los favores de la Novena Sala que los libera de los sobreseimientos de que habían sido objeto por fallecer.

Con fallos y resoluciones como los dictados por esta Novena Sala, así como los dictados el 30 de noviembre pasado por la Octava Sala de la misma Corte, respecto de 16 víctimas de la Operación Colombo, la autocrítica que en su momento realizara el Pleno de la Corte Suprema de Justicia respecto de su oscuro papel cómplice y pasivo durante la dictadura, queda convertida en una burla grotesca.

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Al respecto sería atendible recordarles a los integrantes de estas Cortes que en septiembre de 2013 el Pleno del máximo tribunal señaló: "Que el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico militar que, sobre la base de restaurar esa misma democracia, pero contradiciendo tal supuesto objetivo, violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Muchos de tales hechos fueron legalmente establecidos en los procedimientos y juzgamientos respectivos".

Y agrega: "Que, frente a esta realidad, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se  promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva  tutela judicial de que gozaban los afectados".

Por lo visto, a los integrantes de la Novena Sala poco le importan las autocríticas de su institución, sólo ven lo que les dictan sus intereses personales y desestiman la opinión de la Suprema que, es de esperar, en esta época presente sepa ejercer liderazgo y corregir los agravios de sus subordinados institucionales.

El fallo de hoy de la Novena Sala de la Corte de Santiago es una vergüenza para la justicia, es una peor vergüenza para el país.